Aunque algunas decisiones judiciales han ido aplazando la intención del Gobierno de eliminar las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, al parecer, esa entidad sigue teniendo perdida la pelea por sobrevivir.Así lo demuestra la ponencia de la demanda a la reforma al equilibrio de poderes que empezará a debatirse este miércoles en la Corte Constitucional.Semana.com conoció que la ponencia que presentó el recién posesionado magistrado Alejandro Linares sugiere declarar constitucional ese acto legislativo.Eso significa que el togado no considera excesivo que, por iniciativa del Gobierno, el Congreso haya ordenado la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la del Consejo Superior.El año pasado el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos logró concretar una intención que tuvo desde sus inicios: reformar la justicia. Tras el primer intento fallido, el Ejecutivo aprovechó el trámite de un proyecto de ley que cursaba en el Congreso para eliminar la reelección. Ahí se introdujeron modificaciones a  la estructura del poder judicial.La primera y más trascendental de las medidas fue la de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura. La entidad sería reemplazada por el Consejo de Gobierno Judicial, que asumiría todas las tareas administrativas de la Rama, y por la Comisión de Disciplina Judicial, que se encargarí de las tareas que hoy tiene la entidad para disciplinar a los abogados, incluyendo jueces y fiscales.El segundo de los más trascendentes cambios en el funcionamiento de la justicia fue la eliminación de la Comisión de Investigación de la Cámara.Esa decisión implicaba que magistrados de altas cortes, el Fiscal General y el Presidente de la República pasaran a ser investigados por una Comisión de Aforados, que se encargaría de valorar faltas disciplinarias y delictivas de altos dignatarios estatales ejerciendo un poder jurisdiccional. Ello suponía también la eliminación del antejuicio político que hoy adelanta el Congreso en ese tipo de procesos.Posiciones divididas generó la reforma. Buena parte de dirigentes políticos y líderes de opinión la defendieron por considerar que le ponía un alto definitivo a instituciones "inoperantes".Otros se opusieron a varias de las modificaciones, incluyendo algunos representantes de las altas cortes. Su principal objeción apunta a la defensa del Consejo Superior de la Judicatura y despliega una actitud crítica frente al nuevo modelo de administración del poder judicial.Una avalancha de demandas fue radicada ante la Corte Constitucional, bajo el anhelo de los accionantes de impedir la concreción de los cambios. La primera de ellas que se apresta a resolver el tribunal pretende impedir la eliminación de las instituciones que desaparacerían por cuenta del acto legislativo.Además, el accionante se opone a que la Corte Constitucional asuma las facultades del Consejo Superior para resolver conflictos de competencias de la justicia ordinaria con la militar y la indígena.Según los críticos de la reforma, esa nueva atribución de la Corte dificultaría el control que se ejerce desde esa corporación sobre casos de violación a los derechos humanos de los que se ocupen jueces castrenses y procesos contra integrantes de comunidades étnicas.Sin embargo, para el magistrado Linares no hay por qué no darle el visto bueno a ese acto legislativo. Además, cree que el Congreso fue respetuoso del cumplimiento de todos los requisitos que exigen este tipo de tareas legislativas. Veremos qué dicen sus colegas de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Se espera que en tres semanas se conozca la decisión.Lo que sí cabe precisar es que no se trata del único reto constitucional que deberá enfrentar el equilibrio de poderes. Además de esta, se encuentran en carpeta cinco demandas más, incluyendo la del fiscal Eduardo Montealegre, el más enconado crítico de esa iniciativa legislativa.