El caso 01, relacionado con toma de rehenes (secuestro), ha tenido varios reclamos e inconformismos contra la JEP por parte de un sector de las víctimas que consideran que no se ha avanzado ni se impondrá castigo contra los autores de estos crímenes. Una de las críticas ha sido por parte de la Procuraduría General de la Nación que le comunicó a ese tribunal que es “determinante que los comparecientes ante la JEP reconozcan que existieron órdenes en las filas guerrilleras de matar a secuestrados en casos de insubordinación e intentos de rescate, y que no tenían protocolos claros ni definidos que buscaran garantizar la vida por encima de cualquier otro propósito”.
Ahora, la Fundación Defensa de Inocentes, liderada por el abogado Juan Camilo Sanclemente, presentó una tutela por la demora para entregar pruebas que, como defensores de los familiares de los diputados del Valle, secuestrados y asesinados por la guerrilla, han pedido de manera insistente.
La tutela señala en uno de sus apartes que, el 15 de Febrero del 2022, se radicó precisamente un derecho de petición, donde se solicitaba entrega del traslado de versiones y observaciones dentro del macrocaso 01 “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP”.
Algunas de las solicitudes que han hecho son, por ejemplo, la versión voluntaria de Victoria Sandino, las observaciones de lo comparecientes en el Caso 01, respecto a la calificación jurídica del crimen de lesa humanidad de esclavitud o la imputación. En tercer lugar, la versión voluntaria del compareciente Héctor Julio Villarraga, alias el Grillo, persona que dio la orden de asesinar a los diputados del Valle, la cual fue tomada el pasado 4 de Diciembre del 2020.
En diálogo con SEMANA, el abogado Sanclemente señala que se ha vulnerado el derecho fundamental de petición se había radicado esas tres peticiones: “Han pasado más de 28 días, dicha sala ha hecho caso omiso a la solicitud. Se está vulnerando el derecho de petición de las víctimas, pero también de nosotros como apoderados. Lo que esperamos es que nos entreguen la información que pedimos”.
La JEP en todo caso sí ha entregado información relacionado con ese caso. De hecho para el tribunal, han señalado, es clave abordar los fenómenos de lo que se conoce como macrocriminalidad. La Justicia Transicional se ocupará de estos temas que incluso han sido pedidos por familias de víctimas y las propias víctimas. Las dudas son cómo ocurrieron, dónde, pero también quiénes fueron los responsables de tantas muertes.
Por ejemplo, la crudeza de estos hechos quedó plasmada en un informe que le entregaron el Ejército y la Fundación Colombia Líder a la Justicia Especial para las Paz (JEP). El documento, que sirve como base, condensado en relatos crudos, con cifras, citas académicas y contexto de las ocho divisiones de la institución militar, describe cómo las Autodefensas Unidas de Colombia penetraron el poder, se movieron por varias regiones, impusieron su ley y se llevaron por delante a centenares de víctimas.
El texto, elaborado durante casi seis años con apoyo de varias universidades del país y conocido en exclusiva por SEMANA, le permitirá a la JEP identificar la verdad del resurgimiento del paramilitarismo hasta su extinción desde la visión de los militares que enfrentaron este fenómeno ilegal en el país, e incluso en algunos casos se dejaron permear por su oscuro poder militar.