Julián Jaramillo, uno de los principales asesores de Richard Aguilar en la Gobernación de Santander, fue enviado a la cárcel en el marco del proceso que se le adelanta por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la celebración del contrato que tenía como objeto el refuerzo de la estructura del estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga.

Jaramillo, capturado el pasado 2 de febrero, fue señalado por la Fiscalía General de tener una activa participación en la “empresa criminal” que se montó en la Gobernación de Santander para el direccionamiento de millonarios contratos de infraestructura cuyo fin era beneficiar a familiares, amigos y personas que apoyaron la candidatura de Aguilar. Para garantizar la entrega del contrato se fijaba como comisión el 10 % del valor total del contrato.

Para el ente investigador, en octubre de 2014, siendo Julián Jaramillo director de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Santander, “se interesó de forma indebida en provecho propio de terceros, entre ellos el gobernador Richard Aguilar y la secretaria de Infraestructura de Santander Claudia Yaneth Toledo”, en el contrato que tenía como objeto la adecuación y el reforzamiento de escenarios deportivos de la Villa Olímpica de Bucaramanga por un valor cercano a los 22 mil millones de pesos.

Debido al acuerdo previo que se había hecho, el contrato se le debía entregar al empresario Octavio Reyes, quien ya se había comprometido a entregar la comisión del 16 % del valor total del contrato. Para evitar llamar la atención, los funcionarios de la Gobernación le entregaron información reservada sobre el pliego de condiciones con el fin que fuera el único oferente que cumpliera los requisitos.

“Julián Jaramillo acordó el pago con el contratista Octavio Reyes Sarmiento de dineros indebidos para él y otros funcionarios públicos por la adjudicación irregular de ese contrato, correspondientes al 16 % del valor total del contrato, de los cuales el 10 % sería para el gobernador de Santander Richard Aguilar, el 3 % para la secretaria de Infraestructura Claudia Janeth Toledo y el 3 % restante para usted, Julián Jaramillo, como director de proyectos de infraestructura”, explicó el fiscal de la unidad anticorrupción.

Reyes, quien también fue capturado el pasado miércoles, ya había anunciado su deseo de colaborar con las autoridades mediante la firma de un principio de oportunidad. El juez de control de garantías cobijó con detención domiciliaria al contratista.

Por estos hechos de corrupción, la Fiscalía General les imputó a Jaramillo y a Reyes los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, presunta autoría en cohecho y peculado por apropiación. Los dos procesados se declararon inocentes.

Richard Aguilar fue llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en la celebración irregular de por lo menos seis millonarios contratos de infraestructura. El exmandatario fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

En el contrato del reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas, y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos (con un contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos), se señaló que el entonces gobernador dio instrucciones precisas para que fuera direccionado a Reyes –quien formaba parte de la unión temporal Reforzamos 2015–, pues ya había un pacto de palabra para la entrega de la comisión.

En la actualidad, Aguilar –quien renunció a su curul en el Senado tras la captura– se encuentra privado de la libertad en una guarnición militar en Bogotá.