Al menos 47 lujosas camionetas Toyota, con blindaje tipo III, vidrios polarizados, caja automática y aire acondicionado, permanecen sin uso, llenas de polvo, en los parqueaderos del Congreso. ¿La razón? La Cámara de Representantes está encartada con estos vehículos.
Casi todos los automotores eran usados como parte de esquemas de protección de congresistas y funcionarios de la entidad, pero hoy las camionetas para brindar seguridad las provee directamente la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según un documento de la Dirección Administrativa de la Cámara, conocido por SEMANA, el mantenimiento en repuestos, seguros e impuestos de estos automotores, así permanezcan parqueados, le cuesta a la entidad 946 millones de pesos al año. De las 47 camionetas, 40 tienen más de diez años de antigüedad y 200.000 kilómetros encima.
Por eso, desde inicios de 2022, la División de Servicios de la Cámara recomendó modernizar la flota, ya que estos vehículos “son un peligro para la integridad de los funcionarios y una bolsa sin fondo donde se invierte dinero que a la postre no remedia nada”.
Atendiendo este llamado, la Dirección Administrativa abrió un proceso para permutar las 47 camionetas junto a siete motocicletas propiedad de la Cámara por cinco o seis vehículos nuevos. Pero, hasta el momento, la entidad no se ha podido deshacer de ellos. Desde octubre hasta la fecha, se han abierto tres procesos de contratación, pero no se ha podido adjudicar, en buena medida porque recibir estos vehículos tiene varios ‘chicharrones’.
El primero de ellos es que, para poder ser utilizadas, estas camionetas tienen que ser sometidas a un desblindaje, un proceso que puede tardar varios meses, pues debe ser avalado por la Superintendencia de Vigilancia y la Cámara exige que debe ser asumido por la empresa que se quede con estos vehículos, lo que ha hecho que algunos de los oferentes salgan corriendo. Así lo evidencia una comunicación enviada a la Cámara por la compañía Soluciones y Recuperaciones (SYR), en la que advierte que el desblindaje puede tardar más de los cuatro meses que da como plazo el proceso de contratación.
“La experiencia nos permite evidenciar que la solicitud de desblindaje y demás para particulares conlleva un tiempo superior al establecido dentro del cronograma (de contratación)”, indica la carta. Adicionalmente, por tratarse de vehículos blindados, estas camionetas sufren un mayor desgaste, lo que hace que baje su valor en el mercado. Por ejemplo, una Toyota Fortuner TW modelo 2009 aparece en libros contables de la Cámara por valor de 53.036.262 pesos, pero luego del desblindaje, en el mercado queda en 39.563.772. Ante las dificultades, algunos oferentes han pedido que les vendan directamente algunas de las unidades.
Sin embargo, según indicaron desde la Dirección Administrativa, esto no se puede hacer, pues si la entidad optara por vender estos vehículos, “los dineros resultantes deberían ser consignados en la cuenta del Tesoro Nacional” y no llegaría al presupuesto de la Cámara.
Lo más complicado de esta ‘encrucijada’ es que mientras dure el proceso, que ya se ha extendido por cerca de seis meses, los vehículos deben permanecer parqueados, evitando más desgaste y problemas. El más reciente proceso de contratación se cerró este jueves, pero una de las personas que ha seguido de cerca esta permuta señaló que “no hay mayores expectativas”.
Si bien desde la Dirección Administrativa señalan que “no hay detrimento patrimonial” por tener estas camionetas parqueadas, una fuente de la oficina jurídica de la Cámara le dijo a SEMANA que sí hay preocupación por el tema, pues hay que apropiar recursos públicos para mantener unos bienes que no se utilizan. Mientras tanto, los colombianos deben mantener unas camionetas inutilizadas. ¡Qué encarte!