Un juez envió en las últimas horas a la cárcel a tres personas señaladas de pertenecer al Clan del Golfo y de ser presuntos responsables de comercializar estupefacientes al menudeo en la población de Villanueva (Casanare).

Los procesados fueron capturados el pasado 10 de febrero por la Policía Nacional durante diligencias allanamiento y registro en viviendas del municipio.

Las acciones judiciales permitieron la incautación de marihuana, bazuco y cocaína, así como un arma de fuego tipo revólver, dos armas traumáticas, munición de diverso calibre, celulares, una motocicleta y $3′790.000 mil pesos.

También fueron encontrados elementos utilizados para la dosificación del estupefaciente.

La Fiscalía los imputó cargos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso civil y militar, en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, los cuales no fueron aceptados.

Los procesados fueron capturados el pasado 10 de febrero por la Policía Nacional durante diligencias allanamiento y registro en viviendas. | Foto: Fiscalía General de la Nación

Violenta represalia del Clan del Golfo contra la Fiscalía, que se negó a levantar órdenes de captura contra sus cabecillas

La Fiscalía emitió un duro comunicado frente a los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero, cuando doce hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la Dirección Seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá. Los funcionarios se desplazaban en un vehículo particular en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia (Antioquia).

Las acciones judiciales permitieron la incautación de marihuana, bazuco y cocaína, así como un arma de fuego tipo revólver, dos armas traumáticas, munición de diverso calibre, celulares, una motocicleta y $3′790.000 mil pesos. | Foto: Getty Images / Darrin Klimek

Ante lo ocurrido, la Fiscalía aseguró que “se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez alias Gonzalito, máximo cabecilla del Clan del Golfo en la zona, quien actualmente tiene orden de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura, que pidió el Gobierno, fueran levantadas. Petición a la que no accedió la Fiscalía por no existir ningún marco constitucional para hacerlo”.

En segundo lugar, agregó que “desde el momento que se conocieron los hechos se destacó un equipo de fiscales e investigadores quienes recolectaron evidencia técnica que permitió establecer la presencia del Clan del Golfo en la zona y se logró que un juez de control de garantías expidiera orden de captura contra alias Gonzalito por el delito de secuestro agravado”.

Por cuenta de los hechos, el organismo decidió cerrar temporalmente la sede en ese municipio y trasladar la atención a Medellín. “No se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en este municipio”.

De manera preocupante, la fiscalía advierte que los funcionarios secuestrados “pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.

La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso civil y militar, en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, los cuales no fueron aceptados. | Foto: Getty Images

Gonzalito es uno de los criminales que se disputa ser el heredero de Otoniel. Junto con Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; Wilmar Antonio Giraldo, Alias Siopas, y José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, tienen un prontuario criminal inmenso, y están en la mira de las autoridades colombianas y estadounidenses. Sus cabezas tienen precio. Por información que lleve a su captura, las autoridades pagan hasta 5.000 millones de pesos.

SEMANA contó cómo la guerra de estos tres por tener el control del clan es inmisericorde. “La pelea ya ha pasado de las amenazas a los asesinatos de las personas más cercanas de estos tres cabecillas y sus testaferros, para que el mensaje quede claro. Mutilaciones y torturas se vienen dando entre las bandas, y tienen una finalidad específica: al que hable, le pasan factura. Aunque están negociando para frenar la extradición, eso aún no es un hecho, saben que las autoridades de los Estados Unidos y Colombia les pisan los talones, y no quieren la misma suerte de su jefe, Otoniel”, registró este medio hace unos meses.