Luego de varias semanas de diálogo, el pasado 16 de septiembre, se anunció un acuerdo entre el Gobierno nacional y los diferentes actores del sector eléctrico para que las tarifas de energía eléctrica en el país comiencen a disminuir y así darles un alivio a los bolsillos de los colombianos que se están viendo afectados.
Sin embargo, con el paso de los días se han generado varias preguntas por considerar que no se tuvo en cuenta a todas las partes que intervienen en el servicio eléctrico para garantizar realmente una disminución en la tarifa.
Aunque el Ministerio de Minas y Energía, anunció que la disminución en el precio de la energía se comenzaría a ver en las facturas a partir de finales de octubre o comienzos del mes de noviembre, todo dependerá de los ciclos de facturación de cada usuario y región del país.
Varios alcaldes de la Costa Caribe, consultados por SEMANA, aseguraron que el anuncio hecho por el Ejecutivo no soluciona de fondo el problema en la zona norte del país y existen grandes dudas sobre la efectividad del pacto por la justicia tarifaria.
Según los mandatarios locales, hay bastante incertidumbre en el sector, en los usuarios y hasta en el mismo Gobierno Petro porque en la práctica no hay ninguna garantía de que baje la tarifa de energía porque no hay una obligación para “obligar a los generadores hídricos, los grandes beneficiados el incremento desbordado del IPP, a devolver sus exorbitantes utilidades”, dijo uno de los alcaldes.
Además, los comercializadores y generadores térmicos serían los más afectados por lo que se pondría en riesgo al sector de energía en el país.
“En el caso de los generadores hídricos lograron utilidades exorbitantes en el 2021. En el 2022 no han revelado los estados financieros, pero deben ser aún mayores por el incremento del IPP. Las resoluciones emitidas por la CREG no determinan absolutamente nada obligatorio para estos actores, dejando a voluntad de ellos si devuelven algo de sus utilidades”, comentó otro alcalde que pidió omitir su nombre.
Lo preocupante para ellos es que los supuestos descuentos que se harán en noviembre dependerán de la “buena voluntad de un eslabón de la cadena que nada ha hecho por ayudar al usuario en los últimos años a pesar de la pandemia”.
Según los mandatario de la zona norte del país en el país ha subido la tarifa de energía en un 25 % en la mayoría de regiones del país pero en la Costa Caribe un 45 % por lo que consideran que dentro de lo anunciado hace dos días, no hay una solución de fondo para ese problema.
Varios congresistas han alertado sobre esta situación y el senador Marcos Daniel Pineda dijo que no tuvieron en cuenta su propuesta de “aplanar la curva de las utilidades de los generadores de energía, congelando sus ganancias por seis meses”.
Por esa razón, desde el Congreso continuarán haciendo debates de control político para conocer de fondo la solución que se implementará para este tema tarifaria ya que consideran que el anuncio hecho no resolverá nada.
Según la información que se ha dado en los debates en el Congreso, los generadores no se vieron afectados por las resoluciones, pero si se les permitió seguir definiendo el precio que cobran en la bolsa de energía. “Con sus grandes utilidades no tendrán problemas financiando el 20 % de la bolsa de energía lo que no es el caso de los generadores térmicos, quienes compran gas natural, el cual ha subido de precio de manera dramática en los últimos meses. Los térmicos quedaron en una difícil situación”, fue la argumentación de un documento presentado durante uno de los debates.
“Todavía tenemos un camino largo por recorrer, en los anuncios hechos no se habla nada de el cobro de las pérdidas solidariamente entre todos los usuarios de la Costa Caribe. En estos anuncios todavía no se encuentra la solución definitiva y diferencial para que la Costa Caribe tenga el mismo valor que todos los departamentos del país en temas tarifarios”, dijo el senador José David Name.
Así mismo dijo que esperan que la ministra de Minas Irene Vélez se pronuncie sobre este tema aunque resaltó el compromiso del presidente Gustavo Petro para bajar las tarifas de energía.
Sin embargo, congresistas de esa región del país dicen que la resolución 027 de 2022 cargó aún más la responsabilidad que hoy recae sobre los distribuidores y comercializadores que deberán financiar los incrementos que se den en la bolsa de energía.
“Los distribuidores cargan con más de 4 billones de pesos que financiaron en su momento para garantizar que los incrementos a los usuarios no fueran abruptos. No solo se les volvió prácticamente imposible recuperar esos saldos en el corto plazo, sino que es muy probable que siga incrementando lo que deben financiar, poniendo en riesgo financiero a las empresas”, dijo un representante a la Cámara.
Congresistas y alcaldes de la Costa Caribe coinciden en que el anuncio de hace dos días sencillamente llevó a una celebración anticipada que podría generar más problemas para el sector.