En un fallo de 30 páginas, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una millonaria multa a la familia de Jhon Jairo Bermúdez, integrante de la Juventud Comunista Colombiana vinculada al partido político Unión Patriótica.

El caso se remonta al 2 de octubre de 2002, cuando Bermúdez fue abordado por un grupo paramilitar en el municipio de Curillo, en Caquetá, quienes lo obligaron a subir a un vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido. Horas más tarde su padrastro lo empezó a buscar por todo el pueblo y varios campesinos le advirtieron que el sector habían matado a dos guerrilleros.

En la década de 1980 en Colombia se produjo el exterminio de la Unión Patriótica por parte de grupos paramilitares.

Aunque su familiar lo buscó en el comando de la Policía del municipio, un teniente de la institución explicó que no lo buscará porque “ya se lo comieron”. Aunque también buscó ayuda con el Comando del Ejército, tampoco encontró una respuesta oportuna a su caso.

En la demanda de reparación que interpuso la familia de Bermúdez explicaron que varios integrantes del grupo paramilitar que delinquía en la zona aceptaron que asesinaron a Bermúdez porque supuestamente pertenecía a un grupo subversivo y para llevar a cabo el plan macabro contaron con el apoyo de la fuerza pública. Esos señalamientos se habrían dado por la lucha contrainsurgente que adelantó el extinto DAS y la cual terminó con el ojo puesto contra varios integrantes de la UP.

Por esos hechos, el Consejo de Estado condenó “a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y a la Policía Nacional, a pagar solidariamente las siguientes sumas, a título de indemnización de perjuicios morales.”.

En total, son más de 700 salarios mínimos los que deberá pagar el Estado a la mamá y a seis hermanos de Bermúdez por los perjuicios constitucionales, daños a la salud y la indemnización como reparación de este crimen.

Con una marcha en la que participan cerca de 300 personas, la Unión Patriótica instaló este viernes en la Plaza Santander de Bogotá su quinto Congreso Nacional.

La decisión del Consejo de Estado se dio por consideraciones como que en “el caso concreto, se probó que la desaparición forzada, la tortura y el homicidio del señor Jhon Jairo Bermúdez Marín, causó en los actores una afectación grave de su derecho a la familia, toda vez que perdieron a su ser querido de forma violenta, además solo supieron de su muerte cuando los responsables aceptaron cargos, sin que finalmente pudieran encontrar su cuerpo”.

Los daños a esa familia tras la desaparición, tortura y muerte de Jhon Bermúdez fue que se distanció completamente, y la madre de ese núcleo tuvo varios quebrantos de salud y hasta represión emocional que terminó acabando con sus relaciones familiares y sociales.

La congresista Aida Abella es una de las sobrevivientes del exterminió contra la UP.

“En este caso, no hay duda de la grave afectación moral que supone para los demandantes la desaparición forzada del señor Jhon Jairo Bermúdez Marín, como lo consideró la Corte Interamericana, la cual resaltó que el móvil de las violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las víctimas al partido político Unión Patriótica, lo cual constituía una grave violación a los Derechos Humanos y, en ese sentido, ha de garantizarse la reparación integral de los perjuicios ocasionados”, dice el fallo del alto tribunal.

Y es que en enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de más de 6 mil integrantes y militantes de la Unión Patriótica, el partido que nació en medio de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, y el cual fue eliminado a punta de violencia.