Esta semana se cumplieron 20 años del atentado que cobró la vida al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. El 2 de noviembre de 1995, después de haber dictado una de sus clases en la Universidad Sergio Arboleda, sicarios interceptaron su vehículo y balearon su humanidad. En ese entonces, Gómez Hurtado, quien había sido presidente de la Constituyente y excandidato presidencial, era, quizá, uno de los mayores críticos del gobierno de Ernesto Samper. Algunos de los familiares de Álvaro Gómez Hurtado llevan 20 años exigiendo justicia. Piden que se esclarezcan los hechos que rodearon la muerte del dirigente. Veinte años en los que han insistido en una tesis. Que el homicidio fue un crimen de Estado, y han buscado testimonios para soportarlo. Como el de Luis Humberto Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, confeso narcotraficante del cartel de Cali que ha señalado a Samper y a Horacio Serpa, en ese entonces ministro de Gobierno, como responsables del crimen. Tanto Serpa como Samper llevan el mismo tiempo soportando estas sindicaciones. No ha habido una sola investigación que demuestre su conexión con el crimen. Pese a ello, la familia Gómez insiste en señalarlos. Por eso Serpa y Samper expidieron un comunicado en el que no sólo rechazaron, una vez más, esos señalamientos, sino que acusan a los familiares del dirigente conservador de querer desviar la investigación. Incluso califican de “delirantes” las versiones de Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez y abogado investigador del crimen, y Mauricio Gómez Escobar, periodista a hijo del político. “Resulta insólito que, al cumplirse un nuevo aniversario del deplorable asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, algunas de las declaraciones relacionadas con la investigación respectiva no contribuyan a indagar quiénes fueron los autores del repudiable crimen, sino a alejar de la verdad el curso del proceso. Más insólito resulta que la fuente principal de esta tendencia sean justamente personas allegadas al desparecido dirigente político”, escriben Serpa y Samper. Ellos aseguran que Enrique Gómez y Mauricio Gómez, “haciendo caso omiso de todas las evidencias en contrario aparecidas en los últimos años, se empeñan en convertir en un crimen de Estado lo que fue un magnicidio organizado por sectores de la derecha para desestabilizar el gobierno de la época”. Por eso Samper y Serpa anuncian que, ante la insistencia de la familia Gómez de “torcer la verdad”, acudirán a los estrados judiciales para solicitar “que se averigüen las razones por las cuales estas personas insisten irresponsablemente en desencaminar la investigación propalando falsedades a las que se ofrece mayor eco que a las evidencias del proceso y valiosas declaraciones de personas ajenas al círculo familiar que han demostrado todo lo contrario”. Concluyen diciendo que “el peor homenaje que le pudieron hacer los familiares del dirigente a su memoria es tergiversar las circunstancias en las cuales fue sacrificado para obtener unos dividendos políticos y personales y así enterrar la verdad para la historia colombiana”.