La paradoja no podía ser más elocuente. El presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciaban desde Londres que el Gobierno reactivará el uso del glifosato como “herramienta necesaria” para acabar con los sembrados de coca en el país. Y mientras tanto, el 3 de julio, el comandante del Ejército, el subdirector de la Policía Antinarcóticos y un delegado de la ONU asistían en Manizales a un acto histórico en la lucha contra el narcotráfico: la entrega del documento que certifica a Caldas como el primer departamento de Colombia libre de cultivos ilícitos. Y sin glifosato. Le recomendamos: Los enredos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos En esa región, mil familias de Samaná, Norcasia, Pensilvania, Manzanares y Victoria tenían 1.588 hectáreas sembradas con coca. Lo más ejemplarizante del logro es que erradicaron los sembrados ilegales en forma manual y voluntaria, sin necesidad del uso de la fuerza o la aspersión aérea. Además, las familias beneficiadas no han reincidido en la siembra de la mata de coca desde hace cinco años, cuando cayó la última planta.
Representantes de la ONU, el Ejército, la Policía y la Gobernación de Caldas recibieron el documento de la ONU que certifica a este departamento como libre de cultivos ilícitos. Este hecho, que pasó casi desapercibido en el país, se presentó en medio de dos circunstancias claves: por un lado, un número histórico en los cultivos de coca que, según Estados Unidos, llegó el año pasado a 208.000 hectáreas en Colombia; y, por otro, el profundo debate que deberá definir la Corte Constitucional en los próximos días para revivir el uso del glifosato. Para autorizar la aspersión de este químico, la Corte exigió probar “la ausencia de daño”, requisito para muchos insuperable, por lo cual el Gobierno le solicitó flexibilizar esta condición. Caldas se convirtió en un laboratorio de paz en el que conviven excombatientes de ambos bandos del conflicto. El debate, en el fondo, aborda la complejidad de una política pública alrededor del posconflicto. Además del tema del uso del glifosato, la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos plantea una bomba social que en cualquier momento puede estallar. Y, además, los programas voluntarios podrían fracasar o ver minada su credibilidad ante las comunidades, debido a las demoras o incumplimientos, tal como lo han retratado proyectos en Nariño, Cauca y Putumayo. Vea también: Corte aclara pero no modifica sentencia sobre fumigaciones aéreas con glifosato La certificación que recibió Caldas es tan importante que Pierre Lapaque, delegado de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Undoc), no ahorró elogios: “Lo de Caldas resulta tan importante para el país y para los otros territorios con presencia de cultivos ilícitos (…) que debemos y queremos aprender de esta experiencia”, argumentó.
¿Cómo lo lograron? Con confianza y credibilidad, pues, en paralelo al proceso de erradicación, llegó la institucionalidad. Mientras convencían a los campesinos de reemplazar las matas de coca por aguacate, café, plátano, cacao o caucho, montaron 54 centros de atención social (CAS) en los que escucharon y resolvieron las necesidades puntuales de la comunidad. Además, arreglaron 240 kilómetros de vías terciarias; ampliaron la cobertura educativa media y profesional en la zona rural; fortalecieron las asociaciones agrícolas; crearon nuevas líneas agropecuarias en ecoturismo y producción forestal; mejoraron las escuelas, llevaron la universidad al campo y profesionalizaron a 4.700 jóvenes, todo ello concertado con la comunidad. “Es decir, aplicamos la virtud del diálogo; escuchar para gobernar”, explicó Guido Echeverry, gobernador de Caldas. Le puede interesar: Factcheck, Inconsistencias en cifras oficiales sobre erradicación de narcocultivos Ese proceso arrancó en 2007 con 80 familias de tres veredas del municipio de Samaná y luego se amplió a las otras poblaciones cocaleras cuando vieron que se cumplían las promesas. “Al principio quisieron erradicar con glifosato, pero eso nunca funcionó por la topografía y porque los vientos se llevaban el veneno hacia otras zonas”, explicó Leider Idárraga, un joven raspachín de hoja de coca. Él pasó de ganar 720.000 pesos mensuales a cosechar sus propios productos en dos fincas que ahora cuida con sus hermanos y padres en la vereda San Diego, de Samaná. El trabajo de erradicar la coca no solo benefició a los campesinos que la sembraban, sino también al departamento. Luego de padecer la violencia del frente 47 de las Farc, liderado por alias Karina; y el bloque Cacique Pipintá de las AUC, que en total sumaron 102.000 víctimas, Caldas hoy recoge frutos en materia de seguridad. “Llevamos nueves años de posconflicto sin que se presenten hechos terroristas, secuestros o enfrentamientos”, aseguró Carlos Alberto Piedrahíta, secretario de Gobierno de Caldas. Esa realidad se ve reflejada en las estadísticas de homicidios, ya que en 2002 ese departamento registraba 2.500 por año y en 2018 fueron apenas 200. “En este primer semestre sumamos 76 homicidios, lo que nos deja una tasa del 16 por ciento; muy por debajo de la nacional”, explicó el gobernador Echeverry tras afirmar que el año pasado el PIB creció 3,8 por ciento, y fue uno de los más altos de los departamentos del país. En contexto: Mar de coca estable El experimento de erradicación voluntaria de los cultivos de coca resultó tan exitoso que, además, ese departamento se convirtió en un laboratorio de paz en el que conviven excombatientes de ambos bandos del conflicto.