SEMANA: ¿Qué está pasando en la compra de tierras por parte del Gobierno?
Aurelio Suárez (A. S.): El Gobierno nacional hasta febrero del año 2024 había comprado 80.000 hectáreas por 410.000 millones de pesos. Muy lejos de la meta que estaba propuesta desde que inició el Gobierno Petro. Lo primero que hay que señalar es que el proceso va supremamente lento, al punto que la meta se redujo a un millón y medio de hectáreas, en este gobierno, y al paso que va, no pareciera que esa meta fuera siquiera a aproximarse a la mitad.
SEMANA: ¿En qué consisten las irregularidades que usted denunció en la columna?
A. S.: Las irregularidades tienen que ver con el proceso de compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para hacer reformas grandes. La columna no se extiende a titularización, ni a restitución, sino exclusivamente a ese proceso de compra y venta de tierras que el presidente Petro adelantó y que, es más, él incluso dice que hay muchas normas que no lo dejan avanzar.
SEMANA: ¿Hay laxitud en las compras o fallas en los requisitos? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
A. S.: Lo que uno no entiende es cómo se han producido una serie de irregularidades y yo diría de ilegalidades en casos que son muy importantes. Mire usted que los siete casos que se denuncian en la columna pueden sumar más de 160.000 millones de pesos, que es más de la tercera parte de lo que se ha gastado en todo el programa. Y acoge un número de hectáreas que casi que se aproximan a la mitad de las hectáreas totales.
Entonces, uno lo que ve es que no se trata de irregularidades o ilegalidades marginales, sino que hay una falla de fondo estructural en todo el proceso que ha venido adelantando de compra y venta de tierras la Agencia Nacional de Tierras. Y es a eso a lo que el Gobierno debe ponerle cuidado, porque sin lugar a dudas, el presidente Petro y la ministra Mojica y los directores que ha tenido la Agencia Nacional de Tierras tienen aquí una responsabilidad política inexcusable.
SEMANA: ¿Por qué es tan importante este tema de las tierras frente a la agenda que tiene el Gobierno y a las denuncias que usted ha presentado?
A. S.: La reforma agraria, como la llama el presidente, que hace parte al final de la reforma que firmó el acuerdo de paz, se ha constituido en el programa bandera, en el gran programa transformador del llamado cambio del gobierno de Petro. Y lo que uno ve es que un proceso conducido de esa manera no va a llevar a cabo ninguna transformación en el campo.
Es más, el mismo presidente Petro había dicho que él iba a ir a la ONU, no sé si todavía irá, al Consejo de Seguridad de la ONU, a decir que el Estado colombiano es culpable, porque entre otras no permite la agilidad en la compra de tierras. Y lo que estamos viendo es que el asunto es más profundo y es que el proceso lo han adelantado lento, pero más aún de manera problemática, pasando por encima requisitos, leyes, resoluciones, que hoy contempla ese proceso.
SEMANA: Mencionó usted que esto es más grave que el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo y de los carrotanques. ¿Por qué?
A. S.: El proceso de los carrotanques es muy llamativo porque involucra actores políticos que estaban aprobando leyes para el Gobierno nacional. Y hay un vínculo entre esa unidad, las sumas que se movieron para camiones, las ollas comunitarias, etcétera, y la clase política colombiana. En ese sentido, tiene mucho realce. Pero si usted lo mira desde el punto de vista de los propósitos enunciados de este Gobierno, como es la reforma agraria, que es quizá la transformación más importante que requiere el país, pues en ese sentido esto sí tiene, por supuesto, mucha mayor repercusión y mucho más impacto negativo en un gobierno en el cual, si usted empieza a sumar casos, el que me menciona, el de las tierras, los pasaportes, etcétera, etcétera, comienza a ver que la corrupción no es por las esquinas, como dijo Petro, que era en su alcaldía, sino que hoy va por toda la médula siendo presidente. Se ha vuelto casi que un proceso de corrupción sistémica. Y en ese sentido es que si se suma lo de tierras a lo que ha pasado en otros frentes, se puede llegar a esa conclusión. Es una corrupción sistémica en el gobierno de Gustavo Petro.
SEMANA: ¿Cómo calificaría el programa de compra de tierras hoy?
A. S.: Un verdadero fracaso, por muchos asuntos. Primero, y esto es lo más importante, cuando usted hace un recuento de todos los casos que hemos enunciado con el abogado Eduardo Mestre, que participó en esta investigación, uno encuentra que el programa agrario de Petro no existe. Es decir, esta no es una reforma de compra de tierras porque haga parte de un programa agrario diseñado y entonces las tierras se compran con ese propósito, los sitios geográficos donde se adquieren corresponden a una estructura general de un programa agrario de verdad, sino que eso aparece como una serie de compras puntuales, todas irregulares, que no constituyen y no estructuran lo que realmente era o es el propósito de una reforma.
