Las elecciones regionales y locales de 2019, que pintaban para ser las más pacíficas de la historia reciente, están resultando todo lo contrario. El proceso democrático en el que se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ha estado amenazado por la violencia política que en solo los recientes dos meses, agosto y lo que va de septiembre, han dejado el saldo crítico de siete dirigentes políticos asesinados, una decena de atentados, y cientos de amenazas. Desde que comenzó a regir el calendario electoral, el 27 de octubre de 2018, hasta el pasado 9 de septiembre, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha registrado un total de 173 víctimas de 116 hechos de violencia electoral, entre asesinatos, atentados y amenazas. De los 20 asesinatos registrados, 16 fueron en contra de candidatos o precandidatos. A menos de dos meses de las elecciones, la violencia electoral se ha ido recrudeciendo y materializandose en acciones más individualizadas y letales. Mientras que durante los 9 primeros meses del calendario electoral (27 de octubre 2018 – 15 de julio de 2019) se presentaron 83 hechos que resultaron en 129 víctimas, en poco menos de dos meses (15 de julio al 9 de septiembre del 2019) ocurrieron 29 nuevos hechos que dejaron 43 nuevas víctimas, señala el tercer informe de violencia electoral de la Fundación Pares. Las amenazas continúan siendo el hecho de violencia más recurrente con 128, seguido por los asesinatos selectivos con 20 y los atentados con 17. Aunque los hechos de violencia política se han presentado en 24 departamentos, es decir el 75% de todo el territorio nacional, siete departamentos concentran un 62,42 % del total de víctimas. Son ellos Valle del Cauca (24 víctimas), La Guajira (20), Antioquia (14), Cauca (14), Tolima (13), Bogotá (12) y Nariño (11). Las amenazas se concentran mayoritariamente en los departamentos de La Guajira (18), Valle del Cauca (15) y Tolima (13). Por su parte, los homicidios en Valle del Cauca (5), Sucre (3) y Cauca (3), mientras que los atentados igualmente en Valle del Cauca (4), Cauca (3) y Norte de Santander (2). Estos hechos de violencia han afectado principalmente a funcionarios de elección popular pues el 40,35% de las víctimas registradas son concejales (39), senadores (9), alcaldes (8). Pero también han sido víctimas los candidatos a las próximas elecciones que desde el pasado mes de julio ha aumentado significativamente, dice el informe. De 37 candidatos se pasó a 67 que han sido víctimas de violencia política. Dentro del grupo de candidatos víctimas, 47 aspiraban o aspiran a alcaldías, 14 a concejos, 4 a gobernaciones y 2 a asambleas. Por otra parte, agrega el informe, 21 funcionarios públicos y 15 miembros de partidos (en su mayoría de oposición y con funciones diversas en los procesos electorales) han sido víctimas de violencia electoral. Agosto y septiembre “negros” De los 20 asesinatos selectivos que se han presentado durante los diez meses del calendario electoral, el 35% (7 asesinatos) han ocurrido en los últimos dos meses, revela el informe. Para la Fundación Pares, “esto evidencia el recrudecimiento significativo de la violencia electoral y una preocupante tendencia a que la situación empeore a medida que se acercan los comicios”. En los últimos dos meses la violencia letal que corresponde a asesinatos, atentados y desapariciones forzadas, presenta un incremento del 34,48%, siendo agosto el mes en el que mayor cantidad de asesinatos se registra, con 4 casos, desde el arranque del calendario electoral. Por su parte, el mes de septiembre ha tenido un arranque crítico con un creciente número de víctimas: en tan solo los primeros 9 días del mes se han registrado 13, dentro de las cuales ya se cuentan 2 atentados y 3 asesinatos selectivos. Estos últimos, en contra de la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García Sierra, quien fue ultimada junto a su madre y un candidato al Concejo, además de otras tres personas, y, del candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Toledo, Antioquia, Orley García, perpetrado el fin de semana pasado. ¿Quién está detrás de la violencia? La identidad de gran parte de los agentes perpetradores no se ha podido esclarecer. Según Pares, esto aplica para el 71% de las víctimas. Así, de las 74 amenazas registradas (que suman 128 víctimas), se desconocen el 67,56% de los victimarios y para la Fundación resulta alarmante que en ninguno de los 20 asesinatos ocurridos desde el arranque del calendario electoral, hayan podido identificar autores materiales. En ese orden de ideas, las Águilas Negras son el agente que más victimizaciones registra con el 15% del total acumulado y en cuyo caso predominan las amenazas (27 personas). Dentro de los perfiles más victimizados por este grupo se encuentran candidatos a alcaldías (9), seguido por congresistas (6), miembros de partidos políticos (5) y los diputados (2). Estos hechos han ocurrido en lugares como Bogotá, Mocoa (Putumayo), El Copey (Cesar), Manaure (La Guajira), Pueblo Rico (Risaralda), Buga, Alcalá y Jamundí (Valle del Cauca) y Pasto y Tumaco (Nariño). Con relación a otros agentes perpetradores, el informe señala el aumento de victimizaciones asociadas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), a quienes hasta el 15 julio se atribuía una única amenaza en contra de un precandidato al concejo en el departamento de Magdalena. Sin embargo, durante los últimos dos meses a esta estructura le han sido atribuidas seis (6) nuevas víctimas, para un total de siete (7) en todo el proceso electoral. Al igual que en el caso de las Águilas Negras, para las AGC aún no se cuenta con registro de hechos de violencia letal (lo cual no quiere decir que no se presuma su participación en algunos casos) e igualmente las amenazas parecen ser el medio más empleado en casos de violencia electoral. En el caso del ELN, que durante los últimos dos meses se ha ubicado en el tercer lugar de los presuntos agentes perpetradores, con siete (7) víctimas atribuibles. Seis (6) de ellas fueron registradas entre agosto (2) y septiembre (4), predominantemente en el departamento de Cesar. A diferencia de los hechos relacionados con las AGC o las Águilas Negras, al ELN se le atribuye un caso de secuestro y una detención arbitraria. Como conclusión, el informe advierte que la violencia electoral continúa ejerciéndose como un mecanismo de competencia política y sobre todo afecta a liderazgos de carácter local.