Se cumplieron dos años desde aquel 13 de septiembre de 2021, cuando un conductor borracho que iba en su camioneta atropelló a un grupo de siete personas y mató a seis de ellas en el sector de Gaira, Santa Marta. El responsable de este trágico accidente de tránsito fue Enrique Vives, un hombre que goza de casa por cárcel mientras las familias de las víctimas cada septiembre recuerdan este duro suceso.
Tras lo ocurrido, la Policía capturó a Vives y la Fiscalía General de la Nación lo judicializó por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales agravadas. Luego, en una prueba de alcoholimetría que hizo la Policía de Tránsito, se concluyó que se encontraba en grado tres de embriaguez. Todo indicaba que el camino de Vives conducía a una prisión.
Sin embargo, después de audiencias virtuales por la pandemia del Covid-19, un juez de conocimiento de Santa Marta condenó al empresario samario a una pena de siete años y seis meses de prisión domiciliaria.
Por lo anterior, luego de aprobar un preacuerdo entre Vives y la Fiscalía, el hombre aceptó su responsabilidad y recibió algunos beneficios a cambio. En la negociación, se modificó uno de los delitos y se estableció una indemnización para los familiares de los seis jóvenes que murieron tras ser arrollados la madrugada del 13 de septiembre.
En el preacuerdo, firmado a mediados de mayo de 2022, el delegado de la Fiscalía General puso de presente la actitud de colaboración con la justicia de Enrique Vives, la plena aceptación de su responsabilidad en los lamentables hechos y el pago de la indemnización económica. Tras su presentación, ni la Procuraduría ni la representación de las víctimas interpusieron reparos a la negociación.
“Por estas razones, solicito al juez impartir legalidad a la negociación con Enrique Vives en presencia de las víctimas, aclarando que no se afectaron derechos y explicando que no se le regala nada a Enrique Vives, sino que se trata de la humanización de la pena, la colaboración de Enrique Vives con la justicia para reducir y acelerar la justicia”, dijo el fiscal Mario Burgos en ese entonces al precisar los alcances de la negociación.
En la misma diligencia, la Fiscalía explicó que el acuerdo no solo contempla una reducción de la pena, sino una multa por los daños causados, una indemnización a las víctimas y un acto de perdón privado, y un compromiso de que Enrique Vives jamás volverá a conducir bajo los efectos del alcohol.
Los reparos de las víctimas
El país entero fue testigo de ese preacuerdo con el que Enrique Vives se libró de ir a una cárcel. Para muchos fue una injusticia con las víctimas, pues él habría aprovechado sus influencias para comprar a las familias con la tal indemnización.
Enrique Vives siguió con su privilegiada vida en Santa Marta, bajo prisión domiciliaria, medida que no interfiere en la cotidianidad de una persona, pues lo único que no puede hacer es salir del país. En este caso, expertos aseguraron que la Policía falló en el proceso de la captura, pues los agentes no llevaron a Vives al Instituto de Medicina Legal para practicarle una prueba clínico forense o de alcoholemia, fundamental como evidencia.
Con el error de no llevar a Enrique Vives a Medicina Legal, el escenario jurídico se inclinó en favor del conductor y en el riesgo para la Fiscalía, que finalmente le tocó negociar ocho años de prisión domiciliaria.
Entre los argumentos se estableció que la prueba de alcoholemia en Medicina Legal finalmente se ordenó, pero 11 días después del accidente, cuando se percataron de tamaño del descuido en el proceso de judicialización. Claramente, un espacio de tiempo que deja considerables dudas y que la defensa aprovechó en favor de su cliente.
Actualmente, algunos familiares de los fallecidos aseguran que no han sido indemnizados por Vives, tal y como se había prometido.