Durante una jornada de trabajo en Barranquilla (Atlántico), el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, destacó las acciones investigativas y judiciales que realiza la entidad para impactar a las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, que delinquen en diferentes zonas turísticas del país.
En este caso, la protagonista de un verdadero escándalo es la patrullera Daniela Echeverry Gómez, adscrita al Comando de la Policía Metropolitana en la capital de Bolívar y quien fue capturada el pasado 18 de diciembre por ser parte de una oficina dedicaba a fines delictivos.
En ese sentido, el fiscal resaltó el resultado obtenido con la judicialización de Berta Ramírez Torres y la patrullera, quienes harían parte de esta estructura delictiva que captaba mujeres en condición de vulnerabilidad y las inducía a ofrecer servicios sexuales en el sector de la Torre del Reloj y otros sitios del Centro Histórico de Cartagena.
“Es repudiable que funcionarios públicos y una mujer policía (…) esté involucrada en este tipo de hechos deleznables, que atentan contra los jóvenes y los niños en esa ciudad del país. (…) Quiero decirles a los colombianos que seguimos como Fiscalía General de la Nación, no solamente destapando estas organizaciones criminales, sino que también vamos a exponer a todos aquellos criminales que están detrás de esto y más aún mujeres policías, como en este caso, que estuvieron involucradas en este hecho repudiable”, señaló el fiscal general de la Nación.
El material probatorio obtenido por el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Fiscalía, a través de agentes encubiertos, interceptación de líneas telefónicas y registros de cámaras de seguridad, entre otros, indica que Ramírez Torres sería la principal articuladora de la red ilegal. Al parecer, con una fachada de vendedora de paquetes turísticos entregaba a los visitantes de la Ciudad Amurallada un catálogo de mujeres que cumplían diversos actos sexuales.
Por otra parte, la patrullera Daniela Echeverry Gómez habría captado a integrantes de su misma institución para que ejercieran actividades de tipo sexual. Por estos hechos, las dos mujeres recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por los delitos de trata de personas e inducción a la prostitución. Durante el procedimiento de captura de Berta Ramírez Torres, realizado en Cartagena (Bolívar), fueron recuperadas una menor de edad y dos mujeres de nacionalidad venezolana.
¿Qué dice la Procuraduría?
SEMANA reveló, en primicia, el documento con el que la Procuraduría General de la Nación constituyó una agencia especial para intervenir en el expediente contra la patrullera de la Policía por presunta inducción a la prostitución.
“La agencia especial fue asignada al procurador 31 Judicial I de la delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales, quien se encargará de intervenir y hacer un acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del proceso”, señaló la Procuraduría.
Y es que no es para menos. Daniel Echeverry, según las pruebas, aprovechaba su posición en la división de Infancia y Adolescencia en Cartagena para permitir e inducir a la prostitución y el tráfico de mujeres en puntos turísticos muy visitados como Barú, Centro Histórico e Islas del Rosario.
La audiencia adelantada en contra de las dos procesadas continúa hoy a las 2:00 p. m., ante un juez de Control de Garantías de Cartagena.
Otro escándalo en la Policía
El caso de la patrullera en Cartagena ocurre pocos días después de otro caso que tiene la lupa de Procuraduría: el de Diana Carolina Morales Palma, una mujer que era, hasta hace poco, una patrullera de la Policía Nacional, con buen comportamiento, sin ninguna sospecha de sus compañeros, y quien terminó envuelta en el ojo del huracán.
Hace pocos días fue capturada en plena ceremonia en la que, incluso, estaba presente el director de la entidad, Henry Armando Sanabria.
“Ya lo decía yo, que siempre había una desgracia en diciembre, cada quien responde por sus actos”, se le escucha decir a Sanabria en el video mientras la patrullera es trasladada esposada frente a todos sus colegas.
Mientras el oficial hablaba, dio la orden de pasar por el frente de los demás policías a la patrullera identificada con los apellidos Morales Palma, quien está siendo acusada de estafar a la organización en la que trabajaba.
Morales Palma es señalada por el posible hurto de entre 200 y 300 millones de pesos. ¿Cómo ocurrió? Según la Fiscalía, la patrullera trabajaba en el área de Tesorería de la Policía Nacional y desde allí alteró el sistema de información de la entidad para desviar altas sumas de dinero hacia sus familiares.
De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA, la uniformada aceptó varios cargos como fraude procesal, desobediencia, peculado por apropiación, acceso abusivo a sistema informático y peculado por apropiación en modalidad de tentativa. Estos delitos ya fueron imputados en su contra por parte de un fiscal delegado que tendrá que revisar el expediente y determinar si hay elementos para una destitución, que sería el escenario más probable.