La Fiscalía continúa avanzando en las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales, también denominadas ‘falsos positivos’. De hecho, avanza a pasos agigantados, al punto de que este miércoles sorprendió a varios uniformados del Ejército a quienes capturó por estos hechos. Con las órdenes de captura en mano, los fiscales detuvieron a 22 uniformados en Antioquia y Cesar dentro de las investigaciones que indican que 18 campesinos fueron presentados como guerrilleros caídos en combate. De los detenidos, ocho irán a juicio y 12 están llamados a indagatoria, dentro de las investigaciones por los hechos en los que fueron presentados 18 campesinos, en Antioquia y Cesar, como presuntos muertos en combate. La directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, Katerina Hyeck, reveló que los casos vienen desde el 2004 y entre los llamados a juicio hay dos oficiales de alto rango: el teniente coronel Jair Arias Sánchez, comandante de la Quinta Zona de Reclutamiento en Bucaramanga, y el teniente coronel (r) William Roberto del Valle, ya detenido y quien tiene una condena en su contra por ‘falsos positivos’. "La investigación se desprende por ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el 2004 en Antioquia, por el asesinato de dos personas, un obrero y un hombre con problemas psiquiátricos", señaló la fiscal. De acuerdo con la investigación, el 29 de septiembre del 2004, tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, fueron sorprendidas por guerrilleros de las FARC, en la vereda San Gregorio en Nariño (Antioquia), con un resultado que arrojó dos guerrilleros abatidos, así como la incautación de material de guerra e intendencia. Las personas que los uniformados reportaron como muertos en combate habían sido declaradas desaparecidas por parte de sus familiares en el municipio de La Ceja (Antioquia). Fueron identificadas como Julio César Molina Ríos y Diego León Montoya López. En este caso, la Fiscalía a cargo del proceso, además de llamarlos a juicio, envió copias a fin de que sean investigados por fraude procesal y falso testimonio. También están vinculados seis militares más: un capitán, un sargento segundo, un mayor y tres soldados profesionales -uno de ellos retirado-. Pero el anuncio de la Fiscalía no se quedó en este caso, fue más allá y ordenaron 14 capturas con fines de indagatoria en contra de miembros de la fuerza pública y dos civiles. La medida se tomó en medio del caso del homicidio de 16 personas que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, en hechos registrados en el Batallón Especial Energético y Vial José María Cancino, con sede en La Jagua de Ibirico (Cesar). Dicho proceso se inició tras la denuncia de varios miembros de la fuerza pública en la que revelaron como se organizaron dentro del batallón para contactar a los particulares que se encargarían del reclutamiento de las víctimas. Luego se organizó el pago de las recompensas y la presentación de esas muertes en supuestos combates durante el desarrollo de aparentes operaciones militares emitidas por la comandancia de esa unidad militar