Hace una semana fueron talados varios antiguos pinos que se ubicaban en la acera de la calle 100 con carrera novena, en el norte de Bogotá.
A causa de su altura, los árboles tapaban la edificación que se encuentra en dicha zona y durante décadas habían “camuflado” el enorme problema que este lugar carga consigo. Ahora, con la vista despejada, cientos de transeúntes notaron que la estructura del “Edificio Av. 100″ se ladea de vertiginosamente, dando la sensación de que en cualquier momento se vendrá al piso.
“Es como la torre inclinada de Pisa, pero cachaca y deprimente”, dice con algo de sarcasmo una de las vecinas del lugar.
Lo cierto es que, muy aparte de lo curiosa o interesante que pueda parecerle al público la actual forma de esta antigua estructura, es apenas la punta del iceberg de un grave problema que afecta a todos los edificios ubicados entre la carrera 11 (una de las más transitadas del norte de la ciudad) y la carrera novena.
Según una de las copropietarias del edificio (son 11 en total), el hundimiento que los aqueja ya tiene décadas. “Empezó a ladearse desde que comenzaron a construir la sede de Seguros La Equidad y los parqueaderos de la cuadra de atrás. Eso fue hace 20 años”.
Al parecer todo ocurrió por culpa de la mala planeación de las constructoras privadas que compraron los lotes aledaños, pues no tuvieron en cuenta la inestabilidad del terreno. “Nuestro edificio no es el único afectado. Los aledaños, que son de la misma época, también tienen hundimientos en sus bases y las vigas están cediendo, todo por cuenta de las nuevas construcciones que desestabilizaron todo el terreno del sector”.
Si bien es una situación grave, no es nueva en Bogotá y tanto el Distrito como los privados tienen planes de contingencia para estos casos. Lo más común es demoler las estructuras afectadas y vender el lote, donde más adelante se construyen nuevos proyectos habitacionales o de negocios. El problema en este caso es que existen propietarios que se niegan a vender los apartamentos o las oficinas ubicadas dentro de estas edificaciones.
“Yo conseguí este sitio muy barato: al menos un 60 % más económico que cualquier otro apartamento del sector”, cuenta la diseñadora de modas Ángela Hernández, la única persona que aún frecuenta el segundo piso de este controversial edificio.
“Aquí tengo instalado mi taller, donde creo mis diseños. Cuando vine la primera vez me impresionó mucho que se estuviera ladeando y agrietando, pero un amigo arquitecto me dijo que este lugar, construido en 1974, estaba hecho con materiales muy resistentes y no se caería en mucho tiempo. Me gusta el lugar, e incluso tengo uno de los vestidos de novia que confeccioné exhibido en la ventana”, explica la modista.
Para Hernández, el defecto del lugar, que se nota claramente en la fachada, le ha servido como publicidad gratuita para su negocio. “Me parece algo único”, dice.
Para el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (Idiger) esta situación no tiene nada de romántica ni creativa. Las bases del edificio están totalmente agrietadas y se puede ver cómo varias ventanas están aplastadas o dobladas. La puerta del parqueadero y la del ‘lobby’ ya no abren por el peso de la estructura y todo el conjunto amenaza con venirse abajo con el mínimo movimiento de tierra, causado por un terremoto o alguna nueva construcción aledaña.
“El Idiger nos aconsejó que era mejor desocupar por riesgo de colapso y así lo hicimos. Ahí ya no trabaja ni vive nadie desde 2016″, explica una de las propietarias.
A comienzos de 2021, el Idiger envió una nueva comunicación a los dueños, recomendando que la edificación sea sellada por completo. “Nos reiteran que los tres edificios se encuentran en un estado deplorable y que es necesario que tomemos la decisión de demoler, pero mientras todos no estemos de acuerdo y accedamos, es imposible”.
“El problema es más complejo porque no solo se necesita que los 11 dueños del edificio estemos de acuerdo en demoler, sino que necesitamos que los propietarios de los edificios aledaños, llamados “Fuencarraz” y “Combeima”, también se decidan a salir de allí y vender todo como un gran lote, que deje ganancias para todos. Si nosotros demoliéramos, los apartamentos de ellos se destruirían inmediatamente por la afectación tan grande que tienen. No tiene sentido mantenerlos”, explica la copropietaria entrevistada por SEMANA.
Muchos se han unido para evitar que dicha diligencia se lleve a cabo. “Hemos recibido excelentes ofertas para comprarnos el terreno, pero solo si se venden los tres edificios. El problema es que hay varios propietarios en “Fuencarraz”, que son adultos mayores y se niegan rotundamente a vender”.
Un caso similar es el de Ángela Hernández, quien sigue acudiendo a diario a este lugar, pues no contempla vender su inmueble. “Es que quienes causaron este problema fueron los que construyeron el edificio de la aseguradora del lado y los parqueaderos subterráneos. Desde hace 20 años se viene demandando a las constructoras, y no ha pasado nada. La justicia nunca resolvió”, denuncia.
Los intereses particulares de estos vecinos pueden convertirse en un riesgo para la comunidad, pues cada vez más los edificios se hunden y no hay forma de prever el momento en el que colapsen. De suceder, podrían causar una tragedia de grandes proporciones, que podría tener como consecuencia la pérdida de vidas humanas y daños multimillonarios en el sector.