No baja la alta tensión en la capital antioqueña. Los coletazos de la renuncia en pleno de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) hace tres semanas no han cesado. En los últimos días, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, terminó de designar a los nuevos miembros de la junta tras un proceso frustrado de nombramientos, que, uno tras otro, se fueron cayendo. Pero la crisis institucional continúa y hoy la incertidumbre y la preocupación marcan la agenda. De nada sirvieron las propuestas de gremios empresariales para buscar la intermediación de la Presidencia de la República y la Gobernación de Antioquia en la escogencia de los nuevos miembros y estudiar la continuidad del actual gerente, Álvaro Rendón. Tampoco, el mensaje del alcalde de volver a estudiar la demanda contra el consorcio constructor del proyecto hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango), los interventores, los diseñadores y las aseguradoras por casi 10 billones de pesos, que generó el tsunami político, empresarial e institucional en Medellín. De hecho, la tensión aumentó cuando el alcalde Quintero llamó “mezquina” a la junta saliente y la acusó de querer perjudicar a EPM. La confianza se rompió y no aparecen ramas de olivo para enderezar la relación entre la Alcaldía y los gremios y líderes cívicos. Podría quebrarse una de las relaciones público-privadas más importantes en la historia, la que le permitió a Medellín resurgir tras la ola del narcotráfico y el terrorismo de los años ochenta y noventa. Pero no solo eso está en riesgo. EPM representa cerca de la tercera parte de la generación y distribución de energía del país, y sus dos principales apuestas, en el corto plazo, son fundamentales para garantizar la seguridad energética nacional. Por un lado, terminar el accidentado proyecto Hidroituango, la generadora de energía más grande de Colombia con una capacidad de 2.400 MW, equivalente al 17 por ciento de lo que produce Colombia. Su inversión, en principio estimada en 7 billones de pesos, ya suma hoy más de 16 billones con los sobrecostos por la contingencia que tuvo, las decisiones erradas y los retrasos en su entrada para operar. Según el gerente Rendón, el proyecto comenzará a generar energía en 2022 (cuatro años después de los planes iniciales) con cuatro unidades y luego ingresarán las restantes.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, llamó “mezquina” a la junta saliente y la acusó de querer perjudicar a EPM. En este frente, las críticas han venido del interior de EPM. El Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (Sinpro) advirtió que el contrato de construcción termina el 31 de diciembre “por lo que existe el riesgo de un mayor retraso de las obras y que, con la nueva junta directiva, (…) se declare urgencia manifiesta y se asigne directamente a un nuevo contratista especialmente a uno chino que ya ha solicitado información”, dijo en una carta abierta al alcalde de Medellín y al gerente de EPM. Advierte el sindicato, además, que hay riesgo de retraso y de posibles sobrecostos no solo por la desconfianza generada en “la acción legal”, sino por el desinterés de los contratistas de continuar con el proyecto. Agregan que el aplazamiento y los sobrecostos implicarían en valor presente neto “mucho más que el valor estimado en la posible demanda”, y que los contratistas también podrían iniciar acciones legales. Pidieron el retiro del gerente y que se adelanten los procesos precontractuales para conseguir nuevos contratistas por medio de una licitación internacional transparente. Por otro lado, no se trata del único chicharrón. Este año EPM se quedó con uno de los mercados resultantes de la división de Electricaribe, la distribuidora de energía de la costa atlántica. EPM ganó Caribe Mar, mercado compuesto por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, que debe empezar a operar el 1 de octubre y trae compromisos de inversión por unos 4 billones en los próximos años. Sin embargo, la pandemia cambió las condiciones económicas y los escenarios para los inversionistas que se quedaron con las dos zonas (EPM y el grupo de Alberto Ríos). La operación todavía no se ha concretado, y, como lo advirtió el propio gerente Rendón a la revista Dinero, hay una cláusula de “efecto material adverso” en el contrato. Por estos días, avanzan las discusiones con el Gobierno nacional para tratar de corregir esos desbalances. Todo ello ejercerá una fuerte presión sobre las finanzas de EPM. Tendrá que garantizar los recursos para terminar Hidroituango, asegurar las inversiones en Electricaribe, confirmar el flujo normal de su negocio en medio de una recesión y resguardar los recursos que por más de un billón de pesos cada año le gira a Medellín.

