Empresas Públicas de Medellín es la joya antioqueña. Se trata de la segunda compañía pública más importante del país, un referente de calidad en la prestación de servicios públicos con importante presencia en el país y en Centroamérica, dejando más de 1 billón de pesos en transferencias a la capital paisa cada año. Sin duda, los grandes logros de Medellín en materia de cultura, infraestructura y educación, se deben a ese gran músculo financiero que muchos quisieran acrecentar. Dada su importancia, cada nuevo alcalde de Medellín ha tenido sus intereses con EPM. En épocas de Luis Pérez, empresarios de la ciudad crearon un comité de vigilancia para que no incrementara el porcentaje de las transferencias, cosa que sí hizo Sergio Fajardo, con el beneplácito de los mismos empresarios, y que rigen hasta el día de hoy. Sin embargo, la propuesta más ambiciosa y extraña la trajo el alcalde Daniel Quintero, quien hace un par de semanas presentó un proyecto ante el Concejo Municipal para modificar —bajo su potestad— el objeto social de EPM, lo que causó revuelo entre corporados, empresarios, académicos y la ciudadanía organizada.
En la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias, Quintero pidió que se le concedieran facultades para definir cuáles actividades podrían añadírsele a EPM y entre las que se cuentan algunas tan disímiles como: “tecnologías de la información y comunicaciones (cosa que ya se exploró con UNE Telecomunicaciones y que no salió del todo bien), adecuación de tierras para dotarlas con riego, drenaje o protección de inundaciones; producir, transformar, gestionar y explotar comercialmente infraestructura, información, conocimiento, subproductos y todo tipo de bienes; desarrollar ofertas de financiación, soluciones para personas, el hogar, el comercio y la industria; prestar servicios de corresponsal de seguros; prestar servicios turísticos asociados a la infraestructura con la que cuente la empresa, y hacer inversiones para el cumplimiento de sus fines, todas estas en relación con su objeto social”. Muchos han visto esto como un collage extraño al que se puede aplicar el popular refrán: el que mucho abarco, poco aprieta. Y es que no es un cambio apenas de forma, se trata de una transformación del ADN de la empresa, justamente una empresa que tiene éxito con su modelo de prestación de servicios públicos y que ha sabido ampliar su portafolio a la exploración de nuevas energías y soluciones financieras como la tarjeta de crédito EPM para usuarios. Algunos se han atrevido a señalar que Quintero quiere abrir una caja de pandora, lo podría jugar en contra de la entidad y del mismo municipio. Fue tanto el revuelo, que el alcalde tuvo que retirar el proyecto y mesas de trabajo con la sociedad civil y los empresarios. En su momento, publicó en su cuenta de Twitter: “Me gusta siempre ganar tiempo y avanzar rápido pero en esto tienen la razón. El proyecto será presentado en octubre. Crearemos mesas de trabajo con gremios, ciudadanía y líderes sociales para construir juntos el futuro de nuestra EPM”.
El Comité Intergremial de Antioquia celebró la decisión del alcalde y manifestó que es inconveniente darle poder “pro tempore” a la Administración para modificar el objeto social de EPM, pues desde siempre este tipo de decisiones se han tomado desde el Concejo de Medellín, así sucedió, por ejemplo, cuando se vendió UNE Telecomunicaciones, o cuando se avaló la enajenación de activos dada la crisis de Hidroituango. Muchos han señalado la incongruencia de Quintero, pues en tiempos de campaña electoral abogaba por el carácter público de la empresa y ahora quiere tomar decisiones por su cuenta.