En medio de la discusión nacional que generó la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exigida al Gobierno nacional, a la Fiscalía, a la Alcaldía de Bogotá, a la Policía Nacional y otras entidades, para solventar el antagonismo violento entre las Fuerzas Militares y la población civil, y para establecer los protocolos que garanticen la protesta social sin infiltraciones y de forma pacífica, la alcaldesa Claudia López ha sido fuertemente criticada en redes sociales por supuestamente defender el vandalismo y los actos violentos contra las autoridades.
De hecho, días atrás la mandataria local causó controversia luego de que expresara que el Gobierno nacional había “sacado del sombrero" la idea de que el ELN y disidencias de las Farc fueron quienes se infiltraron en las protestas del pasado 9 y 10 de septiembre tras el asesinato de Javier Ordóñez en un CAI en Bogotá. “Si sabían, ¿por qué no lo previnieron?”, criticó la alcaldesa.
Aunque desde la Casa de Nariño le respondieron que esas atribuciones “no se sacan del sombrero” y que los infiltrados “no eran distractores”, varios funcionarios del Gobierno rechazaron la postura de Claudia López y le pidieron más bien trabajar en conjunto con la Policía. “Redirija sus energías a trabajar con la Policía, garantizar tranquilidad de los ciudadanos y castigar a vándalos”, le escribió en su momento Diego Molano, secretario general de Palacio.
Por este motivo, la alcaldesa volvió a pronunciarse y en entrevista con una emisora local aseguró que, contrario a lo que circula en redes sociales, no defiende el vandalismo ni los actos violentos contra las autoridades. Incluso, mencionó que “es la única alcaldesa en Colombia que ha judicializado no a 11 vándalos sino a 11 infiltrados de grupos armados ilegales que hacen vandalismo."
“Yo he defendido la actuación legítima de la Policía Nacional cuando intervienen vándalos y he reclamado que las organizaciones de Derechos Humanos, así como denuncian los abusos de la Policía, condenen también el vandalismo y la infiltración violenta. Ambas cosas minan la democracia”, expresó.
Señaló además que, de manera urgente, “se tiene que defender el Estado de derecho”. “Cuando un ciudadano decide tomarse lo que considera justicia por mano propia acaba esta democracia; cuando un miembro de la Policía Nacional le dispara a quemarropa, como lo hicieron el 9 y 10 de septiembre unos miembros de la Policía a unos jóvenes que protestan, derrumban el Estado de derecho", dijo.
Así las cosas, la alcaldesa Claudia López reiteró que aquellos que “creen en la democracia, en la seguridad y en la justicia” tienen que oponerse a que tanto un civil como un servidor público tomen la justicia por mano propia. Para ella, "esa es la gran desgracia de Colombia”.
Por eso, expresó que lo más importante es que entre todas las autoridades se logren poner de acuerdo entre cómo se regula el uso de la fuerza legítima del Estado “para que no se abusen ni se maten con las armas que deberían cuidar la vida, no acabarla” y para que ningún ciudadano se sienta legitimado a tomarse la justicia por mano propia.
“Es en las instituciones, reguladas y controladas por la Constitución, las que impartan seguridad y justicia, y que ningún caso y ni un ciudadano se tome la justicia por mano propia ni que un servidor publico armado use las armas que le dieron para matar indiscriminadamente”, concluyó.