El Gobierno nacional reveló que en tres años ha realizado una inversión superior a los $760.000 millones de pesos los cuales han sido destinados para la seguridad de exguerrilleros de las Farc en medio del proceso de reincorporación.
El consejero Presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, entregó cifras puntuales sobre los recursos para la seguridad de excombatientes las cuales parten desde 2018 hasta el 30 de junio de 2021: $214.702 millones en 2018; $242.102 millones en 2019; $114.899 millones en 2020; y $159.612 millones con corte al 30 de junio del 2021.
Sin embargo, para la vigencia 2022 se tiene en el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación la suma de $30.247 millones.
“No se han ahorrado esfuerzos para la protección de excombatientes. Todas las entidades del Estado, incluidas la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, los jueces penales y la JEP han estudiado las condiciones y están haciendo aportes: debemos estar todos unidos contra las fuerzas ilegales que las atacan”, sostuvo Archila.
Así mismo, el funcionario de la Presidencia de la República insistió que en Colombia no existen amigos o enemigos de la Paz, al señalar que todos los sectores la quieren y desean su consolidación. No obstante aseguró que “los hampones” no quieren un resultado positivo sobre la reincorporación.
“En un Estado de Derecho el Gobierno está a disposición de esos escrutinios y que cada vez que se han realizado las instancias, se ha concluido sobre lo gigantesco que es el esfuerzo, lo detallado de la coordinación institucional que se ha logrado y los muy relevantes logros en protección, investigación y condenas de los responsables”.
Archila indicó que el Gobierno nacional no ha ahorrado ningún esfuerzo para entregar las herramientas necesarias de apoyo y proyección ante las amenazas de grupos armados, disidencias y organizaciones como el ELN y Clan del Golfo que son, según la Fiscalía, quienes los han atacado.
“Para el Gobierno, cualquier afectación a los reincorporados, sin importar las circunstancias, debe tratar de evitarse y, si ocurre, investigarse y sancionarse de manera firme dentro de la ley. Sin embargo, es falso que ninguna afectación sea producto o consecuencia de la no implementación del Acuerdo.”, recalcó.
También subrayó que “en 4 años se han registrado 33 tutelas falladas en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP) interpuestas por personas en reincorporación, mientras que en el mismo período se han otorgado medidas a 626 personas. Es decir, el número de tutelas representa el 0,053 % del número de personas protegidas, sin contar las 335 medidas de apoyos para la reubicación por fuera de las zonas de riesgo”.
De acuerdo con Emilio Archila por medio del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, documento que se expidió en marzo de este año, las medidas de protección para excombatientes se coordinan con la Unidad Nacional de Protección, Fuerzas Militares, Policía, Ministerios de Defensa e Interior, la Fiscalía y Defensoría.
“En el Plan se determina la responsabilidad de las entidades en sus funciones y competencias, se desglosan las acciones que desarrolla en cada línea estratégica y se definen las correspondientes metas e indicadores y el presupuesto de las acciones”, recalcó.
Y recordó: “Claramente, se han adoptado las medidas correspondientes, construidas de manera fluida según las necesidades de los excombatientes y los esfuerzos, y dentro de lo jurídicamente factible, adaptar lo establecido en el Acuerdo para hacer más eficiente el sistema de protección”.
Sobre los recursos para la reincorporación de exintegrantes de las antiguas Farc el Gobierno nacional dijo que ha destinado recursos adicionales a través del Fondo Colombia en Paz, durante cada una de las vigencias fiscales, de la siguiente manera: $128.000 millones para 2018; $206.000 millones en el 2019; $161.200 millones para 2020; y en este 2021, $213.000 millones.