En medio de la zozobra por los recientes enfrentamientos en el río San Juan, Chocó, identificados por la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas llega a ocho comunidades ribereñas, en jurisdicción del municipio de Sipí, para atender las situaciones de confinamientos reportadas en la zona desde 2022.
En concreto, los habitantes incluidos como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) de Barracón, Buenas Brisas, Cañaveral, Chambacú, Charco Hondo, Charco Largo, San Agustín y Barranconcito, reciben esta semana 586 kits alimentarios y de aseo por parte de la entidad.
En total, las ayudas suman 33 toneladas de ayudas humanitarias de emergencia que ingresan al territorio, con una inversión de más de 400 millones de pesos.
“La asistencia responde a afectaciones de 2022 y se hace en el marco de la implementación de la resolución 00171 de 2016, que reconoce el confinamiento como un hecho victimizante diferente al desplazamiento forzado”, señaló la Unidad para las Víctimas.
Por tanto, el documento insta a la Unidad, en conjunto con otras entidades de orden territorial, a identificar las condiciones del territorio y de las comunidades afectadas por los confinamientos, como también realizar su inscripción en el RUV para, posteriormente, entregar ayudas humanitarias de emergencia para aportar a sus necesidades con un enfoque diferencial.
Luego de ese proceso, la atención a situaciones de confinamientos anteriores se da en medio de un nuevo riesgo de confinamiento y desplazamiento para la población afrocolombiana.
Si bien, la guerrilla que tiene injerencia en el río San Juan desmintió dicha información, argumentando que restringió la movilidad para salvaguardar la vida de civiles en medio de combates con el Clan del Golfo, lo cierto es que la ciudadanía ha manifestado temor por volver a transitar libremente el afluente.
Reportes recogidos por la Unidad para las Víctimas en el municipio de Sipí en las últimas semanas dan cuenta de la confusión entre las comunidades por cuenta de que existan más enfrentamientos entre ambos grupos armados ilegales y se ha hablado, incluso, de preocupaciones por “un doble paro”. El miedo sigue y también la reducción de la movilidad como medida para velar por su integridad.
Además de la entrega de los kits con alimentos no perecederos y elementos de aseo, la Unidad adelantó el jueves 24 de agosto un diálogo cercano con la comunidad de Cañaveral para conocer de primera mano lo que actualmente ocurre con el territorio y los grupos armados ilegales.
En la jornada, participan también organizaciones de la comunidad internacional como OCHA, MAPP-OEA, ACNUR, entidades como el ICBF y la Diócesis de Istmina - Tado.
Defensoría del pueblo solicitó atención inmediata del gobierno en el Chocó
La semana pasada, la Defensoría advirtió el alto riesgo de desplazamiento y confinamiento en el que estuvieron 50 comunidades, en particular indígenas y afros, por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las AGC – Clan del Golfo en el Medio San Juan (Chocó).
Desde el pasado 14 de agosto hubo enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales, que se disputan el control territorial y social del municipio y su vasta zona rural. Ante esta situación, el ELN decretó un paro durante 24 horas (el sexto en lo que va corrido del 2023), por lo que entre el 16 y este 17 del mismo mes hubo restricción de la movilidad en el río San Juan. Esto originó que las comunidades no pudieran ingresar a sus parcelas, la afectación en la atención médica y la imposibilidad del tránsito de alimentos y de los habitantes.
Desde la entidad se solicitó al Gobierno Nacional, en particular al Comisionado de Paz y a las instituciones competentes, hacer inmediata presencia en el lugar para que las comunidades sean atendidas. Sus derechos deben ser garantizados.
También se recordó que los grupos armados ilegales deben respetar los derechos humanos y el derecho Internacional Humanitario; en consecuencia, la vida e integridad de la población civil. Además, por ninguna razón, restringir la movilidad de las comunidades.
Un equipo de profesionales de la Defensoría del Pueblo continúa en terreno haciéndole seguimiento a la situación vulneradora de los derechos humanos. En el marco de esos recorridos solicita que sea atendido un brote de malaria, el cual está afectando a las comunidades de Sipí, como también que haya abastecimiento de medicinas.