A punto de terminar el año, la quiebra financiera de Interbolsa y el Fondo Premium sigue generando preguntas sobre la eficacia de las autoridades para resolver el escándalo. La Superintendencia de Sociedades tiene a su cargo el proceso de responsabilidad civil, frente al cual su encargado, Luis Guillermo Vélez, da detalles en esta entrevista. Asegura que son cientos los bienes embargados a los directivos y que la próxima semana empezarán a hacer los primeros desembolsos de dinero a algunas de las víctimas. Al mismo tiempo, dos de los implicados en la quiebra, Rodrigo y Tomás Jaramillo, le han dicho a la Fiscalía que Vélez está impedido porque los une una estrecha amistad. Para probarlo, han filtrado a los medios fotografías del superintendente en las fincas de los Jaramillo y en reuniones sociales. Sobre el tema, Luis Guillermo Vélez responde que se trata de una cortina de humo que sale cada vez que su entidad anuncia decisiones importantes. Semana.com: ¿En qué va el tema de Interbolsa y el Fondo Premium? Luis Guillermo Vélez: Hemos avanzado mucho este último año. Hay dos frentes principales de trabajo: la liquidación de Interbolsa SA, y la intervención de las compañías del Fondo Premium que se dio a mediados de este año por captación ilegal de recursos del público. En ambos sitios hay una cantidad importante de acreedores, son cerca de 3.000 personas afectadas, hay viudas, órdenes religiosas, pensionados, ahorradores, universidades, y lo que estamos haciendo es recuperar rápidamente el dinero para poder devolverles la mayor parte de lo que invirtieron. Semana.com: ¿Esa devolución la harán con la plata que resulte de los bienes embargados? L. G. V.: Lo primero que hay que hacer en una intervención es asegurar los bienes con los cuáles se les va a pagar a las personas. Y en eso la Superintendencia ha actuado con mucha rapidez. Se han embargado bienes por cientos de miles de millones de pesos. Semana.com: ¿A qué tipo de bienes se refiere? L. G. V.: Decenas de fincas, casas apartamentos yates, lotes, y vehículos de propiedad de las personas responsables de este problema. Semana.com: ¿A quiénes? L. G. V.: Hablo de las compañías y de las personas, particularmente de los señores Rodrigo y Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz. Semana.com: ¿En qué condición quedan esos bienes mientras la Fiscalía resuelve qué va a pasar con esas personas? L. G. V.: La Fiscalía ha hecho un trabajo muy importante y la Superintendencia ha trabajado de la mano en el tema. Hay que recordar que una cosa es un proceso de insolvencia, que es un proceso civil, y otra un proceso penal. Semana.com: Pero si yo fuera uno de los implicados y no me han llevado a juicio, podría pensar que es mejor no entregar los bienes por voluntad propia mientras espero a ver qué pasa en la Fiscalía. L. C. V.: Claro pero en este caso, en el tema civil, ya hemos avanzado de manera contundente y con esos bienes ya podemos actuar. Son bienes tremendamente valiosos. Semana.com: El siguiente paso entonces es rematar los bienes y empezar a pagar? L. G. V.: Si. Además de las fincas, carros, yates, lotes, etc que están embargados, hay compañías que también están en proceso de remate para empezar a pagarle a los acreedores. Estamos hablando de compañías como la pizzería Archies, el Hotel Santa Clara en Cartagena, hay un paquete controlante muy importante de las acciones de Fabricato, y de la bolsa Mercantil de Colombia, hay un paquete de acciones de Easy Fly, y títulos de Coltejer. Todo se ha asegurado para las víctimas a lo largo de este último año. Semana.com: ¿Ya saben quiénes son las víctimas y cuánto le deben a cada una? L. G. V.: Esa ha sido una tarea bien compleja pero ya la hicimos. Sabemos a quién se le debe la plata, cuánta plata se debe y en qué orden se les va a pagar. Semana.com: ¿Cuál es el orden, quiénes son y cuánta plata les van a pagar en el caso de Interbolsa? L. G. V.: A los primeros que les vamos a pagar son a las cerca de 300 personas que invirtieron en los bonos TEC en Luxemburgo. Estos son colombianos comunes y corrientes. Hay por ejemplo cinco órdenes religiosas que compraron en junio y julio del año pasado y en noviembre ya tenían la plata comprometida en la quiebra. Estamos hablando de 90 mil millones de pesos que esas personas invirtieron. Ellos van a recibir los primeros pagos en enero y febrero del próximo año. Semana.com: ¿Y lo del Fondo Premium? L. G. V.: Fueron 1.065 personas aproximadamente las que invirtieron el dinero en ese esquema donde se encontró una captación ilegal. El monto captado es de unos 174 millones de dólares. Y ya hay en efectivo 8 millones de dólares en Curazao, unos 20 millones de dólares en Panamá y en Colombia 9 mil millones de pesos. Además hay un número importante de acciones de Fabricato que podrían estar alrededor de los 50 mil millones de pesos. Podría ser más pero eso depende del valor de la acción. Más los bienes de los responsables. Semana.com: ¿Lo de ese fondo cuándo se repararía? L. G. V.: El primer pago se