Una grave denuncia se conoció en los últimos días en el país, luego de que el senador Gustavo Moreno manifestara que hoy cerca de 20.000 personas muertas reciben un subsidio por parte del Departamento de Prosperidad Social, a cargo de las exjefe de gabinete Laura Sarabia.
La denuncia se conoció el pasado martes, 7 de noviembre, en medio de un debate de control político en el Congreso de la República, a donde fue citada Sarabia, para que respondiera por la gestión que se viene adelantando con los programas sociales.
“Son más de 3.000 millones de pesos que les han pagado a más de 20.000 fallecidos que hoy están recibiendo un subsidio del Departamento de Prosperidad Social, es muy grave, son recursos que se están destinando a personas que hoy no están”, aseguró el senador.
El congresista también fue claro en afirmar que los informes demuestran que se están entregando subsidios de los cinco programas a personas pensionadas, contratistas de alcaldías que no necesitan ningún tipo de ayuda, por lo que le pidió a Sarabia que, durante su dirección, las ayudas lleguen eficientemente y a tiempo.
“Hay que revisar, querida directora, en cómo se plantea otra vez una reorganización de los puntajes de muchas personas hoy que no merecen estar acá, que no merecen estar dentro de un programa social”, señaló el congresista, al tiempo que pidió aumentar la ejecución.
Durante el debate, la directora de la entidad no negó la información entregada por el senador Moreno y aseguró que la entidad está tomando las medidas necesarias para que este tipo de hechos, “para que realmente el que reciba el beneficio sea una persona que lo necesite”.
Sarabia explicó que para ellos se tienen unas mesas con la Registraduría, con Fiscalía y con el Ministerio de Salud.
La respuesta del DPS
Tras conocer la denuncias de la entrega de los subsidios a personas fallecidas, el Departamento de Prosperidad Social emitió un comunicado, donde dio a conocer su posición oficial frente al tema.
Explicó que la Contraloría comunicó sobre siete indagaciones preliminares asociadas a los hallazgos de pagos a beneficiaros fallecidos, tras las auditorias financieras adelantadas a las vigencias 2021 y 2022 del gobierno anterior.
“Prosperidad Social ha atendido estas Indagaciones y a la fecha el ente de control ha emitido comunicación de archivo para 2 de ellas, dado que se demostró que no hubo daño patrimonial para el Estado, ya que las evidencias dan cuenta del cumplimiento de las reglas establecidas por los programas para detectar fallecidos”, señaló la entidad.
Así mismo, señaló que las demás indagaciones que aún están abiertas están en curso de análisis por la Contraloría con base en los soportes que se han entregado desde Prosperidad Social, de acuerdo con los respectivos hallazgos.
Frente a esto, la entidad informó que “continuará atendiendo los requerimientos para demostrar que efectivamente no se llevaron a cabo pagos a beneficiarios fallecidos, toda vez que se aplican diferentes controles como los cruces de bases de datos de supervivencia previos a la liquidación”.
También explicó que desde la puesta en marcha de la actual administración se ha establecido una política de transparencia, entre cuyas acciones se destacan mesas técnicas con el Departamento Nacional de Planeación, que ya cuenta con el Registro Social de Hogares.
Así mismo, se establecieron mesas técnicas con la Registraduría Nacional, la Fiscalía General, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, para cruzar las bases de datos con cada uno de los criterios establecidos.
“Prosperidad Social tiene plena disposición para trabajar de manera articulada con los alcaldes y gobernadores electos y seguir avanzando de manera eficaz en la implementación de los programas en beneficio de las comunidades”, señaló la entidad.
Finalmente, Laura Sarabia le propuso el pasado martes al Congreso de la República ser veedor de los programas de la entidad en las ciudades y en los territorios.