Un juez de Ipiales, Nariño, dictó medida de aseguramiento contra los patrulleros de la Policía Nacional Armando Segura Klínger y Alexánder Cadena Villota, quienes son señalados de cobrar el pago de dinero a un ciudadano ecuatoriano para ayudarle a recuperar un vehículo robado.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 24 de febrero en el municipio nariñense. Dos días más tarde, el 26 de febrero, el patrullero Segura Klínger habría recibido de manos de la víctima $3.000.000, presuntamente bajo la vigilancia y pleno conocimiento de su compañero de institución, Cadena Villota, quien también habría recibido parte de esa suma.
El vehículo nunca fue recuperado, por lo que el ciudadano extranjero decidió instaurar una denuncia contra los agentes.
Los uniformados, quienes se encontraban suspendidos del servicio, fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación junto con unidades del Gaula Militar y presentados ante un juez penal de Control de Garantías.
Un fiscal imputó a los patrulleros por el delito de concusión. Tras la imputación, los procesados no aceptaron cargos.
Más de 200 judicializados por corrupción en Nariño y Putumayo, según informe de la Fiscalía
Por otro lado, la semana pasada el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su visita al sur del país, acompañado de la vicefiscal Martha Janeth Mancera y la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Obando, se reunió con los directores seccionales de Nariño y Putumayo y verificó los avances de la estrategia de lucha contra la corrupción. Así lo dio a conocer mediante un comunicado oficial.
Las acciones investigativas definidas en Nariño han permitido judicializar a 107 personas por diferentes delitos asociados con corrupción, durante los últimos 31 meses. Entre los procesados están un alcalde y dos exalcaldes de El Charco, además de tres concejales, un fiscal, un exfiscal, dos integrantes de la Policía Nacional y otras 97 personas más entre particulares, contratistas y servidores públicos de diferentes dependencias municipales o departamentales.
En el departamento han sido vinculadas formalmente y presentadas ante jueces de Control de Garantías 164 personas. Entre los investigados está el gobernador del departamento, Buanerges Florencio Rosero Peña, quien estaría involucrado en posibles irregularidades detectadas en un contrato de ambulancias medicalizadas.
Asimismo, se han adelantado acciones judiciales contra 28 alcaldes y exalcaldes de diferentes municipios del departamento como San Francisco, Puerto Asís, Mocoa y Villagarzón; también se han judicializado 16 secretarios de despacho, 26 contratistas, 23 policías y 30 funcionarios de distintas entidades públicas.
De igual manera, hay frentes investigativos abiertos y activos contra 46 personas denunciadas por presuntos hechos de corrupción, como lo es el caso de ocho exdiputados del departamento, cuyos procesos se encuentran en etapa de juicio.
“Con este balance de estos dos departamentos en corrupción les decimos a los colombianos que estamos protegiendo los recursos públicos, que estamos protegiendo al mismo tiempo la seguridad de todas las personas en la medida en la que si no se protegen los recursos públicos, por supuesto que quedan las personas en una situación de vulnerabilidad social”, aseguró el fiscal general.