Varios sectores piden la cabeza del gerente de EPM, Álvaro Rendón. Mientras tanto, él asegura que Hidroituango entrará a operar en 2022 y que están analizando el contrato en Electricaribe. Fitch ya le bajó la calificación a EPM y criticó su gobierno corporativo. La empresa señaló que hasta la fecha la menor calificación no aceleró las obligaciones, no provocó incumplimiento o activación de covenants financieros ni implicó la exigencia de garantías adicionales por los acreedores. Pero reconoció que “ha recibido notificación de algunas entidades financieras locales e internacionales en cuanto a suspensión temporal de relaciones comerciales, lo cual reduce los cupos en operaciones como créditos, coberturas de riesgo cambiario y garantías bancarias, sin que, a la fecha, esto haya tenido efecto material en la liquidez y operaciones”. Los cables rotos El martes, apenas horas antes de conocerse los nuevos nombres de la junta directiva de EPM, la Cámara de Comercio de Medellín, Proantioquia y el Comité Intergremial de la región le enviaron una carta al alcalde Quintero. Le sugieren convocar a la Presidencia de la República y a la Gobernación de Antioquia para mediar “en la gran incertidumbre en torno a la gobernabilidad de la institución y construir una ruta para la recuperación de la confianza institucional y el buen gobierno de la empresa”. La propuesta se centra en tres puntos. 1) Que el alcalde de Medellín se comprometa públicamente a cumplir en pleno el convenio marco de relaciones entre el municipio de Medellín y EPM. 2) Que, para escoger a los ocho miembros de la junta directiva de EPM, el alcalde seleccione los cinco miembros independientes de una lista de nueve nombres a partir de tres ternas propuestas por la academia, el sector social y comunitario, y los gremios empresariales. 3) Y que esta nueva junta directiva, de común acuerdo con el alcalde, decida sobre la posibilidad de ratificar al gerente de EPM. Pero, sin debatir la propuesta, ese mismo martes el alcalde Quintero completó la junta directiva de EPM al nombrar a Bernardita Pérez, Jorge Andrés Carrillo, Guillermo Diosa Pérez, Gildardo Correa y Olmer Palacio, que se sumaron a Jorge Iván Palacio, Pablo Felipe Robledo y Ómar Flórez. En el camino, otras designaciones se cayeron: Sandra Suárez, gerente general de Publicaciones Semana; Luis Fernando Rico, exgerente de Isagén; Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y el abogado Alberto Preciado.

Azucena Restrepo Presidenta Ejecutiva de Proantioquia Como consecuencia, por redes ya han salido cuestionamientos a la nueva junta porque algunos de sus miembros, supuestamente, no tienen experiencia en el manejo empresarial ni conocen un sector tan especializado como el energético. ¿Qué viene? Sin duda, una gran tensión. Mientras que el alcalde Quintero respaldó al gerente de EPM, que está en el centro de la polémica, algunos crearon el movimiento Todos X Medellín para realizar una veeduría ciudadana a EPM y la Alcaldía de la ciudad. Eso avivó la controversia. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe lanzó un tuit con el nombre del movimiento, y la respuesta del alcalde Quintero no se hizo esperar y anticipó que “daremos al expresidente Uribe y a su movimiento revocatorio todas las garantías democráticas en Medellín”. Y fue más allá: en una respuesta al exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Luis Alfredo Ramos, quien celebró el nacimiento de esta veeduría, Quintero respondió: “La veeduría de los que tienen que responder contra la Alcaldía que los hará responder”. Quintero sigue en el terreno de la incógnita. En su andanada por “limpiar a EPM”, han salido en su apoyo políticos que le producen urticaria al empresariado paisa, como los polémicos congresistas Julián Bedoya y Juan Diego Gómez, el exgobernador Luis Pérez, el ala gavirista del Partido Liberal y hasta el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Para muchos, el alcalde tiene un tinte de autoritarismo, pues, aunque hace unas semanas dijo que iba a repensar la demanda en contra del consorcio, ahora parece más decidido al ataque. Atrás quedaron los días en que hablaba de entablar diálogos y realizar grandes conversaciones ciudadanas. Hoy la tarea más importante en Medellín es recomponer la confianza, pero las distancias parece que cada día se alejan más. Es fundamental y necesario hacer las investigaciones que se requieran por malas decisiones de EPM en el pasado y encontrar responsabilidades. Pero también lo es reconstruir una relación público-privada que no se puede echar por la borda, recuperar el gobierno corporativo de una empresa que ha dado ejemplo y no retroceder más de dos décadas de cambios y transformaciones en la capital antioqueña. Se lo merece EPM, se lo merecen los antioqueños y lo necesita el país, pues en manos de esta empresa y de lo que pase con Hidroituango está la seguridad energética de todos los colombianos. El alcalde, como primera autoridad de la ciudad y presidente de la junta de EPM, tiene en sus manos una enorme responsabilidad.