Tras la decisión adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud de liquidar a la EPS Medimás, el Ministerio de Salud y Protección Social ya asignó a los cerca de 1.5 millones de usuarios de dicha aseguradora a nuevas EPS que les garantizarán mejor atención, calidad y oportunidad en salud.
Así lo dio a conocer la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego al indicar que “de acuerdo con la normativa de las EPS que están siendo objeto de liquidación por parte de la SuperSalud, el Ministerio inició, desde el día de la notificación, el proceso de asignación de los afiliados de Medimás a EPS receptoras”.
En tal sentido, en la tarde de este viernes 11 de marzo, las EPS receptoras de los diferentes usuarios de Medimás tuvieron cita en las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social para coordinar las asignaciones.
“Después de las 6:00 p. m. van a quedar publicadas en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, así como en la de la SuperSalud, la información relacionada con cada uno de los afiliados de Medimás y en qué EPS quedó asignado, teniendo en cuenta los territorios en los que hacía presencia Medimás”, señaló Godoy.
Una vez las EPS receptoras reciban esta información, éstas tendrán hasta el miércoles 16 de marzo de 2022, para hacer todas las adecuaciones en sus redes de prestación de servicios, así como los contactos de los usuarios asignados para efectos de comenzar la nueva vigencia.
De esta manera, desde el 17 de marzo cerca de 1.5 millones de usuarios gozarán de una mejor EPS. “Ese día inician la afiliación y con ello la prestación de los servicios por parte de las aseguradoras receptoras. Hasta tanto Medimás es quien está encargada de garantizar la prestación de los servicios que requieran los afiliados”, puntualizó la funcionaria.
Las irregularidades de Medimás
En contra de la EPS Medimás existen varias investigaciones penales, disciplinarias y fiscales por el mal manejo de los recursos de la salud. Esta sumatoria de falencias e irregularidades llevó a que el pasado martes la Superintendencia de Salud ordenara su liquidación al considerar que se presentaban notables retrasos en la atención de sus afiliados.
En el caso de la Contraloría General se quiere establecer si la EPS ejecutó de manera incorrecta la inversión de los dineros girados para la atención de pacientes, así como otras graves irregularidades relacionadas con recursos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para garantizar la prestación de los servicios.
Una de las fallas más llamativas en las cuentas de la EPS apareció en una de las auditorias que se realizó sobre las vigencias 2018-2019. En esa oportunidad se establecieron 12 hallazgos fiscales por $635.655 millones y un hallazgo penal relacionado con los pagos de servicios médicos a usuarios que ya estaban fallecidos.
Debido a esta situación, se le pidió a las autoridades abrir las respectivas investigaciones por competencia para establecer si se trató de una falla en el sistema o si en efecto, pese a saber que los afiliados ya habían muerto, se decidió avalar el pago que a todas luces representa una irregularidad.
Esta situación ya está en conocimiento de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Fiscalía General, así como de la Procuraduría General de la Nación.
La contralora delegada para el sector de la Salud, Lina María Aldana, aseguró que el organismo de control fiscal ha realizado auditorías a dicha EPS sobre las vigencias 2018, 2019 y 2020, determinando millonarios hallazgos fiscales y dando traslado a Fiscalía, Procuraduría, SuperSalud, SuperSociedades, SuperIndustria y Comercio, ADRES y Minsalud, de situaciones irregulares para que tomen medidas de fondo.