Toda una controversia se ha generado en los últimos días por cuenta de la petición del presidente Gustavo Petro al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que se suspenda la compra de bienestarina, producto que se incluye dentro de la dieta de los menores que están bajo protección de esta institución.
El jefe de Estado enfatizó que su decisión corresponde a que la bienestarina que actualmente se distribuye es un producto importado y se debe privilegiar la industria nacional.
“Cuando el ICBF entrega bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es un producto importado al por mayor, hay un contratista, y eso lo reparten a los niños donde no se la roban, pues no”, puntualizó el presidente Petro.
Lo primero que hay que aclarar es que la bienestarina es un complemento nutricional usado desde el año 1976 para la población más vulnerable del país, y que hace parte de los programas institucionales. Desde sus inicios, este alimento ha sido fortificado con vitaminas y minerales, considerando el estado nutricional de la población a atender.
Este un alimento precocido a base de una mezcla de cereales, leguminosa y leche entera en polvo, con vitaminas y minerales y ácidos grasos esenciales y de fácil preparación.
Contrario a lo que asegura el jefe de Estado, la realidad es que la bienestarina, según indica el mismo ICBF, se produce en dos plantas en Colombia, “ubicadas en los municipios de Sabanagrande (Atlántico) y Cartago (Valle del Cauca)”.
No obstante, algunos de los componentes que se usan en la preparación sí son importados, como es el caso de la soya, la fécula de maíz y el trigo.
Misión difícil de cumplir
Según indagó SEMANA, cumplir la petición del presidente Petro puede resultar difícil para el ICBF, pues el contrato que firmó la entidad para la producción de este alimento va hasta el 30 de noviembre de 2027, es decir, todavía quedan cerca de cinco años más de vigencia del contrato.
Así quedó estipulado en la adjudicación de la licitación pública ICBF-LP-005-2021SEN. Según el documento, conocido por esta revista, el contrato, firmado con la empresa Ingredion Colombia S.A, arrancó su ejecución el 8 de abril de este año y finalizará hasta el 30 de noviembre de 2027.
El contrato tiene como objetivo la “producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAVN) como la Bienestarina, el desarrollo de nuevos productos y la distribución a puntos de entrega primarios”.
Según lo acordado en el documento, durante los poco más de cinco años que dura el contrato, para el cual se comprometieron vigencias futuras, el ICBF girará para la producción de este alimento 1,1 billones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 176.008 millones, en 2022; 184.345 millones, en 2023; 193.086 millones, en 2024; 202.247 millones, en 2025; 211.850 millones, en 2026, y 220.590 en 2027.
Sin embargo, causa curiosidad que en septiembre de este año el propio gobierno de Gustavo Petro hizo una adición presupuestal a este contrato por 17.010 millones de pesos, debido a que “la evolución del precio de las materias primas de los AAVN ha presentado un aumento considerable durante la vigencia 2022, el cual excede lo estimado en la estructuración del presupuesto”.