A pesar de su juventud, 29 años, el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, es un político bien conocido. En el período 2012-2016 fue concejal por Bogotá en representación del Partido Liberal. En la curul tuvo un papel destacado y se convirtió en uno de los principales opositores de la administración de Gustavo Petro. Eso hizo que el alcalde Enrique Peñalosa pensara en él como primera opción para el segundo cargo de importancia en la Administración Distrital.Pero ahora Uribe está contra las cuerdas luego de que la oficina jurídica, anexa la Secretaría de Gobierno, entregó una insólita respuesta a una demanda de reparación presentada por la familia de Rosa Elvira Cely, la mujer de 35 años que fue violada y asesinada en el 2012 por Javier Velasco, su compañero de estudio. Tras la muerte, la familia señaló que la mujer no recibió la atención oportuna de los organismos de emergencia y pidió ser indemnizada.Pero en la respuesta a la demanda, el Distrito argumentó que Rosa Elvira era responsable por lo que le había ocurrido pues “puso en riesgo su integridad y vida”. Esa respuesta desató una verdadera tormenta que ha llegado, incluso, a que le pidan la renuncia a Uribe.¿Uribe es responsable?Una de las voces que pide la dimisión del alto funcionario distrital es Mar Candela, quien representa a la organización Feminismo Artesanal y quien convocó, este lunes, a un plantón frente a la Alcaldía. “Aunque el señor Miguel Uribe parece estar afectado por estos hechos, nosotras entendemos que lo que pasó es grave”. Para la representante de las mujeres, el secretario debió estar informado permanentemente sobre este caso.La propia familia rechazó la postura de la administración. Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira, le dijo a este portal que la responsabilidad no se le puede endilgar a una abogada “detrás existe todo un equipo”. Se refiere a la abogada Nayive Carrasco, quien jefe jurídica del Distrito.Si bien es cierto que Miguel Uribe no firmó el concepto, él es el responsable de coordinar la defensa judicial de la administración aunque la oficina jurídica es la que se encarga de cada caso en específico. Así lo establece el Manual de Funciones de la planta de la entidad: “dirigir la defensa judicial de los procesos litigiosos que se adelanten en contra de la Secretaría Distrital de Gobierno (…) en coordinación con las dependencia internas”.En esa línea la exsecretaria general de la administración anterior, Martha Lucía Zamora, quien señala que en los casos “delicados” ella organizaba un comité con los abogados para estudiar cuál sería la defensa a seguir. “No hay duda de que tiene responsabilidad política, el secretario debe decir cómo se debe responder”.Pero para otros no existe responsabilidad por parte de Uribe. Así lo reconoce la concejala María Victoria Vargas, quien señala que la Constitución política en los artículos 6 y 121 determina los límites para los servidores públicos. “El secretario no puede estar supervisando todo, para eso tiene una Secretaría Jurídica. Ningún funcionario es omnipresente ni omnipotente”.Luego de que se conociera el escándalo, el secretario dijo que no conoció la contestación y que transversalmente supo de la publicación de la nota de El Espectador. En la rueda de prensa de este domingo señaló que no iba a renunciar al considerar que detrás el tema existía presión política. Sin embargo, algunas voces insisten en su salida.Para los críticos, el concepto emitido responde a la estrategia para desatender a las víctimas y revictimizó a la familia de Rosa Elvira.Otro de los cuestionamientos es que el eslabón se rompió por el lado más débil, pues la abogada que emitió el concepto presentó su carta de renuncia y para la administración, la retractación y la salida de la jurista saldaban el tema.