El jueves en la mañana llegó el coronel retirado del Ejército, Jorge Armando Pérez Amézquita, al complejo judicial de Paloquemao para atender la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en su contra. El oficial, junto a tres soldados, también presentes, son señalados por la Fiscalía de fraguar el crimen del excombatiente de las Farc Dimar Torres. Este lunes, un juez de control de garantías de Paloquemao dio respuesta a la petición de la Fiscalía y ordenó la medida de aseguramiento al coronel en retiro y a los tres uniformados vinculados. Según el juez, las pruebas aportadas por la Fiscalía fueron suficientes para ordenar la medida de aseguramiento intramural. Durante la audiencia del jueves, el fiscal tomó la palabra y empezó la exposición de los hechos que incriminan al coronel y a los soldados. El fiscal señaló que el coronel le dijo a sus militares, el 22 de abril de 2019, cuando ocurrieron los hechos en la zona de Catatumbo en Norte de Santander: "A ese man hay que matarlo, no aguanta capturarlo para que vaya de engorde a la cárcel". El fiscal hizo un recuento detallado de los hechos y señaló que el coronel fue determinador del crimen pues "sus órdenes de matar fueron concretas y directas a sus subordinados". Respecto a los tres soldados también implicados, Jhorman Alexander Buriticá, Cristian Cacilimas Pulido y William Alarcón Castrillon, el fiscal les imputó el mismo cargo pero en grado de complicidad. Cabe recordar que en otra audiencia judicial, meses atrás, un cabo aceptó su responsabilidad como autor material del crimen. Ni el coronel Pérez ni los soldados aceptaron los cargos. Ninguno admitió responsabilidad frente a la imputación formulada por la Fiscalía. De esa forma declinaron la posibilidad de lograr un descuento significativo de la pena en caso de ser vencidos en juicio. La pena a la que se expone el coronel puede ser de entre 30 a 20 años de cárcel mientras que los soldados, como supuestos cómplices, podrían pagar mínimo 10 años de ser hallados culpables por el juez. Dimar Torres fue asesinado el 22 de abril del año pasado a manos del cabo segundo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo. Ese día, cuando los campesinos advirtieron la ausencia del excombatiente y quisieron saber su paradero, el cabo Gómez Robledo y un soldado se los intentaron impedir. La comunidad continuó con la búsqueda y hallaron el cadáver y una fosa en la que los militares pretendían inhumar el cuerpo. Durante esa noche el cadáver de Dimar quedó bajo custodia de los campesinos y solo hasta la 1:30 de la tarde del día siguiente hizo presencia el CTI de la Fiscalía para realizar el acta de inspección técnica al cadáver. El cabo Gómez Robledo le disparó cuatro veces a Dimar Torres con su fusil de dotación. Fue un hecho a sangre fría. El desmovilizado de las Farc estaba en completa indefensión. Tras el revuelo nacional que produjo el episodio el cabo aceptó su responsabilidad. Fue condenado a 20 años de cárcel y por varios meses fue el único militar que afrontó responsabilidad por el crimen que tuvo lugar en la vereda Carrizal, del municipio de Convención, Norte de Santander. Dentro de las evidencias que presentó el fiscal contra el coronel Pérez y los tres soldados en la audiencia hay un centenar de fotos y el dictamen del CTI que acudió al lugar de los hechos. Los peritos recolectaron cinco vainillas de fusil que fueron disparadas por el cabo Gómez Robledo. El fiscal señaló que Pérez Amézquita y sus subordinados se propusieron asesinar a Torres como una venganza dado que suponían que el excombatiente tenía responsabilidad en la instalación de una mina que explotó y le costó la vida al soldado Borja en abril de 2019. "Pérez tenía sed de venganza por eso indujo a sus soldados e hizo surgir la obra criminal", señaló el fiscal. Dentro de las evidencias que presentó el fiscal contra el coronel Pérez y los tres soldados en la audiencia hay un centenar de fotos y el dictamen del CTI que acudió al lugar de los hechos. Los peritos recolectaron cinco vainillas de fusil que fueron disparadas por el cabo Gómez Robledo. El fiscal señaló que Pérez Amézquita y sus subordinados se propusieron asesinar a Torres como una venganza dado que suponían que el excombatiente tenía responsabilidad en la instalación de una mina que explotó y le costó la vida al soldado Borja en abril de 2019. "Pérez tenía sed de venganza por eso indujo a sus soldados e hizo surgir la obra criminal", señaló el fiscal.