Luis Carlos Vélez: ¿En pleno coronavirus estamos viviendo en la desafortunada fiesta del yo te elijo, tú me contratas? Carlos Felipe Córdoba: Por ahora logramos determinar que en cuatro departamentos y en varias alcaldías sí se encontraban, de una u otra forma, financiadores políticos que luego fueron beneficiados con contratos. Lo único que hemos hecho es cumplir la ley. Hoy se nos facilita revisar todo eso porque con el nuevo modelo de control fiscal tenemos inteligencia artificial, analítica avanzada, y podemos ver toda la contratación del Estado colombiano, tanto nacional como territorial, en línea y en tiempo real, que fue lo que prometimos. Esto lo único que busca es salvaguardar los recursos de los colombianos.

L.C.V.: ¿Pero entonces la mecánica sí es como lo enseñó Odebrecht? C.C.: Sí es eso. En cuatro departamentos ya encontramos financiadores con nuevos contratos. Lo que hacemos nosotros es cruzar bases de datos. Está la base de datos del Consejo Nacional Electoral que nos dice quiénes fueron los financiadores de las campañas. Y luego vemos en tiempo real a quién van contratando. Ahí podemos ver que esos señores que les dieron plata a las campañas, en efecto, están contratados. Y no es delito si es por debajo del 2 por ciento de la financiación. Pero, sí es mayor al 2 por ciento, va por fuera de la ley. 

L.C.V.: ¿Cuál es el caso más grave de este fenómeno? C.C.: Hemos encontrado cosas como que un concejal que es el aportante también termina siendo contratado como representante legal de una empresa. Hay temas impresionantes que uno creería que no iban a pasar en el siglo XXI y siguen pasando. Por ejemplo, hay muertos contratistas. No solamente los muertos votan en Colombia, sino que también contratan. Estas tecnologías nos ayudan a poner esas alertas. La Procuraduría se ha movido, y vieron lo que pasó con el gobernador del Chocó, que está suspendido, diez alcaldes imputados por la Fiscalía. Las dinámicas cambian porque estamos llegando en el momento, en tiempo real. Hoy vemos a quién se traslada la plata, cuánto se traslada, por qué concepto.  L.C.V.: Según lo que dice, la inteligencia artificial es determinante… C.C.: Claro. Por eso la importancia del nuevo modelo de control fiscal. Aquí creamos la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, que es la que tiene que ver permanentemente, desde el mismo momento en que se empieza a ejecutar la plata, a dónde van esos recursos. Podemos ver una cascada de datos sobre los recursos por proyectos, por líneas, sectores, departamentos, regiones, y uno empieza a ver qué está pasando en el día a día. Había que concentrar todas las bases de datos de la contratación. Con ese modelo podemos ver dónde está la vena rota que se nos estaría llevando la platica. Esta semana sacamos 131 alertas por más de 17 billones de pesos para decir: ¿por qué no estamos trabajando en eso? Están paradas las obras y la parálisis también nos hace perder dinero. La Ruta del Sol II está parada, la Ruta del Sol III apenas volvió a comenzar. L.C.V.: ¿En cuánto se contabiliza el desangre de la vena rota en las contrataciones del coronavirus?  C.C.: Solamente en los temas de alimentación, en presuntos sobrecostos, son cerca de 500.000 millones de pesos. En accionar preventivo ya recuperamos alrededor de 250.000 millones de pesos en beneficios. Antes nos demorábamos cuatro o cinco años en un proceso de responsabilidad fiscal y recuperábamos el 0,4 por ciento. Hoy, solamente con alertas y llegando a tiempo, se han podido resguardar esos recursos desde la contratación en la Registraduría con los Consejos de Juventud; en los créditos de Finagro, en los que devolvieron 70.000 millones de pesos. En el Casanare, por ejemplo, logramos reducir los costos de las camillas a lo que decía el mercado. El Dane tiene una metodología para establecer esos precios por regiones y departamentos. A esos valores del mercado nos hemos ceñido.

