Todo parece indicar que el cuestionado contrato entre las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y la Unión Temporal AMI –que se hizo célebre por la cotización de televisores de 55 pulgadas a 43 millones de pesos, así como otros posibles sobrecostos– será ejecutado.
De nada valió el escándalo nacional, ni las advertencias de la Procuraduría, la Contraloría y hasta la Fiscalía, porque para la administración del alcalde Jorge Iván Ospina las cosas están en orden con ese polémico vínculo.
Y aunque cuando se conocieron los posibles sobrecostos el alcalde Ospina reaccionó de manera airada, pidió explicaciones, la renuncia del entonces gerente Juan Diego Flórez y de otros cinco altos funcionarios más, días después reculó y en sus redes sociales compartió piezas publicitarias –que además también fueron expuestas en portadas de principales medios de comunicación escritos– en las que se explicaba, entre otras cosas, que los televisores sí costaban aquella exorbitante suma porque tienen tecnología diferente y que las sillas ergonómicas de 17 millones de pesos ayudan con problemas lumbares.
Más tarde, luego de ese derroche de publicidad, el representante legal de la Unión Temporal AMI, Juan Camilo Ossa, le dijo a SEMANA que ese convenio, firmado en junio pasado por un valor cercano a los 215.000 millones de pesos, debía ser ejecutado. “Nosotros presentamos una licitación que cumplió con todos los requisitos legales, nos presentamos dentro de los tiempos y sabemos que el proceso no tiene ningún inconveniente, ni ningún juicio”, señaló el empresario.
En esa misma línea de argumentación está el ya ratificado gerente de Emcali, Fulvio Soto, quien le pidió a la junta directiva de esa compañía un margen de espera hasta el próximo 15 de diciembre para definir el futuro del polémico contrato.
“Estas terminaciones de manera unilateral tienen unas implicaciones desde el punto de vista patrimonial, lo que buscamos es la mejor salida para Empresas Municipales de Cali frente a este contrato hoy suscrito”, dijo el nuevo gerente, quien basa su defensa de la ejecución de este cuestionado vínculo en una posible multa que oscilaría entre 20.000 y 50.000 millones de pesos.
Sin embargo, SEMANA conoció por medio de uno de los directivos de Emcali, que prefirió omitir su identidad, que la decisión ya está tomada: el polémico contrato será desembolsado y ejecutado, tal cual como se había previsto antes del escándalo mediático. Al conocerse la posibilidad de revivir el contrato, el líder sindical Jhony Trejos, uno de los denunciantes en este proceso, escribió en su cuenta de Twitter: “Administración de Jorge Iván Ospina anuncia que el futuro de contrato con AMI de Emcali se definirá el 16 de diciembre, en el marco del Mundial de Fútbol y una semana antes del inicio de la Feria de Cali. Buena fecha para conectar cualquier negociado. Hay que estar pendientes”.
Pero las denuncias van más allá: no es la primera vez que Emcali contrata con la Unión Temporal AMI, por lo que, dicen los denunciantes, es uno de los contratantes preferidos en esta compañía.
“El proceso contractual se ajusta de tal manera que tratan de dejar a un único proponente, lo que pasó con Unión Temporal AMI, una empresa que acumula contratos en Emcali cercanos a los 200.000 millones de pesos y, además, es una compañía que en las denuncias a nivel nacional está relacionada como una de las articuladoras del cartel de las energías renovables”, dijo en su momento Trejos.
En la minucia de este contrato se especifica que se trata de un vínculo para suministrar medidores incluyentes, que le permiten a Emcali tener un control remoto del consumo, la conexión y el suministro, así como la medición inteligente de la energía mediante la creación de un centro de control.
No obstante, SEMANA pudo establecer que las tareas descritas en este polémico contrato podrían ser desarrolladas por personal técnico y tecnológico de Emcali. Además, la empresa tiene tres centros de control: uno para energía, otro para acueducto y el tercero para comunicaciones. Es decir, el millonario convenio con la Unión Temporal AMI podría ser prescindible.
Otra de las perlas encontradas por SEMANA es que Deltec, una de las dos firmas que forman parte de la Unión Temporal AMI, ha suscrito más de 39 contratos con Emcali en los últimos cuatro años. En muchos de los procesos, como este, era el único oferente.
¿Qué dice la Contraloría?
Contrario a lo que contempla la Alcaldía de Cali, al manifestar que todo está bien con este contrato, la Contraloría sí habla de hallazgos escalofriantes y unos posibles sobrecostos de hasta el 1.000 por ciento. “Lo que se ha podido detectar es que hay unos sobrecostos frente a lo que tiene que ver con diferentes ítems, sobrecostos que, en muchas oportunidades, oscilan entre el 350 por ciento y más del 1.000 por ciento”, explicó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
El contralor advirtió a Emcali no ejecutar este contrato. Para Rodríguez, al estar las pólizas en orden, el vínculo puede “nuevamente cobrar vida con la celebración del acta de inicio y el giro anticipado”. “No tendría ninguna presentación y sería nefasto que se llegara a continuar con ese contrato. Por eso, le he solicitado a la Procuraduría que no se vaya a seguir adelante con el mismo y que sea liquidado, bajo todo punto de vista, porque es profundamente lesivo”, señaló el contralor Rodríguez.
Y, además, ese ente de control ordenó la semana pasada el embargo a empleados y exempleados de Emcali por supuestas anomalías en el interior de la compañía. La Contraloría habla de una nómina paralela de más de 2,8 billones de pesos, encontrada por la Procuraduría General de la Nación, asimismo, convenios interadministrativos, por lo que el caso pasaría a la Unidad Anticorrupción.
La Procuraduría, que ya se había pronunciado sobre este contrato, abrió investigación contra el exgerente Juan Diego Flórez. El Ministerio Público señaló que, aparentemente, habría irregularidades tanto en la planeación como en el manejo presupuestal, en el contrato y en la definición de los valores del mismo, punto en el que se pudieron registrar sobrecostos en varios de los ítems.
La investigación indica que si bien una fracción de lo que se pretende lograr con la implementación de una infraestructura de medición avanzada es disminuir el porcentaje de pérdidas no técnicas, esto no es el fin último y para lograrla aún falta parte de la reglamentación.
“Todo lo anterior es lo que permite al despacho afirmar que los documentos técnicos elaborados en la etapa de planeación, bajo los cuales se intenta implementar por Emcali el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de una Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), al parecer son deficientes en los análisis técnicos y económicos, no son claros respecto al objeto de lo que se pretende y eso se refleja en la definición del valor del contrato (sobrecostos/sobreprecios)”, precisó la Procuraduría.
Con todo este acervo probatorio –y advertencias–, la Alcaldía sigue contemplando revivir el polémico contrato. Al parecer, la administración tiene una vara de medición diferente a la de los entes de control.