¿Puede o no la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, llegar al Senado como señaló en sus redes sociales? Barrera es uno de los personajes más polémicos actualmente y continúa dando de qué hablar.
Luego de que en días pasados fuera condenada por el Tribunal Superior de Bogotá a pagar más de cinco años de cárcel por hechos relacionados con los destrozos a TransMilenio, en noviembre de 2019, la joven anunció sus aspiraciones políticas, mientras la duda sigue siendo cómo lo va a lograr, con todo el enredo jurídico que vive en este momento.
Su aspiración es llegar al Congreso para, según Barrera, combatir las injusticias sociales, según dijo a través de sus historias de Instagram: “No quiero más injusticia contra los pobres. Tengo que llegar, voy a llegar al Senado si tú me sigues apoyando”.
SEMANA consultó a los abogados penalistas Iván Cancino y Francisco Bernate para que explicaran qué tan viable es que Barrera llegue al Senado. En este caso, por ejemplo, los dos coinciden en que no es probable.
“Ni Epa Colombia ni ningún colombiano que haya sido condenado por delitos dolosos puede aspirar al Congreso de la República u ocupar la mayoría de cargos públicos. Ella aceptó dos delitos. La controversia en los recursos que están en curso solo es frente a uno, que es concierto para delinquir o instigación de delito con fines de terrorismo pues no le elimina los otros dos. Independiente de que no esté la decisión totalmente en firme, para los dos delitos aceptados sí. Así que no tendría la más mínima posibilidad según la Constitución y las normas respectivas de poder aspirar y menos ser elegida. Si ella insiste, a sabiendas de que hay una inhabilidad podría cometer otro delito de carácter electoral”, señala Cancino.
Para Bernate, la influenciadora cometió un error grave pero considera que sí la pueden elegir. Sin embargo precisa: “Ella puede ser candidata a una corporación de elección popular así esté condenada. La razón es sencilla: su condena no está en firme. Al no estar en firme, mantiene sus derechos políticos vigentes, puede elegir y ser elegida. Lo que pasa es que las elecciones son en el 2022. De aquí a allá, probablemente, la Corte Suprema ya haya dado un dictamen final sobre su caso. Si mantiene la condena no se puede posesionar como congresista y si estando posesionada, se confirma la condena, septiembre del año entrante digamos, perdería credencial si estuviera en el Congreso”.
Agrega Bernate: “Mientras la condena no está en firme es como si la condena no existiera. Ella cometió un delito. Tiene todo el derecho de ir a la Corte Suprema para que de la última palabra. No creo que haya instigación al terrorismo. Jurídicamente la condena es muy elevada, se le condena por un delito que no ocurrió”.