El escándalo de la entrega del contrato por más de un billón de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados ha estado plagado de dudas. Van desde cambios en las actividades económicas de las empresas a pocos días de ganar la licitación, la participación de recordados protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá y hasta el giro de 70.000 millones de pesos sin las garantías necesarias. Pero lo que nadie se explica es cómo, en medio de tantas dudas, no hubo una vigilancia adecuada de los recursos y cómo se iban a invertir.
El campanazo de alerta que hubiera podido evitar que se enredaran los 70.000 millones de pesos del anticipo entregado a Centros Poblados estuvo en la misma conformación de la interventoría que se entregó al Consorcio PE 2020 C Digitales.
Según información conocida por SEMANA, era evidente que las empresas que forman parte de este consorcio, Telemediciones S. A. S., PMO Solycom S. A. S. y Eurocontrol S. A. Sucursal Colombia, no tenían la experiencia para asumir esta vigilancia. Por ejemplo, de PMO Solycom S. A. S. llama la atención que entre sus actividades económicas se dedican a la comercialización de productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos. Poco o nada tiene que ver con la instalación de más de 14.700 centros digitales para llevar internet a zonas apartadas del país.
Lo mismo ocurre con Eurocontrol S. A. Sucursal Colombia, que, según el Registro Único Empresarial (Rues), se dedica a actividades de ingeniería y transporte. De este consorcio solo cumplía con la experiencia Telemediciones S. A. S. Para la interventoría, al parecer, no se tuvo cuidado de que la experiencia fuera un requisito.
La justicia tiene la lupa sobre la manera como fue aprobada la entrega de estos 70.000 millones de pesos. Según conoció SEMANA, era obligación de la interventoría del Consorcio PE 2020 C Digitales realizar una profunda revisión y aprobación del Plan de Inversión del Anticipo, que para un monto como este debía ser muy detallado. Explicar claramente las acciones, inversiones y actividades generales.
“Dejar claro en qué se van a gastar el dinero, si van a contratar obreros, el mapeo de los puntos de conexión digital, georreferenciación de las instituciones. Nada de esto estaba completo y, aun así, se les dio el anticipo”, le dijo una fuente a esta revista.
La respuesta a este señalamiento la da la interventoría al señalar que “la aprobación y el giro del anticipo se realizó dando estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y en las normas. La fiducia paga a los proveedores con base en las instrucciones que recibe del contratista, cuya autorización se da por el supervisor o interventor, siempre y cuando los pagos correspondan a los rubros previstos en el Plan de Inversión”.
Este Plan, señalan desde el consorcio del Consorcio PE 2020 C Digitales, se aprueba luego de la supervisión del contrato por parte del MinTIC y por la interventoría, lo que se denomina comité fiduciario, y aunque las dos entidades se defienden, las autoridades señalan que no estaba ejecutado al detalle, como debió hacerse.
Sobre este millonario desembolso, la ministra Karen Abudinen también guardó distancia y enumeró una serie de irregularidades, no sin antes decir que no era responsabilidad del MinTIC. “Se aprobó el pago de Nuovo Security (58.000 millones) sin validar que llegaran los equipos para instalar 773 centros digitales, y sin la totalidad de los documentos. No se verificó el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos con los proveedores para el giro del primer pago, tampoco la dirección y ciudad del destinatario del pago ni la identificación de la sucursal o agencia a la que se debían depositar los recursos”.
La ministra señala más irregularidades como que para realizar el primer pago, no se presentó una factura sino una cotización de 2021, que no evidenció la firma de la interventoría. Y algo aún más grave, un certificado de cuenta bancaria de 2017, del que nadie solicitó la actualización o verificación de validez.
Hoy, el país se pregunta cómo es posible que cerca de 70.000 millones de pesos hayan sido girados sin la debida precaución. No se sabe del dinero, hasta la Fiscalía y el FBI lo están rastreando. Mientras tanto, la ministra Abudinen enfrenta vientos cruzados. En la Cámara de Representantes afrontó un acalorado debate de moción de censura, en el que la oposición reclamó su renuncia. Las bancadas de Gobierno la defendieron y aseguraron que es ella quien está luchando contra la corrupción. La última palabra la dictará la plenaria la próxima semana, pero no parece haber votos suficientes para sacarla.
Por lo pronto, desde el atril del Congreso, la ministra se defendió: “Mi honestidad no puede estar en duda, quien la ponga en duda es un canalla, piden mi renuncia por oportunismo político y los corruptos serían los principales beneficiados. Yo no me robé esa plata”.