hará la semana antes de Navidad, es decir, ya. Eso lo haremos con unos bienes que ya están en efectivo. Semana.com: Con ese efectivo más lo que está embargado y secuestrado ¿podrían juntar la plata para reparar todo lo de Interbolsa y el Fondo Premium? L. G. V.: Las cuentas gruesas que hacen los liquidadores y el interventor es que el dinero en riesgo en el caso de Interbolsa puede ser de unos 600 mil millones de pesos, de un total que se administraba de 9 billones de pesos. Los liquidadores consideran que si el proceso se hace rápidamente y hay una recuperación de las acciones de Fabricato podríamos hablar de una recuperación del 90 por ciento para algunos acreedores de Interbolsa. En el caso de Premium estaríamos hablando de un 30 o 40 por ciento de recuperación dependiendo del valor de la acción de Fabricato y podría ser más si se logra un plan de desmonte. Semana.com: ¿Eso qué significa? L. G. V.: El desmonte lo pueden presentar los responsables de todo esto y lo que plantea es un plan de pagos del 100 por ciento del valor captado. Semana.com: Entendiendo que la Supersociedades y la Superfinanciera tienen competencias distintas, ¿qué piensa de la destitución del Procurador contra Gerardo Hernández? L. G. V.: Cualquier funcionario público debe responder por sus actuaciones. Hay un debido proceso y estamos obligados a acatar y a cumplir. No quisiera decir más sobre eso. Semana.com: Los señores Rodrigo y Tomás Jaramillo insisten en que entre usted y ellos hay una estrecha amistad que implicaría un impedimento. Eso ha dejado un mal sabor. ¿Qué responde? L. G. V.: Esto es una gran cortina de humo que tienden cada vez que llega una decisión importante por parte de la Superintendencia de Sociedades. Los hechos hablan por sí solos y son contundentes. Y lo otro, yo no tengo ningún tipo de impedimento. Semana.com: ¿Está seguro? L. G. V.: Este proceso lleva más de un año en trámite y aquí hay cientos de personas que hacen parte, no sólo los señores Jaramillo, las víctimas, los bancos, etc. Si hubiera algún tipo de impedimento, cualquiera de esas personas se hubiera podido manifestar con una recusación contra mí y no habido ni una recusación. Semana.com: Y qué me dice de la estrecha amistad que ellos alegan tener con usted… L. G. V.: No hay estrecha amistad. Hay una amistad casual, social, que es la que puede tener cualquier persona y es la que tengo yo con muchas personas y que no constituye ningún impedimento. Le repito, es una cortina de humo donde se quieren generar hechos mediáticos de algo que no tiene sustento jurídico. Semana.com: ¿Hace cuánto se conoce con los señores Jaramillo? L. G. V.: Desde hace unos 13 años cuando la oficina de abogados para la cual yo trabajaba suscribió un contrato breve con la comisionista de bolsa. Semana.com: Para argumentar la amistad íntima, Rodrigo y Tomás Jaramillo han insistido en que usted estuvo en sus fincas y en actividades sociales con ellos. L. G. V.: Yo nunca he negado que se hayan dado una serie de reuniones sociales que no implican una amistad íntima, ni un asesoramiento ilegal, ni algún tipo de actuación indebida de mi parte. Este es un típico caso de los pájaros tirándole a las escopetas. Lo que los abogados quieren es invertir las responsabilidades y volver víctimas a los victimarios. Semana.com: Tengo el texto de lo que dijo Rodrigo Jaramillo en la Fiscalía y él habla de una invitación que le hicieron a usted el 23 de octubre del 2012 para pedirle asesoría con la quiebra de Interbolsa. L. G. V.: De ninguna forma se ha dado un tipo de asesoría. La Superintendencia responde todas las consultas de las personas que están en procesos de quiebra y que tienen dificultades empresariales. Semana.com: ¿Ha vuelto a ver a los señores Jaramillo? L. G. V.: No. Y sí eso ocurriera no habría ningún problema desde el punto de vista jurídico. El superintendente tiene siempre interacción con personas involucradas en quiebras. Por ejemplo, el interventor Alejandro Revollo se reúne permanentemente con ellos para hablar del plan de desmonte. Semana.com: ¿Usted tiene claro que las fotos donde usted aparece en una piscina con Tomás Jaramillo y en otra reunión social con ellos, deja un pésimo sabor? L. G. V.: Son gajes del oficio. Cuando se trabaja con la contundencia que hemos trabajado y con los efectos que esto ha generado es normal que haya reacciones. Hay unas autoridades actuando a favor de las víctimas y otras que deben responder por lo que están debiendo y también eventualmente en los procesos penales. Semana.com: ¿La suerte de los señores Jaramillo, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz podría terminar en la muerte comercial? L. G. V.: La superintendencia abrió lo que se conoce como el incidente para la inhabilidad para ejercer el comercio contra un número importante de directivos de Interbolsa, entre ellos los que usted menciona. Es un proceso que lleva cerca de un año y se tomarán decisiones muy pronto. Esa es la sanción más severa que trae la ley comercial, es la muerte civil.