SEMANA confirmó que en las últimas horas Adriana Vanessa Mesa, quien se desempañaba como secretaria general del Ministerio de las Tecnologías, renunció a su cargo. La decisión se conoce luego de que se identificaran irregularidades en el proceso contractual.
Ella argumentó en su carta de renuncia que daba ese paso al costado con el fin de no entorpecer las investigaciones y poder adelantar su defensa en caso de ser llamada por los organismos de control o judiciales para dar explicaciones.
Sandra Orjuela, por su parte, era la directora de la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio. Según se ha dicho, el departamento tendría bajo su liderazgo verificar el proceso jurídico en materia contractual y sería el primer filtro para identificar que la garantía presentada por Centros Poblados era falsa. Sin embargo, como se sabe, nadie reportó en su momento ninguna irregularidad.
Hasta el momento, a ninguna de las funcionarías se les ha demostrado que tengan alguna relación con las irregularidades, pero en todo el proceso que se está adelantando para aclarar lo sucedido ellas tomaron la decisión de retirarse para garantizar transparencia en las indagaciones.
Pues si bien es cierto que el primer responsable en presentar una póliza falsa sería el contratista que la llevó al ministerio para poder ejecutar el contrato, a pesar de que ha manifestado en múltiples oportunidades haber actuado de buena fe, también es verdad que para evitar ese tipo de fraudes hay que seguir unos procedimientos. Y en dicha cadena hay quienes aseguran hoy que el departamento jurídico en temas contractuales, que está ligado a la Secretaría General, cumple un papel primordial, pues ellos dan el aval para poder continuar. Era desde esta oficina donde se podía dar la orden de avanzar en el proceso, incluso, antes de llegar al supervisor del contrato.
En su defensa, ellas han manifestado que el ministerio subcontrató a la empresa SES Colombia para la verificación de los documentos de los contratistas. En el concepto de esta compañía, en ningún momento se reportó algún tipo de irregularidad al revisar la póliza. ¿Falta de rigurosidad? ¿Hechos de corrupción? Son dudas que solo se resolverán en los estrados, pues el MinTIC ya inició procesos administrativos y jurídicos por este escándalo. Las indagaciones también apuntan a la empresa interventora Consorcio PE2020, a la que se le pagó 19.000 millones de pesos por verificar el avance y cumplimento del proceso contractual.
Cabe recordar que la falsedad de la póliza se conoció solo hasta cuando la Unión Temporal de Cetros Poblados fue citada para una audiencia por unos posibles retrasos. No solo llamaron al contratista, sino a su garante, el Banco Itaú, que le había vendido supuestamente una póliza que cubriría un posible resarcimiento por una suma de 200.000 millones de pesos. Pero, sorpresivamente, el representante del Banco Itaú indicó que nunca le vendió una póliza al contratista.
El banco ha señalado constantemente que “los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son falsos”.
Aunque se desconoce aún quién es el responsable del documento falso, los investigadores de la justicia penal no descartan las siguientes hipótesis: que el contratista fuera consciente de la falsedad del documento y con tal de ejecutar el contrato engañó al Estado. También analizan que los contratistas sean víctimas de una estafa y está por determinarse si el engaño es de trabajadores directos del Banco Itaú o de Rave Agencia de Seguros, que sirvió de intermediaria.
Los representantes de la compañía siempre han manifestado que actuaron de buena fe. Tanto así que, una vez el ministerio decidió caducar el contrato, Centros Poblados interpuso dos acciones de tutela, una en Barranquilla y otra en Puerto Colombia. Aunque el proceso de liquidación estuvo frenado por unos días, este lunes 6 de septiembre se reanudó.