En medio de toda la controversia que se ha generado con la intervención del gobierno de Gustavo Petro a Sanitas EPS y Nueva EPS, las cuales suman más de 15 millones de afiliados, la Corte Constitucional convocó a una sesión técnica para revisar el cumplimiento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Ese indicador es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud, planteados en los regímenes contributivos y subsidiados, según el Ministerio de Salud.
Para la Corte “la actualización periódica del plan de beneficios en salud (PBS) permitiría reducir la incertidumbre que obstaculizaba el acceso a los servicios de salud. No obstante, indicó que dicha medida sería insuficiente mientras subsista la diferencia entre los beneficios del PBS en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado1 . Con los avances en su cumplimiento, identificó como necesario que la unidad de pago por capitación (UPC) de ambos regímenes fuera suficiente para cubrir todos los servicios y tecnologías en salud”.
Esta sesión técnica se cita 15 días después de que el mismo tribunal le ordenará al Ministerio de Salud que le pagara a las EPS la totalidad de los recursos aprobados en el Acuerdo de Punto Final que seguían pendientes.
Esa norma se estableció para pagarle a las Entidades Promotoras de Salud todos los saldos pendientes por los servicios de salud que prestaron hasta diciembre de 2019, esto con el fin de evitar nuevas deudas con las EPS y las IPS. En esos pagos se definirieron todos los procedimientos que no se financian con las UPC ni los presupuestos máximos.
Con el seguimiento de la sesión se “faculta a la Sala para hacer cumplir sus disposiciones, contribuir en el análisis y la construcción de los instrumentos que debe desarrollar el encargado de la política pública y, en ejercicio de esa labor, apoyar la creación de los escenarios propicios para que se evidencien las barreras, obstáculos y bloqueos institucionales”, informó la Corte.
El tribunal ya ha advertido en varios autos que el Gobierno no ha demostrado que el valor de las UPC sea suficiente para cubrir todos los servicios y tecnologías en la salud a los afiliados al régimen subsidiado y contributivo, y tampoco que la información para efectuar el cálculo se entregue de manera oportuna. El Minsalud ha expresado que esos datos no se han remitido a tiempo por parte de las EPS.
“La anterior situación y la expedición de la Resolución 2364 de 2023, en virtud de la cual se estableció para el 2024 el valor de la UPC del régimen contributivo en $1.444.086 y del régimen subsidiado en $1.256.076, hace necesario que, mediante el desarrollo de un proceso dialógico, se converse con los actores del sector salud sobre las actuales circunstancias de suficiencia de estos valores”, dice el documento firmado por el presidente de la Corte Constitucional, Fernando Reyes.
Por eso para este 5 de abril se citó a la sesión técnica al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de Colombia.