Una de las máximas apuestas del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido la materialización de la denominada ‘paz total’. Mediante este proyecto, aspira a concretar acuerdos no solo con la guerrilla del ELN —con la que ya se adelantan negociaciones— sino también incluir a otras organizaciones criminales.
Durante una reciente audiencia en la Corte Constitucional sobre la ‘paz total’, el ex alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, hizo una lectura crítica sobre los procesos que está adelantando el Gobierno nacional en esta materia. Puntualmente, expuso su opinión frente a las organizaciones criminales que están siendo tenidas en cuenta para participar en la mencionada iniciativa.
En primer lugar, Jaramillo centró la discusión en la fórmula para determinar si una organización es parte del conflicto armado o no. En esa línea, contempló dos opciones: una basada en la Ley 418 de 1997, en la cual se dictan disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley. Por otra parte, también hizo mención a lo que denominó “mirada a lógica estratégica de la organización”.
“¿Esta es una organización que es adversaria del Estado, que lo está combatiendo? ¿O está inmiscuida en la guerra entre el Estado y quien lo está atacando como fue el caso de las Autodefensas? Si la respuesta es sí, pues es una parte del conflicto. Y es, además, una organización cuya finalidad es esta, así esté como lo estuvieron las Farc, implicada en toda suerte de actividad ilegales, incluyendo todo lo que tiene que ver con el mundo de las drogas”, explicó Jaramillo.
“¿Todas esas actividades ilegales tenían como objetivo apoyar un esfuerzo militar para la toma del poder, o la organización, más bien, controla un territorio para garantizar sus fuentes de ingreso y su riqueza?”, cuestionó el excomisionado.
En síntesis, el excomisionado manifestó que solo una de las organizaciones contempladas en la ley de ‘paz total’ cumple con el perfil para se considerada como parte del conflicto.
“A mi juicio, hoy en día en Colombia, con ese criterio, la única organización y, cada vez menos, que sería una parte del conflicto es el ELN”, indicó Jaramillo.
En ese sentido, insistió en que es de vital importancia tener presente cuál es la finalidad de la organización para así no calificar como ‘parte del conflicto’ a estructuras criminales cuyo único fin es el enriquecimiento ilícito.
Durante su intervención, Jaramillo instó a tener cuidado cuando se analizan factores como el del control territorial. Según dijo, “a veces se menciona en Colombia como criterio”, aunque en su concepto, el análisis resulta más complejo.
“Resulta que el crimen organizado por naturaleza ejerce control territorial, eso es lo que hace el crimen organizado: vender protección, ser una especie de controlador de segundo piso de la criminalidad (...). De manera que ese criterio en sí no nos va a decir qué es lo que tenemos ante nosotros. También hay que tener cuidado con el uso del adjetivo ‘político’, ‘política’, porque el crimen organizado también está metido en la política, y no solamente en Colombia, sino en México e Italia”, expuso el excomisionado.
En vista de que el carácter político que se le pueda atribuir a una organización abre las puertas a un trato diferencial, existe el riesgo de que estructuras criminales que nada tienen que ver con dicho ejercicio se terminen colando.
“Con estos temas hay que tener cuidado porque, si se caracteriza mal la organización, es muy fácil crear efectos perversos. En el año 2012 hicimos un estudio muy juicioso de lo que eran entonces las bacrim, incluyendo a lo que hoy se llama el Clan del Golfo, en ese momento se llamaban Los Urabeños (...). Ahora lo que vemos es una organización cada vez más militarizada. En enero montaron una especie de farsa alrededor del nombre de Gaitán, ahora se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas, y se vuelve para Colombia un problema estratégico con esa caracterización”, reseñó.
Por ello, el excomisionado Sergio Jaramillo consideró que la ley de ‘paz total’ solo debería mantenerse para el ELN, único grupo que clasifica dentro del espectro político. En términos prácticos, solo esta guerrilla debería tener acceso a instrumentos similares a los del acuerdo de paz con las Farc.
Por otra parte, para los demás grupos criminales, como el Clan del Golfo u organizaciones de índole narcodelictiva, deberían prepararse instancias de sometimiento a la justicia.