Es un programa agrario que no solamente hace más inequitativa la distribución de la tierra, sino que, y ya en un programa agropecuario nacional que puede empezar a sustituir importaciones, a crear alimentos que le devuelva al país la tan proclamada por parte del presidente Petro seguridad y soberanía alimentaria, yo le hago una pregunta a quien ha leído las denuncias. ¿Puede asegurarme que, con estas compras de tierras, varias de ellas improductivas, inutilizables, además, se está configurando un programa nacional agropecuario de soberanía y seguridad alimentaria? Para nada. O sea, es casi que una venta, todo pareciera, una venta perdida.
Simple y llanamente se compran unas tierras con todos los enredos que tienen y se van adjudicando de manera aleatoria o puntual. Sin que haga parte de un programa nacional agropecuario, que es el que está reclamando el país aparejado con una mejora en la distribución de la tierra.
SEMANA: En su columna menciona algunos de los casos y los describe. ¿Cuáles son en su concepto los más escandalosos?
A. S.: Quiero empezar por decirle que la mayoría de estos casos suceden mientras la actual ministra, Jhenifer Mojica, es ministra. Ella tiene una responsabilidad política grande acá. Por ejemplo, el predio que más ha costado tuvo un valor de 38.000 millones de pesos en números redondos, que es el llamado predio Los Cachorros. Esa compra se hizo el 9 de febrero del año 2024. La ministra Mojica se posesionó el 26 de abril de 2023. ¿En qué consistió esa compra? Resulta que 10 beneficiarios, hace más de unos 15 años, de programas de reforma agraria, que recibieron baldíos a costo cero –es decir, la nación se los regaló, se los entregó–, deciden después de ese tiempo revenderle al mismo Estado. Por esos predios, recibidos gratis, se pagaron 38.000 millones de pesos, pero con un agravante: los englobaron, los volvieron un solo predio, algo que está prohibido por la Ley 160 de 1994. Usted no puede englobar baldíos, en primer lugar. En segundo lugar, no solamente no los puede englobar, sino que además vuelve y se los vende al mismo Estado que se los regaló, por 38 mil millones de pesos. Y algo peor todavía. Se denuncia que ese predio es absolutamente improductivo, como era de esperarse, porque todo Colombia sabe que, en Puerto Gaitán, donde está el predio Los Cachorros, es en la altillanura. Y la altillanura tiene una composición del suelo muy ácida que exige costos muy altos para mejorarla, lo que llaman el encalamiento o la mejora de las tierras. Ese es un hecho que es de bulto. Y se perfeccionó el 9 de febrero de 2024, cuando la ministra Mojica, era ministra. O sea, ella tiene una responsabilidad.
SEMANA: ¿Algún otro?
A. S.: Hay otro que es supremamente grave, que es la compra de predios en Caloto. 23 predios, entiendo que algunos de ellos sembrados en caña de azúcar, a una empresa que se llama Bernal Seijas y Abes Limitada.
Eso corresponde a una empresa del señor Alberto Bernal Seijas, condenado a 30 años de cárcel por la masacre de la hacienda El Nilo, precisamente en Caloto, en el año 1991. El señor está condenado por eso. ¿Y qué sucede? Cuando uno va a ver cuáles son las empresas que compraron las tierras, también mientras la ministra era ministra, encuentra que son empresas familiares de papel que suplantan a Bernal Seijas en esa compra.
Hay una empresa que se llama EMCAR Investment SAS. Esa empresa aparece firmando en la escritura y en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notariado, como la vendedora de predios correspondiente a la familia Bernal. ¿Y qué sucede? Que cuando yo miro el capital pagado de esa empresa, es de 198 mil pesos. ¿Cómo es posible que una empresa tenga capital pagado de 198 mil y pueda vender predios por varios millones de pesos? ¿Y cómo no se dan cuenta de eso? Aquí hay una suplantación evidente y tosca, pero además más grave: cuando usted mira esa empresa y otras del grupo Bernal que también vendieron tierras y que también no tenían el capital pagado suficiente para poder acreditar propiedad sobre esas tierras, usted encuentra que todas funcionan en la misma dirección, en el mismo domicilio y todas tienen el mismo correo electrónico. Y yo me hago una pregunta: un paisano como yo se da cuenta de eso, ¿y todo un aparato jurídico, y todo un aparato institucional, y todo un ministerio no se dio cuenta?
Esto es supremamente grave. Y podría citar casos tan aberrantes como el de San Marcos. A una compañía que se llama Agrolonja Limitada, Agropecuaria Londoño Jaramillo Limitada, le compran 11 predios en San Marcos, Sucre. Cuando vi eso, lo primero que dije fue: pero San Marcos queda en La Mojana, esas tierras son inundables, son anegables. Y me fui a buscar qué tan inundables eran esas tierras. Y resulta que hay un estudio en la Universidad de Córdoba que hace un análisis preciso del nivel de amenaza de inundación de las veredas de San Marcos. Y todas, todas las tierras están en veredas con altísima amenaza de inundación. Hay un mapa en rojo; incluso uno encuentra que los estudios necesarios ambientales para por lo menos la mitad de esas compras no se hicieron. Y no es una compra barata. Es decir, si mal no recuerdo, son cerca de 20 mil millones de pesos.
