El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a los dirigentes políticos del país para que, en medio de la contienda electoral que se agudiza en Colombia, se reconozca que el logro de la paz no puede seguir siendo motivo de desacuerdos.
El pronunciamiento de Guterres frente al proceso electoral se dio en el marco del informe trimestral que presenta la Misión de Verificación de la ONU, encargada de hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz.
“Dado el devastador costo humano de más de cinco décadas de conflicto entre el Estado y las antiguas Farc, es una obligación moral garantizar el éxito de la paz en Colombia, que tanto ha costado conseguir”, indica el informe, que es presentado este jueves en Naciones Unidas.
Guterres agrega en el documento que “ahora que el proceso entra en una nueva etapa y el país se prepara para las elecciones de 2022, confío en que todo el pueblo colombiano y los dirigentes políticos del país puedan reconocer, de una vez por todas, que el logro de una paz duradera no puede seguir siendo motivo de desacuerdo”.
El documento, a su vez, enciende las alarmas frente a las condiciones de violencia que se vive en varias zonas del país, lo que se ha convertido en el principal obstáculo para implementar lo pactado en Cuba.
Guterres advirtió que de persistir esta violencia, esta “ventana de oportunidad histórica podría cerrarse gradualmente”.
Aunque el informe resalta que los asesinatos de excombatientes han disminuido en 27 % en el último año, al pasar de 74 en 2020 a 54 en 2021, señala también que hay una tendencia creciente de amenazas por grupos armados ilegales contra excombatientes que participan en iniciativas colectivas, afectando sus proyectos productivos y cooperativas.
Por ejemplo, según resalta el documento, el 17 de diciembre, a raíz del aumento de las amenazas de grupos armados ilegales, más de 40 excombatientes y sus familias que aún residían en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de La Macarena (Meta) tuvieron que ser trasladados urgentemente por el Gobierno a Caquetá.
“El día del traslado, presuntos miembros de un grupo armado ilegal dispararon al convoy que transportaba a los excombatientes e incineraron un vehículo. No obstante, todos los residentes llegaron ilesos al nuevo emplazamiento. También se necesitan soluciones urgentes para el traslado concertado de otros tres antiguos espacios territoriales del Cauca y el Putumayo que enfrentan situaciones de inseguridad, pero todavía no se han identificado predios para trasladarlos”, señala Guterres.
Por su parte, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 34 defensores y defensoras de los derechos humanos (siete casos verificados y 27 en proceso de verificación). También se documentaron siete masacres que dejaron 29 víctimas, sumando 56 masacres y 222 víctimas en 2021.
Además, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reporta que, en 2021, aproximadamente 72.600 personas fueron desplazadas y 65.200 confinadas forzosamente.
Cinco años después de la firma del Acuerdo Final, la violencia contra excombatientes sigue siendo la principal amenaza para su transición a la vida civil. Hasta diciembre del año pasado, según la ONU, habían sido asesinados 303 excombatientes, incluidas diez mujeres. Además, 79 excombatientes (incluidas cuatro mujeres) habían sido víctimas de intentos de homicidio y 25 han sido reportados como desaparecidos (todos ellos hombres).