La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, entregó junto a otros comisionados el informe de la violencia en el país durante los 48 días de paro nacional.
Aseguró que el documento fue realizado a partir de 602 testimonios y más de 500 personas entrevistadas. Agradeció al Estado colombiano por la disponibilidad y confianza.
Agregó que se registraron violaciones a derechos humanos, pero también ataques a los bienes públicos. “Las jornadas de protesta han sido mayoritariamente pacíficas”, aseguró Urrejola.
“Un 11 % de los eventos de protesta derivó en disturbios o acciones violentas. La Comisión destaca que se presentaron violaciones a los derechos humanos tanto de manifestantes como de personas ajenas a la protesta y servidores públicos”, dijo.
Una de las polémicas del informe tiene que ver con la Policía. “En relación a la pregunta de la Policía de si su separación (del Ministerio de Defensa) es vital o no, para la Comisión lo más importante más allá de la formas estructurales que tome la Policía es que cumpla con los protocolos y estándares americanos en materia de protección de derechos humanos, en materia de enfoque con relación a la protección de la protesta y que se evite una visión militar respecto del rol que tiene en relación con el orden público y la seguridad ciudadana, y sobre todo en relación con la protesta social, creo que ese es el elemento esencial”, señaló la presidenta de la CIDH.
Y agregó: “Obviamente para nosotros sería muy importante la separación del Ministerio de Defensa, pero es mucho más importante el tema sustancial, que es el enfoque que se le da a la Policía en materia de tratamiento a la protesta social”.
La presidenta de la CIDH también habló del clima de polarización política que vio en el país. Y de los ataques a la prensa y a las misiones médicas. Por otro lado, recibieron denuncias de uso desproporcionado de la fuerza, irregularidades en traslados por protección y denuncias de desapariciones.
Una de las frases que más ha generado polémica, expresadas por la presidente Urrejola, fue que los bloqueos en un primer momento no se podrían prohibir, sino que se debe estudiar su impacto. “El llamado es que se debe hacer un análisis de medidas menos lesivas y levantarlos de acuerdo a cada especificidad de ellos. No se puede prohibir per se un mecanismo de protesta, tiene que irse evaluando caso a caso”, aseguró.
La CIDH evidenció que se habían presentado usos indiscriminados de armas de fuego contra personas que no participaban de las protestas, especialmente en Cali y distintos municipios del Valle del Cauca.
Según las cifras presentadas por Urrejola, se registraron 1.790 personas heridas, 84 de ellas con lesiones oculares. Asimismo, de acuerdo con los reportes recibidos, hubo 3.274 personas retenidas en medio de las protestas.
“Sobre la reforma policial hemos tomado los anuncios que ha hecho el presidente Duque al respecto. De hecho, en la reunión que tuvimos con el presidente él nos comentó de esta reforma. La Comisión la va a evaluar en su justa medida cuando sepamos los detalles”, aseguró Urrejola.
Dijo que harán seguimiento, pero aclararon que no vieron una sistematicidad en los casos de abuso por parte de la autoridad. “No tenemos información para hablar de sistematicidad”, aclaró Urrejola.