Uno encuentra cosas realmente inexplicables de cómo la ministra, cómo las instituciones, cómo la Agencia Nacional de Tierras y cómo todo un aparato de funcionarios no se percataron o no se dieron cuenta o no cayeron en cuenta de algo que simplemente consultando certificados de Cámara de Comercio y yendo a las tradiciones de los predios en la Superintendencia de Notariado, usted lo puede encontrar.
SEMANA: ¿Sigue la investigación? ¿Qué casos tiene en estudio?
A. S.: El interés mío, en primer lugar, es colocar en la opinión lo que está sucediendo con el programa bandera del presidente Petro. Yo creo que esa pregunta de si continúa o no hay que hacérsela a la Procuraduría, a la Contraloría y en su momento a la Fiscalía. Mire, el actual director Felipe Harman ha dicho que él tiene puestas unas denuncias de algunas de las cosas que de pronto están aquí y otras que seguramente no tiene. Pues yo creo que lo que tienen que hacer son ellos, como agentes oficiosos, ir a poner en conocimiento a las autoridades todos estos hechos y no descalificarnos a los que hemos puesto esto a la luz pública, sino ser diligentes y avanzar ante los organismos correspondientes para esto.
Si es necesario volver sobre esto, volveré sobre esto. Pero especialmente, yo creo que tendré que volver es sobre la conducta de la ministra Mojica, del presidente Petro, de su actitud frente a lo que aquí se está denunciando. Aquí no podemos resolver esto, como se dice, descalificando al mensajero. No. Esto no es descalificar al mensajero. Aquí hay que actuar en consecuencia y darle a conocer a la opinión pública. Porque yo también hago una pregunta: si esto lo conocía la ministra y los directores de la Agencia de Tierras y de pronto el presidente Petro, ¿por qué la opinión no lo sabía? ¿Y por qué molesta tanto que un tercero como yo lo dé a conocer a la opinión pública?
SEMANA: A propósito de eso, la ministra de Agricultura respondió a su columna y dijo que esperaba un pronunciamiento de las autoridades. ¿Qué opinión le merece ese comentario y la actuación del Gobierno?
A. S.: Ella tuvo dos respuestas. La que usted menciona, que fue la primera respuesta, y después sacó una segunda. Con respecto a la primera, pues ya le contesté. Ella se tiene que apersonar de las denuncias. Ella tiene que hacer suyas las denuncias y actuar en consecuencia frente a Procuraduría, Contraloría, porque no se le olvide que aquí hay dineros de los contribuyentes que se están perdiendo, dineros de la reforma agraria que se están utilizando mal. Y, en tercer lugar, ante la Fiscalía, si estiman que hay hechos penales. Ahora, estas no fueron las primeras denuncias. Hubo una denuncia sobre un predio que iban a comprar, que se llamaba La Grosería.
Y hay una denuncia de José Félix Lafaurie sobre un predio, creo que en Majagual, donde tuvieron que devolverlo por improductivo los campesinos.
O sea, esto ya tenía unos antecedentes. Y al país realmente no le han explicado por qué salió Gerardo Vega de la Agencia de Tierras. ¿Salió por motivos personales? ¿O es que ya había conocimiento de esto y lo estaban tapando? Ese es un punto que me parece fundamental. Y si nosotros logramos descubrir que ya se conocía y lo estaban tapando, pues tendremos que volver sobre el punto.
Pero la segunda respuesta que da la ministra, posterior a la que usted me menciona, es insinuando que yo, que he sido un hombre de izquierda, y a descalificarme, me volví de derecha por hacer estas denuncias. Yo sí quisiera mandarle este mensaje a la ministra en esta oportunidad: yo no soy un recién llegado a la izquierda. Yo he militado en las causas de izquierda, he sido víctima por mis luchas de izquierda desde hace 50 años. He tenido demasiados costos personales y políticos que pagar por defender una causa. Y quiero recordarle a la ministra una frase de Carlos Gaviria, mi gran amigo y de quien fui su compañero por muchos años: izquierda y corrupción se contradicen en sus propios términos. Lo dijo Carlos Gaviria en 2011. Y yo lo quiero retomar. Pero, además, diciendo algo que puede ser más grave. Es que sí, un gobierno en el cual, tomando lo anterior, en el cual empiezan a producir hechos de corrupción, como estos que estamos mencionando, ya realmente se vuelve una corrupción sistémica. Y si se vuelve sistémica, como lo he dicho, eso lo que pone en entredicho que es de verdad la izquierda, es al propio gobierno que ha venido mostrando estos casos tan execrables, como diría Carlos Gaviria. Le repito, izquierda y corrupción se contradicen en sus propios términos. Esa es mi respuesta a la ministra Mojica.
SEMANA: ¿Qué sigue?
A. S.: El país tiene que seguir investigando y tiene que seguir mirando. Y el Gobierno nacional, el presidente Petro, la ministra Mojica y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, tienen que hacerle una rendición de cuentas al país. Y ojalá que haya congresistas que retomen este tema, y que el próximo semestre haya debates de control político sobre esto, porque esto no puede seguir pasando. Es más, el Gobierno está pidiendo más laxitud en las normas para la compra de tierras. Y yo me pregunto si con estos antecedentes ese es el camino que hay que tomar.