Tras el crimen de Javier Ordóñez, a manos de agentes de la Policía, en hechos ocurridos en el barrio Villa Luz, de la localidad de Engativá, fueron varias las investigaciones que se abrieron por parte de las autoridades competentes para determinar responsabilidades en este homicidio y en las protestas que se desataron, en las cuales fallecieron civiles.
Entre las indagaciones se encuentran las que se iniciaron por la muerte de al menos 10 personas, que fallecieron en medio de las violentas protestas que registraron en Bogotá los días siguientes al crimen de Ordóñez.
De acuerdo con el director de la Policía, general Jorge Vargas, por estos hechos ya fueron imputados tres agentes, uno de ellos con la obligación de responder por dos crímenes. Así mismo, explicó que hay 8 investigaciones abiertas con relación a estas muertes.
Reveló que también en las manos de la Procuraduría están 11 procesos que le fueron retirados a la Policía y por poder preferente fueron asumidos por el ente de control.
“Ese día fueron capturadas 147 personas, de las cuales 72 fueron por daño en bien ajeno, 40 por violencia contra servidor público, seis por obstrucción en vía publica y seis por lanzar objetos peligrosos. 140 siguen vinculadas a procesos judiciales y siete están con alguna clase de medida de aseguramiento”, añadió el director de la Policía.
Las declaraciones y el balance del general Vargas se dieron durante la presentación de Luis Alfonso Nova, coronel en retiro y quien fue designado como nuevo director de Derechos Humanos de la Policía.
Sobre Novoa, dijo el general Vargas que “trabajará de la mano de la comunidad, con los líderes sociales y distintas organizaciones para detectar los casos que se aparten de los lineamientos institucionales y el deber ser policial, de cara a la formulación de estrategias que permitan la prestación de un mejor servicio para los ciudadanos, mediante herramientas como el robustecimiento de la educación y capacitación en DD. HH. y la implementación del observatorio de derechos humanos, que hará posible obtener información para la toma de decisiones del mando policial en materia disciplinaria”.
Así mismo, explicó que el nuevo director de Derechos Humanos creará un equipo asesor conformado por expertos civiles, que se encargará de acompañar la gestión de esa instancia del más alto nivel dentro de la Institución.
Añadió que este año la Policía ha realizado actividades de promoción y difusión de derechos humanos, mediante capacitaciones, así: en DD. HH. (115.089), en gestión de manifestaciones públicas (108.908) y en uso adecuado de la fuerza (106.737).
Igualmente, en el campo de la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, se han efectuado acciones como actividades con poblaciones vulnerables (5.909), medidas preventivas (2.188), coordinaciones interagenciales (1.084), interlocuciones (861), consejos tácticos y asesores en derechos humanos (463) y activación de rutas de protección (337).
En materia de cifras generales sobre el caso Ordóñez y los disturbios que se presentaron en Bogotá hasta el 14 de septiembre del 2020, explicó el general Vargas que la Inspección General inició 97 procesos disciplinarios contra 108 uniformados (92 de los procesos a partir de la información recopilada en fuentes abiertas y medios de comunicación, y cinco por quejas recibidas).
Es decir, en el 95 % de los casos se dio apertura a dichos procesos por iniciativa de la misma Policía Nacional. Resultado de las actuaciones disciplinarias se establece que ocho de los procesos se encuentran vigentes (8 %) y 89 (92 %) fueron cerrados.
De estos últimos, en total 10 terminaron con responsabilidad para 18 policías, que fueron sancionados; en 68 de los procesos no se determinó responsabilidad por falta de elementos probatorios que permitieran formular cargos contra integrantes de la institución.
Por su parte, las autoridades indicaron que hay información de inteligencia sobre posibles disturbios que estarían planeando integrantes de la ‘primera línea’ al cumplirse un año del homicidio de Ordóñez.