Una nueva rectificación por parte del Consejo de Estado se podría avecinar en los próximos días contra el presidente Gustavo Petro por llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas colombianas, según expertos juristas. Sin embargo, la Presidencia de la República pidió que el recurso sea declarado improcedente porque las declaraciones del mandatario hacen parte de su libre expresión.
El abogado Fabio Humar aseguró que “yo creo que no es la Presidencia de la República la llamada a responder por esta acción de tutela. Es el presidente quien debería atender estas situaciones, porque la Presidencia es una institución que goza de ciertas prerrogativas y quien cometió o no cometió la falta es el presidente de la República”.
Además, agregó que la solicitud de la Presidencia al Consejo de Estado “hace parte del juego del litigio de lo que está haciendo la Presidencia de la República en este caso, que es simplemente que se declare improcedente. Creo que no va a prosperar esta solicitud y es altamente probable que se ordene al presidente Petro una especie de rectificación”.
El Consejo de Estado admitió para su estudio una tutela del abogado Germán Calderón España en la que le pide al presidente Gustavo Petro que se retracte públicamente por las declaraciones que hizo contra las periodistas colombianas durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, en Nuquí, Chocó.
“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”, fue la declaración del mandatario.
Sin embargo, para la Presidencia de la República, el Consejo de Estado debe declarar improcedente la tutela porque Calderón España primero debía acudir a solicitar una retractación del presidente, no pudo acreditar quiénes eran las mujeres periodistas afectadas y no demostró cómo las declaraciones afectaron derechos fundamentales.
En diálogo con SEMANA, el abogado Germán Calderón España explicó que “esos argumentos no son válidos porque hace 8 días, en el caso de Petro llamando ‘asesinos’ a los que le decían ‘fuera Petro’, el Consejo de Estado dijo que no se necesitaba primero la rectificación porque no se trata de un medio de comunicación”.
Y además, agregó que “establece la sentencia que el requisito de subsidiariedad se da por cumplido porque en esta tutela que se vulneraron derechos fundamentales, no es idóneo acudir a una denuncia penal por injuria y calumnia, cuando la tutela permite avanzar en este tipo de casos”.
Uno de los argumentos que más ha llamado la atención de los abogados que empiezan a analizar la respuesta de la Presidencia es la iniciativa que ofreció Petro de abrir un debate sobre la necesidad de salvaguardar la independencia del periodismo frente a amenazas como el narcotráfico.
“El presidente señala que existen periodistas, que independientemente de su género, han sido cooptados por el narcotráfico, lo cual representa una grave preocupación para la integridad de la profesión. Este contexto pone de manifiesto la complejidad del fenómeno, donde la influencia del narcotráfico puede comprometer la objetividad y la ética en el ejercicio periodístico”, es uno de los apartes del documento de 16 páginas de la Presidencia de la República.
Las palabras del presidente terminaron generando indignación y críticas de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y hasta de la misma defensora del Pueblo, Iris Marín, la mujer que estuvo en el evento en el que el mandatario salió con su señalamiento a las periodistas.