Las entidades promotoras de salud (EPS) del régimen subsidiado manifestaron este lunes 12 de septiembre una gran preocupación frente a la reforma a la salud del gobierno Petro.

El anuncio se dio por medio de un comunicado de prensa de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud).

En el documento, las EPS del subsidiado alertaron sobre los riesgos que puede traer una reforma a la salud con un modelo diferente.

La intranquilidad de las entidades se debe a que el diagnóstico del Gobierno, en el que se habla de acabar las EPS, “parte de la premisa de que en Colombia se viola de manera permanente el derecho a la salud”.

Esto, según las aseguradoras, se cree porque hay dificultades en el acceso a los servicios de salud, sobre todo en zonas geográficas donde la oferta es muy limitada.

No obstante, en opinión de Gestarsalud, se valora muy poco que los ciudadanos tienen un derecho igualitario a la salud, sin importar la capacidad de pago que tengan.

La agremiación también cree que se debería resaltar mucho más el hecho de que los usuarios pueden acceder a una clínica o centro de salud de grandes centros urbanos o pequeños municipios, donde confluyen personas de toda clase social, con y sin empleo.

Las EPS aseguran que uno de los mayores riesgos de la reforma propuesta es dejar en manos de las administraciones municipales y departamentales el acceso a la salud.

En los últimos días, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se ha explicado que la idea es crear equipos de salud móviles que permanentemente atiendan a la población.

De hecho, la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha reiterado que el objetivo es eliminar el rol de las EPS, dejando que las alcaldías organicen los servicios de salud en redes integradas de prestadores de servicios de diversa complejidad.

Sin embargo, Gestarsalud afirma que dejar estas funciones a cargo de las alcaldías puede poner a la salud “a merced de la dinámica de la política local”.

“Mucho de lo que se propone como modelos de prestación de servicios ya se hace con éxito, aunque no de manera homogénea, en varios sitios del país”, reza el comunicado.

Con esto, las EPS sostienen que las normas para la garantía del acceso a la salud son suficientes y no es necesario reformarlas.

“Las EPS pueden contribuir a este logro más rápida y eficientemente que si se hiciera creando nuevos organismos con funciones similares, o asignando estas tareas a organismos cuya función misional es otra”, precisan.

En el documento, las entidades también aclaran que la naturaleza jurídica no es garantía de éxito, pues el aseguramiento se ha llevado a cabo por EPS públicas, privadas y mixtas, y en todas ha habido éxitos y fracasos.

Las aseguradoras reconocen que se deben mejorar aspectos como regulación, gobernanza del sistema, control y vigilancia, así como clínicas y hospitales, y las mismas EPS.

No obstante, señalan que esta tarea puede ser más eficiente y menos tardía si se hace de la mano de todos los actores que construyen en el sistema.

“Será más fácil y rápida la mejora si se construye en conjunto con las EPS que han hecho las cosas bien, aprovechando las capacidades adquiridas durante más de tres décadas”, puntualizan.

Bajo el criterio de Gestarsalud, hay dos riesgos fundamentales en la propuesta de reforma actual:

  • Que los costos en salud con un modelo principalmente público se aumenten de manera exponencial.
  • Que se ponga en riesgo la garantía de acceso a la salud, que hoy representa más de un millón de servicios diarios en toda la población.

Sobre todo porque el riesgo sobre la continuidad de los servicios perjudicaría a los usuarios más vulnerables del sector.

Para las EPS del subsidiado, hay grandes resultados en la garantía de acceso a la salud de los colombianos que “no se pueden simplemente desconocer y cambiar todo el modelo a uno diferente”.