En una detallada carta de tres páginas, que contiene quince puntos, la Secretaria del Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, Yahaira Teresa Pacheco González fue clara en manifestarle a su jefe los hechos que la llevaron a presentar su renuncia definitiva al cargo que venía ostentando desde hace varios años.
La funcionaria judicial aseguró que ha sido víctima de acoso laboral por parte de su superiora. “En múltiples ocasiones por su parte recibí continuas faltas de respeto, en donde no solo descalificaba mi trabajo como profesional sino también a mi persona”, resalta en el punto dos de la extensa masiva en la que reitera que fue humillada, ignorada y presionada.
En otro de los apartes, se advierte que el ambiente laboral estuvo marcado por los insultos, discriminaciones y la falta de apoyo para ejercer sus funciones. Igualmente, sostiene, la jueza la amenazó con adelantarle un proceso disciplinario con el fin de apartarla del cargo. Para soportar sus presiones aseguró que contaba con el apoyo y respaldos de magistrados.
Para la ahora exsecretaria del juzgado sexto penal de conocimiento de Bucaramanga, en su contra se empezó a gestar una campaña de desprestigio para que no fuera contratada en otros despachos. “Los comentarios hechos de su parte respecto a sembrar duda en mi contra para que otros jueces o funcionarios dentro de la Rama desistieran de trabajar conmigo, todo fundado en supuestos chismes de los cuales no tengo conocimiento alguno pero que usted asegura fueron emitidos por mí, cosa que no es verdad”.
Peña Méndez reseñó que en varias oportunidades no contó con ningún tipo de apoyo por parte de su jefe ni sus otros compañeros de despacho para realizar sus funciones, restringiendo las comunicaciones e impidiéndole delegar trabajos. “Usted cortó con Secretaría toda comunicación, imposibilitando, obstaculizando y dificultando mi labor, toda vez que mi trabajo depende directamente de sus comentarios, aprobación y firma”.
Prueba de esto es lo acontecido el pasado 24 de enero, cuando se tenía una audiencia para resolver un Habeas Corpus. Pese a que le marcó varias al teléfono celular nunca pudo entablar una conversación sobre el tema”. (...) toma la llamada, pero guardó silencio en todo momento, posteriormente rechazó las llamadas, al tratarse de la libertad de una persona intenté cumplir con los términos para remitir el documento, sin embargo, el escribiente quien si maneja comunicación con usted procedió a dar una respuesta que no permitía despejar dudas para la elaboración del mismo”.
En el caso de este mismo escribiente, aseguró que cuando llegó al cargo se le pidió que lo tratara como un “cero a la izquierda”, recomendación que no siguió y que molestó muchísimo a su jefe, quien procedió a manifestarle que su nombramiento “había sido un completo error, calificando esto no por mi desempeño labora sino por el trato respetuoso hacía los demás miembros del despacho con los cuales usted decidió, también, como en mi caso ahora romper toda comunicación”.
Todo esto generó afectaciones en su salud física y mental, las cuales aumentaron recientemente cuando, pese a que se le permitió para acompañar a su padre quien fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir un infarto se le advirtió que debía seguir con su trabajo de “manera remota”.
Por esta situación, tuvo que ir de urgencias a la clínica psiquiátrica ISNOR el pasado 30 de enero. En ese lugar fue valorada y se le otorgaron cuatro días de incapacidad. “(...) durante este periodismo no se me respetó mi incapacidad, tuve llamadas, mensajes, asignación de labores a mi celular”. Entre estas, muchas que no tenían relación con su función o que podían ser ejercidas por otros funcionarios.
Francisco Bernate, quien preside el Colegio de Abogados Penalistas, y otros profesionales del Derecho divulgaron la carta y pidieron a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se realizara una investigación de fondo.