El escándalo de irregularidades en la contratación pública en Cali crece como la espuma. Luego de que se conocieran los millonarios sobrecostos en un contrato en las Empresas Municipales de Cali (Emcali), los organismos de control pusieron los ojos sobre la administración municipal, y la Procuraduría acaba de prender las alarmas por un eventual millonario detrimento y presuntas irregularidades graves que se pueden dar en la alcaldía de Jorge Iván Ospina.
Según la advertencia del ente de control, en Cali están sucediendo cosas muy graves como que entre enero de 2020 y junio de 2022 se suscribieron 75.509 contratos de manera directa, prácticamente a dedo, por un valor superior a los $ 2.8 billones.
La cifra resulta escandalosa si se tiene en cuenta que significa el 57 % del total de contratos celebrados por la administración distrital en la ciudad de Cali.
Por si eso fuera poco, señala la Procuraduría, “se habrían celebrado contratos de empréstitos por $ 625.644 millones con periodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución”.
Es decir, tienen el capital asegurado, pero no se explica cómo sucedió eso sin que estuvieran planeados y que, apenas a unos meses de que termine el año, ni siquiera han empezado con los trabajos.
Por otro lado, el ente de control encontró una serie de contratos millonarios que no se hicieron por licitación abierta, sino, posiblemente para evitar el concurso público, se firmaron como convenios entre entidades del Distrito para pasar por encima de la Ley 80 de contratación pública.
En este caso se evidenciaron 18 convenios entre secretarías y entidades distritales con Emcali y la pregunta para la Procuraduría es: ¿por qué no se utilizaron modalidades de selección abiertas, dado los bienes y servicios que se contrataron?
La Procuraduría advirtió también que, en 2021, $ 1.5 billones fueron contratados directamente, mientras que solo $ 437.175 millones se adelantaron mediante algún proceso competitivo. Es decir, el año pasado, el 78 % fueron contrataciones directas.
Son tan graves los hallazgos del ente de control que convocó a la alcaldía a una mesa de seguimiento en le presentaran estas presuntas irregularidades que para la Procuraduría generan alto riesgo de que se pierdan los recursos públicos.
Emcali
La Procuraduría solicitó información hace aproximadamente dos meses al alcalde de Cali y al gerente de Emcali sobre los siguientes convenios o contratos interadministrativos
Para la Procuraduría General, “varios de estos contratos interadministrativos debieron ser realizados por procesos competitivos dado los servicios a contratar”. Por ejemplo, el contrato interadministrativo para la “prestación del servicio de internet por medio de tecnología de fibra óptica para estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali”, celebrado entre Emcali y la Secretaría de Educación, debieron ser procesos competitivos.
Por esta razón, el ente de control recomendará a la Alcaldía utilizar modalidades de selección abiertas cuando existan bienes, obras o servicios que puedan ser contratados en un mercado competitivo, como los servicios de acceso fijo inalámbrico.
La Procuraduría llama la atención por resultar evidente que no se acató que “uno de los criterios fundamentales para contratar directamente con Emcali debió ser la experiencia e idoneidad de la empresa”. Por eso, “le solicita a la administración entregar la información de la experiencia e idoneidad de esta empresa para ejecutar los objetos contractuales descritos anteriormente”.
Contratistas
El análisis muestra que los mayores contratos fueron celebrados con otras entidades estatales por un valor cercano a los $ 566.674 millones. Se advierte que uno de los mayores contratistas es la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente (Agesoc), con $ 133.210 millones y más de 1.176 contratos firmados.
También “llama la contratación de una comisión arquidiocesana con $ 98.891 millones y varias fundaciones con contratos sumados por más de $ 83.050 millones, sin que se conozcan la experiencia e idoneidad de estas entidades para ejecutar un presupuesto tan alto para el Distrito y sin que hayan estado sujetos a procesos competitivos”.
Por último, la Procuraduría indicó que esta actuación busca anticiparse o mitigar posibles circunstancias que puedan implicar una afectación al ordenamiento jurídico, al patrimonio público, o a los derechos y garantías de los caleños, y no implica en modo alguno coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole de la Alcaldía de Cali.