Este jueves, la familia de Álvaro Gómez Hurtado le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe judicial de 172 páginas en el que argumentan que el magnicidio del líder conservador fue un crimen de Estado. Al mismo tiempo, solicitan que se descarte por completo la presunta responsabilidad de las Farc, confesada por el exguerrillero Julián Gallo Cubillos.
El fondo de su petición radica en que la JEP no debería abrir un macrocaso por el asesinato de Gómez Hurtado y que la investigación se siga adelantando en la Fiscalía General de la Nación. Si el tribunal transicional asume la competencia, la familia del inmolado líder conservador impugnará la decisión.
En la entrega del informe, Enrique Gómez, abogado de la familia y candidato presidencial, les habló a los magistrados de la JEP en una alocución que tituló ′Del circo de las desviaciones y la confirmación de un crimen de Estado’.
“Durante los últimos 14 años he ejercido la representación de la parte civil en nombre de los familiares de Álvaro Gómez Hurtado, y en el mío propio como víctima, en el marco de la investigación adelantada respecto de su magnicidio por la Fiscalía General de la Nación”, inició el candidato.
Ahí recontó todo lo que ha atravesado su familia en términos de la investigación del crimen de Gómez, la cual encontraron “completamente paralizada” en 2007. Se encontraron frente a que todos menos uno de los imputados en las tres hipótesis criminales habían sido exonerados de responsabilidad por el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá.
Por esto, junto a un equipo de abogados y técnicos en criminalística, se adentraron en el extenso expediente por cerca de dos años. A su vez, según Gómez, “enfrentando la oposición casi que sistemática de la Fiscalía y el Juzgado de Conocimiento a darnos acceso al expediente en su totalidad, verificando y probando la desaparición, aún inexplicada y sin responsable disciplinario, de la totalidad de la evidencia material de criminalística del proceso”.
Entre 2007 y 2010, según cuenta Gómez, la investigación tuvo “desarrollos insospechados” con las declaraciones de Fernando Botero, exministro de Defensa de Ernesto Samper, y de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño.
Ahí nació una nueva hipótesis criminal, narró el abogado. Se postulaba ahí, por una parte, la autoría material del homicidio por parte de las redes de sicarios del cartel del norte del Valle, en asocio con Danilo Gómez, coronel en activo de la Policía Nacional y director del Gaula.
“Por otra parte, se afirmaba la autoría intelectual y determinadora del presidente Ernesto Samper Pizano y su ministro del Interior Horacio Serpa”, afirmó Gómez.
Ahí explicó lo que, según la familia del líder conservador, habría sido el motivo por el cual Samper habría ordenado ese asesinato. En medio del proceso 8.000, el expresidente habría necesitado el apoyo de la bancada conservadora para lograr la absolución, la cual obtuvo por primera vez 15 días después de la muerte de Gómez.
Luego, Gómez expuso los asesinatos y las trabas que se han presentado contra los testigos. También recordó cuando la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se desplazó a Nueva York para escuchar a alias Rasguño. Luego de la diligencia, se presentaron dos atentados con bomba en el busto de Laureano Gómez. “Con el claro objetivo de intimidar a los parlamentarios investigadores y a los testigos del caso”, explicó el abogado.
Después de exponer toda la evidencia recogida por su equipo de abogados, Gómez afirmó que “bastaría plenamente para acreditar que el homicidio impune en persona protegida en su condición de periodista de Álvaro Gómez fue claramente un crimen de Estado”.
También recordó el rol político y periodístico de Álvaro Gómez, quien con el noticiero ‘24 Horas’ y sus columnas en el diario ‘El Siglo’ logró cuestionar fuertemente al gobierno de Samper.
“La muerte de Gómez alivió sin duda la presión opositora, generó amplia intimidación en los restantes líderes opositores al Gobierno y eliminó la capacidad política de Gómez Hurtado para buscar un consenso nacional en torno a una salida constitucional de la crisis, a través de la renuncia del presidente y la asunción del vicepresidente De la Calle, quien no había sido manchado por el escándalo del narco”, agregó.
Habló también sobre las desviaciones a la investigación y las múltiples hipótesis que se han planteado a lo largo de los años.
“Hoy nos reúne aquí una nueva farsa. Otra función más del circo de las desviaciones. Una función que tuvo su puesta en escena a cargo de Piedad Córdoba y en la cual participaron miembros de la administración Samper, el expresidente Santos y la cúpula de las Farc para promover una autoincriminación oprobiosa, carente de pruebas e incongruente”, aseveró.
Finalmente, la familia de Gómez le rogó al tribunal que “no llegue un nuevo aniversario de impunidad el próximo 2 de noviembre, con el balón de la desviación en los pies de la JEP”.
“Por ello, insistimos que se declare la falta de fundamento probatorio de la autoimputación de las Farc en este caso y se permita así destrabar la nueva congelación infame de la investigación criminal y se le permita a las víctimas seguir su búsqueda de justicia ante el juez competente”, concluyó Gómez su intervención.