Comunidades de Alto Baudó del departamento del Chocó atraviesan una grave situación por los enfrentamientos que se registran entre las Autodefensas Gaitanistas (AGC), el Clan del Golfo y el ELN.
Así lo señaló la Defensoría del Pueblo, que anunció que debido a este hecho se emitió una Alerta Temprana de Inminencia con el propósito de que se adopten las medidas de protección a los habitantes de la región.
La medida se aplica para los municipios de Bahía Solano y Nuquí (Chocó) ante el riesgo de afectaciones a la vida y el bienestar de las comunidades de los resguardos indígenas Río Valle, Boroboro y Jurubidá Chorí, Alto Baudó.
“La Alerta Temprana de Inminencia 017-2022 establece que estos dos grupos armados e ilegales se disputan el control territorial en la zona para adelantar sus acciones ilegales”, señaló la entidad.
La Defensoría del Pueblo logró determinar que existe una altísima probabilidad de incremento de desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, homicidios selectivos y múltiples, masacres, accidentes con minas antipersonal, amenazas e intimidaciones contra la población.
“Hago un llamado a las autoridades nacionales y locales para que de manera inmediata se tomen las medidas necesarias para evitar que estas comunidades indígenas sean víctimas de la violación de sus derechos fundamentales, sobre todo a la vida e integridad”, señaló el titular de ese despacho, Carlos Camargo.
De acuerdo con la entidad, “en lo que es un claro desafío por el control de la zona, entre el 28 de junio y el 14 de julio del 2022 se presentaron cuatro incursiones en cercanías o dentro de los resguardos por parte de hombres armados de los dos grupos armados, lo cual ha puesto en peligro a las comunidades de la zona”.
“Entregamos 10 recomendaciones para las autoridades civiles y fuerza pública, entre ellas, que se realicen operaciones de registro y control en las zonas con el propósito de prevenir acciones bélicas entre los grupos armados”, indicó.
Alerta temprana en cinco municipios de Córdoba
Así mismo, debido al control ilegal por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Clan del Golfo mediante amenazas y el uso de la violencia sobre la población civil en cinco municipios del departamento Córdoba, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 015-2022.
La entidad encontró que los frentes Uldar Cardona Rueda y Rubén Darío Ávila de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia están poniendo en riesgo el bienestar y la vida de la población civil.
Según un informe del organismo, este grupo armado ilegal busca mantener el manejo y control del narcotráfico, la explotación irregular de oro y el cobro de extorsiones mediante el uso de la violencia.
En la Alerta Temprana, la Defensoría del Pueblo pudo determinar que las AGC también buscan mantener el control del corredor que une a esta región con el Bajo Cauca y las costas de Urabá y Córdoba, con el propósito de mantenerlas como vías para el tráfico de clorhidrato de cocaína y armas.
“En la Defensoría del Pueblo nos preocupan las amenazas y la violencia que ejerce este grupo armado irregular contra los líderes sociales y comunitarios, autoridades indígenas, campesinos asentados en las zonas de explotación de oro, pescadores y especialmente contra los menores de edad, por el alto riesgo de que sean víctimas de reclutamiento forzado”, indicó Camargo.
En la región también existe preocupación por la presión que ejerce este grupo armado para que se conserven las tierras que fueron despojadas a campesinos en fases anteriores al conflicto armado.
En esta región, la Defensoría del Pueblo ha emitido ya siete alertas tempranas por los riesgos encontrados tras años de conflicto armado.
“Esta organización ha impuesto normas y castiga a quien no obedece sus reglas, y de manera violenta busca controlar la cotidianidad de la comunidad de estos municipios”, denunció el defensor del Pueblo.
Ante el alto nivel de riesgo, entregó 21 recomendaciones, entre las que se encuentra la adopción de medidas urgentes de prevención y protección de las comunidades de los cinco municipios.
Así mismo, les solicitó al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública adelantar acciones de disuasión contra este grupo armado ilegal con el propósito de salvaguardar la vida de los habitantes y prevenir hechos de violencia o vulneraciones de derechos.
“Con nuestros equipos en territorio, desde la Defensoría del Pueblo, seguiremos acompañando a las comunidades en la garantía de sus derechos”, puntualizó Camargo.