Uno de los principales problemas para las personas que han estado privadas de la libertad y han pagado sus condenas es que, al salir de prisión, no encuentran un empleo y no se puede resocializar satisfactoriamente.

Por eso, al Congreso llegó un proyecto de ley, impulsado por Johana Bahamón, quien se ha caracterizado por trabajar en favor de los derechos de los privados de la libertad, especialmente desde su Fundación Acción Interna.

La iniciativa es de Katherine Miranda, de la Alianza Verde, y de Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y está acompañada por otros 10 congresistas de todas las bancadas.

Uno de los principales incentivos para lograr brindarles una segunda oportunidad a los pospenados es a través de alivios tributarios a las empresas que los contraten.

En el proyecto que se presentó, y que será discutido en los próximos meses, se establece que las compañías que contraten a personas con esta condición tendrán beneficios en el pago de parafiscales, con aportes correspondientes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Se propone que si la contratación de trabajadores que hayan cumplido su condena representa el 1 % de la nómina, la empresa solo pagará el 80 % del valor total de los aportes mencionados en el primer año gravable, mientras que en el segundo será del 90 %.

Posteriormente, si la nueva contratación representa el 5 %, la empresa solo pagará el 60 % en el primer año gravable y el 80 % el segundo. Si la contratación representa el 10 %, el primer año pagará el 40 % y el segundo el 70 %. Y si representa el 15 %, el primer año girará el 20 % y el segundo el 60 % por cada empleado nuevo contratado.

Así mismo, se establecen otras condiciones como, por ejemplo, que los beneficios solo serán para empresas que tengan más de 100 empleados. Y se establecen beneficios adicionales si al menos el 60 % de los contratados pospenados son mujeres.

“(Se hace) con el objetivo de que las mujeres, sobre todo cabeza de familia que logran salir de cárcel, que ya pagaron sus deudas con la justicia, que efectivamente ya se reinsertaron a la sociedad, puedan tener la posibilidad de una segunda oportunidad en la sociedad”, dijo Miranda.

También se establecen otras condiciones para excarcelados que quieran aspirar a cargos públicos, como dar incentivos en el porcentaje de las pruebas. Se propone que las entidades estatales otorguen el 0,5 % del total de los puntos establecidos.

Según los congresistas autores del proyecto, se trata de una iniciativa que será acompañada por proyectos de este tipo que busquen brindarle una segunda oportunidad a quienes hayan pagado condenas, por lo que se presentarán más articulados en ese sentido.

“Hay que aclarar que estamos hablando sobre todo de delitos menores y estos beneficios van hasta dos años de pospenado. Es una iniciativa muy buena, me encanta que trabajemos en equipo todos los partidos políticos en el Congreso. Creo que vamos a sacar pronto esta iniciativa y es la primera ley de un paquete que vamos a sacar para beneficiar a esta población”, afirmó Miranda.