Nueve integrantes de la Policía Nacional fueron enviados a una cárcel tras ser señalados de presuntamente participar en la retención ilegal, tortura y asesinato de dos hombres en hechos ocurridos el 30 de junio de 2022, en una vía que conduce de Lorica a San Bernardo del Viento, Córdoba.
De acuerdo con la Fiscalía, en el marco de su investigación, se estableció que las víctimas descendieron de un bus de transporte público que cubría la ruta Sincelejo – San Onofre (Sucre) y en la estación de servicio “habrían sido subidas a la fuerza a vehículos oficiales, asignados a los policías para el cumplimiento de sus funciones, donde fueron torturadas y asesinadas”.
Los cuerpos de las dos personas fueron hallados en un basurero ubicado en San Nicolás de Bari, zona rural de Lorica.
Según la Fiscalía, los uniformados adscritos al Gaula Sucre, al parecer, desplegaron varias actuaciones irregulares previas al crimen.
“Inicialmente, el 29 de junio de 2022, luego de reportarse un atentado contra un policía en Betulia (Sucre), cuatro de los hoy procesados habrían realizado vigilancias en los lugares de residencia de uno de los hombres, sin ninguna orden judicial. De manera simultánea, fue interceptado de manera ilícita el teléfono de una de las víctimas para conocer todos sus movimientos”, señaló el ente acusador.
En su relato, la Fiscalía manifestó que, el 30 de junio, ocho de los entonces integrantes del Gaula, presuntamente, se trasladaron a la terminal de transportes de Sincelejo, y se comunicaron con unidades de tránsito para que pararan el bus en el que se trasladaban los dos hombres que eran vigilados y una de sus parejas. En el peaje La Esperanza, entre Sincelejo y San Onofre, el vehículo fue detenido y la mujer, obligada a bajar con el supuesto argumento de que presentaba inconsistencias en sus documentos.
“El automotor siguió la marcha, y kilómetros más adelante en la estación de servicio de San Onofre descienden las víctimas. En ese punto, al parecer, fueron retenidas de forma violenta y llevadas en carros oficiales vía a Lorica, a uno de los vehículos les habrían sido cambiadas las placas por unas falsas. En el camino, se presume que fueron amarradas, golpeadas y atacadas con armas de fuego hasta causarles la muerte”, indicó la Fiscalía.
Adicionalmente, la entidad manifestó que el análisis de las señales de los celulares de los nueve uniformados y los registros de las cámaras de seguridad los ubican en varios de los lugares recorridos por los dos hombres hasta el sitio exacto en el que fueron abandonados sus cuerpos, los cuales fueron encontrados el 1 de julio de 2022. Un fiscal imputó a los oficiales de la siguiente manera:
- Capitán Luis Alberto Regino Garnautt, exjefe del Gaula Sucre, imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, violación ilícita de comunicaciones, peculado por uso; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
- Capitán Rafael Reinaldo Peña Carranza, exsubjefe del Gaula de Sucre, imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, peculado por uso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
- Intendente Alexander Manuel Díaz Nader y patrullero William Enrique Rodríguez Socarrás. Fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y secuestro.
- Patrulleros Tomás Castro Vital y José Alejandro Gómez Coronado. Fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada y; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
- Patrullero Luis Min Benítez González. Fue imputado por el delito de homicidio agravado.
- Patrullero Guillermo Javier Muñoz Amaya. Fue imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios; violación ilícita de comunicaciones y fraude procesal.
- Patrullero Yimer Andrés Cruz Zúñiga. Fue imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, peculado por uso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.