Un equipo especial de la Procuraduría llegó hace minutos a la Superintendencia de Salud para recoger información que soporte las intervenciones a Sanitas y la Nueva EPS.
En medio de esa diligencia se conocieron varias fotografías en las que se observa al equipo delegado para la contratación estatal del Ministerio Público, reunidos con varios funcionarios de la Superintendencia de Salud en medio de la inspección.
La visita se da horas después de que el propio ente de control le abrió una investigación al Supersalud, Luis Carlos Leal, para determinar si hubo irregularidades en medio de esos actos administrativos.
Hay que recordar que los representantes de Keralty, accionista de Sanitas, le enviaron una carta a la Procuraduría solicitándole que abriera dicha investigación, y denunciaron que la diligencia estuvo llena de arbitrariedades y hasta alertaron una posible extinción de dominio.
En medio de esta visita, la procuradora general, Margarita Cabello, quien estuvo en Quibdó, Chocó, acompañando un evento de defensores públicos sobre género, detalló que va a adelantar una reunión con los personeros del país para hacer una red de vigilancia que permita seguir en detalle el trabajo de los agentes interventores que quedaron a cargos de las dos EPS, que suman más de 15 millones de afiliados.
El objetivo de esa red es revisar que se mejore la atención en salud, pero, además, “que se vigile que las contrataciones sean adecuadas, que se paguen las facturas que se le deben a las EPS y que todas las contrataciones y negociaciones que se hagan sean bien realizadas”, advirtió Cabello.
La procuradora general de la Nación también explicó que en las últimas horas el ente de control le abrió una investigación disciplinaria al supersalud Luis Carlos Leal, por la denuncia que realizo Keralty, la accionista de Sanitas, señalando que en el acto administrativo hubo una supuesta arbitrariedad y hasta plantearon la posibilidad de una expropiación en medio del proceso.
“La investigación se va a orientar hacia verificar si los motivos que originaron la intervención forzosa son los motivos básicos o necesarios, con soporte argumentativo y con la proporcionalidad debida para llegar a esa decisión de manera inmediata. Eso, por un lado. Por otro lado, la Procuraduría tiene la parte preventiva, la misionalidad preventiva, y bajo ese trabajo preventivo tenemos la obligación constitucional, como vigilantes de las entidades públicas, de estar muy atentas para que esas intervenciones que han anunciado, que se hicieron a la nueva EPS y a Sanitas, cumplan con el objetivo que se pretende con la intervención”, explicó la procuradora general.
Pero la procuradora Cabello también advirtió que en el pasado las intervenciones a las EPS se dieron en medio de procesos paulatinos en los que se le llamó la atención a las Entidades Promotoras de Salud, sobre las inconsistencias que tenían en la atención y otros conceptos. Después se les realizaba una visita para crear un plan de trabajo y vigilar el cumplimiento. Si esa estrategia no mostraba resultados, se acudía a la intervención.
Cabello aseguró que “esto es importante que lo tengan en cuenta el interventor o el agente interventor, que debe ser nombrado de una lista que tiene la Superintendencia de Salud. Es una especie de auxiliar de la justicia, si lo podemos decir así. No es un subordinado de la Superintendencia de Salud, no es un subordinado del ministro de Salud. Tiene que trabajar como agente interventor en la misma línea que traía la EPS para tratar de salir del caos”.
Por eso, Cabello indicó que el foco de los afiliados se tiene que centrar en las acciones del agente interventor, se centren en que su trabajo se centre en los parámetros establecidos por la EPS para tratar de “salvar” la entidad. Pero la preocupación de la Procuraduría se basa en la experiencia de esa persona para administrar la EPS, la satisfacción de los más de 15 millones de afiliados con ese trabajo y la protección de la vida de quienes hacen parte de esos sistemas.