L.C.V.: ¿Cómo está la contratación en las ciudades capitales por cuenta del coronavirus?  C.C.: Por cuenta del coronavirus, hoy tenemos contratación por 3,9 billones de pesos; 1,1 billones van hacia contratos de prestación de servicios, de apoyo para la atención, y lo otro, el gran grueso, 2,8 billones, va a la compra de insumos médicos, medicamentos y alimentación. En ese sentido, podemos decir rápidamente cuáles son los contratos que nos preocupan por sobrecostos o firmas que no tienen la competencia para ejecutar esos recursos. Era insólito pensar que en medio de la pandemia íbamos a empezar a sancionar a los funcionarios.  L.C.V.: ¿Pero en las grandes ciudades capitales qué han encontrado? No hay muchas sanciones allí… C.C.: Nosotros en el caso de Bogotá sacamos alertas por más de 20.000 millones de pesos en términos de presuntos sobrecostos. Igual en Medellín, en donde abrimos un proceso de responsabilidad fiscal. Lo propio en Cali, Cartagena y Barranquilla. No hemos parado de trabajar para ver si efectivamente se están entregando las contrataciones. Estamos muy atentos viendo si los ventiladores que se compraron van a llegar. Es con todos por igual. Nosotros no nos centramos en nadie porque queramos fregarlo. Es a punta de pruebas.  L.C.V.: Sobre Bogotá, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades en las alertas que ustedes han presentado?  C.C.: Nos toca estudiarlo, apenas son alertas. Pero de ahí empieza todo el proceso investigativo para ver cómo el secretario hizo la contratación, si la alcaldesa tenía o no conocimiento. Nosotros revisamos los contratos y eso es lo que nos interesa. No tenemos Contraloría para revisar la administración de este o de otro, sino que la plata llegue.  L.C.V.: ¿Esas alertas en la capital son sobre qué contrataciones?  C.C.: Tenemos varios. Hay de suministros y de alimentación. Estamos investigando.  L.C.V.: ¿Pero esas alertas no son coadministrar? ¿Están coadministrando? C.C.: No podemos coadministrar. Poner una alerta no significa que coadministremos. En ningún momento les decimos que tienen que comprar con este o este proveedor. Ni más faltaba, para eso es la autonomía del gobernante local. Pero sí tenemos la responsabilidad de llegar a tiempo y hacer seguimiento. Es como el vigilante de la casa que está en el apartamento pendiente de que no se meta el ladrón. Nosotros tenemos que hacer lo mismo para ver cómo están utilizando los recursos, y, si los van a desviar en algún momento, atacar rápidamente el desvío.  L.C.V.: ¿Las personas que están haciendo fiesta con estos contratos van a terminar en la cárcel? C.C.: Dios quiera que sí. El problema es que eso es tarea de la Fiscalía con un juez. La Fiscalía puede también acusar, pero si el juez de turno no accede a esa petición vamos a tener problemas. Tenemos el compromiso de que las personas que se queden con el dinero de los colombianos van a pagar no solamente siendo embargados por la Contraloría, disciplinariamente por la Procuraduría, sino también en lo penal. Hay que reconocerle al fiscal que en tan poco tiempo ya tenga todo este número de funcionarios imputados con pruebas y procesos serios.

L.C.V.: Los críticos de este bloque anticorrupción dicen que ustedes tienen una agenda política propia. ¿Qué les responde?  C.C.: Que nos la muestren. Nosotros la única agenda que tenemos es contra la corrupción. Lo que hemos visto es que está el síndrome del ladrón. Nos dicen a nosotros “cójanlos, cójanlos, cójanlos”, y apenas los cogemos entonces nos dicen “suéltenos, suéltenlos, suéltenlos”. Nos toca con pruebas. Yo entiendo que en algunos momentos tocaremos algún interés, habrá algún amigo de alguien. Pero aquí toca actuar con las pruebas que se tienen. Este tema de un control fiscal objetivo con fotografía satelital, videos de drones, nos va a decir si el avance de la obra del colegio era del 60 por ciento como dice el video o del 100 por ciento como dice la interventoría. Y si es del 60 por ciento, pues es del 60 por ciento. Ahí no hay tutía. Y es mejor así porque, si el señor que está ejecutando los recursos es amigo del contralor general, no va a tener forma de intervenir porque la prueba es incontrovertible. Si no hizo la obra, o la termina, o la paga. Y así nos toca porque son los recursos de los colombianos.

L.C.V.: Usted es una persona que ha ascendido muy rápido en el Estado y es muy joven. ¿Qué va a hacer después de la contraloría?, ¿otro presidenciable? C.C.: No, yo ahora mismo estoy muy enfocado en la Contraloría y en hacer un control fiscal de calidad y una buena administración aquí. Eso depende de donde Dios me quiera poner, yo soy una persona muy devota. Pero sí le digo que, si es difícil que lo elijan, mucho peor en un cargo como este. Acá nos la pasamos incomodando mucha gente. En este cargo no se hacen muchos amigos. Aquí estamos incomodando a muchos.