Hasta hace pocos meses, hablar de reforma tributaria significaba ‘el coco’ para cualquier líder político. Implicaba someterse a una especie de linchamiento moral por cuenta de una feroz oposición que se iba lanza en ristre contra cualquier mención que se hiciera al aumento de impuestos.

Es recordado, por ejemplo, lo ocurrido en 2010, cuando el entonces candidato presidencial Antanas Mockus dijo durante un debate que estaría dispuesto a subir los impuestos y esto, junto a otras afirmaciones, le terminó costando la elección.

En 2014, Juan Manuel Santos dijo que firmaba sobre mármol que no iba a aumentar los tributos, pero terminó haciéndolo, e Iván Duque llegó a la Presidencia en 2018 con el lema “más salarios menos impuestos”, pero ante la situación fiscal del país tuvo que hacer varias reformas tributarias.

Uno de estos intentos de reforma, que buscaba recaudar 23 billones de pesos, radicada por el exministro Alberto Carrasquilla, se terminó convirtiendo en el detonante de un estallido social con pocos precedentes -en buena medida azuzado por el petrismo- que significó la pérdida de vidas y millonarios costos materiales.

Pero esta realidad cambió con el presidente electo Gustavo Petro, quien durante la campaña, sin sonrojarse, fue claro en que iba a presentar una reforma tributaria con una meta de recaudo muy ambiciosa: 50 billones de pesos, es decir, más del doble de lo que buscaba la propuesta de Carrasquilla que llevó a miles de colombianos a las calles a protestar. Sin embargo, a pesar de hablar de impuestos en plena campaña, Petro fue elegido. ¿Qué cambió?

El presidente electo recurrió a una estrategia que le funcionó muy bien y fue hablar de que su reforma buscaba exprimir solo a los 4.000 colombianos más ricos, es decir, ni siquiera al 1 % de la población, un discurso que ha venido cambiando después de ser elegido, pues ya se habla incluso de impuestos que afectarían a la clase media.

Pero, además, el nuevo jefe de Estado, obviamente, tiene a la bancada petrista, la misma que antes se oponía a cualquier intento de reforma tributaria y convocaba a los ciudadanos a las calles, pero que ahora hace un llamado angustioso para que la reforma tributaria se presente lo más pronto posible para solucionar “la deuda social”, un discurso que ha calado.

“La reforma tributaria es imperativa. Sin ella, el déficit fiscal, la deuda social y el pasivo ambiental que dejan 3 décadas de neoliberalismo, serían impagables. Somos el país de Latinoamérica con menor tasa promedio de tributación porque el Congreso se dedicó a enriquecer a sus financiadores”, dijo este miércoles el senador Gustavo Bolívar.

Como si fuera una movida calculada para ambientar la reforma tributaria, el senador del Polo Alexander López también se refirió al tema.

“Es necesaria para arreglar el desastre fiscal que deja Iván Duque con sus reformas fallidas, es la forma de lograr la tan anhelada justicia tributaria al eliminar exenciones injustas a los más poderosos y es la forma de lograr un sistema tributario progresivo”, expresó López.

Y a principios de esta semana, Roy Barreras, próximo presidente del Congreso y ficha clave del Pacto Histórico, reconoció que la reforma tributaria es “la prioridad absoluta”.

Preocupación

En todo caso, más allá de la insistencia del petrismo, está claro que la reforma tributaria tiene a miles de colombianos con los pelos de punta. Con la inflación alta, las tasas de interés subiendo y el dólar en ascenso, muchos están ya del cuello. Por eso, el anuncio de que vendrán más impuestos ha generado desazón.

Más aún cuando se había dicho que la reforma estaría basada en reducir exenciones y subir impuestos a los más ricos, pero en los últimos días ha ido cambiando el discurso y ya se contemplan tributos para la mayor parte de la población.

Por ejemplo, una de las mayores preocupaciones gira alrededor de quiénes serán las personas que deberán pagar el impuesto de renta, pues se ha hablado que habría un aumento en la base de contribuyentes, aunque esto todavía es materia de discusión.

En el gobierno de Petro el mayor recaudo apunta a las personas naturales. El presidente electo ha explicado que hoy las empresas están cargando con la mayor parte: el 80 % y que se quiere voltear esa ecuación. Eso hará que un grupo de ciudadanos pague cada vez más impuestos, aunque esto se haría de manera progresiva.

El ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, ya anunció también que comenzarán a pagar las pensiones altas. Según él, “en pensionados, en el mundo entero, lo típico es que las contribuciones sean exentas, pero no las pensiones mismas. Hay que analizar las pensiones altas”.

También ha causado preocupación el planteamiento de la ministra de Cultura, Patricia Ariza quien habló de ampliar el impuesto a los planes pospago de celular, de tal manera que se permita recoger más fondos para destinarlos a su cartera.

Aunque actualmente el impuesto es para los planes pospago con un valor superior a 152.000 pesos, ahora pasaría a ser para planes superiores a 38.000 + IVA, es decir, 45.000 pesos.

Está por verse qué elementos tendrá la reforma tributaria del nuevo gobierno, pero lo que sí está claro es que el petrismo ha venido pavimentando muy bien la autopista para que este proyecto pase sin mayores contratiempos.