SEMANA lleva más de año y medio investigando la posible existencia de un cartel de la infancia y cada vez se recopilan más pruebas. Un corrientazo recorre el cuerpo con tan solo pensar que la custodia de los niños se estaría entregando al mejor postor. Esa medición no se estaría haciendo con base en el entorno más seguro para ellos, sino por el cónyuge que tenga la capacidad económica para mover influencias que direccionen decisiones e investigaciones penales.
Suena el teléfono, habla el padre denunciado y al otro lado de la línea está la mujer a la que saluda como Alba Nidia, la asistente del fiscal que investiga si este hombre abusó o no sexualmente de su hija menor de 14 años. El caso lo lleva una de las Fiscalías de Cundinamarca. ¿Quién es el padre?, su identidad permanecerá en reserva simplemente para no exponer a sus hijos públicamente. La funcionaria de la Fiscalía con la que habla le está pasando información confidencial para, posiblemente, favorecerlo.
Saben que es un oscuro secreto el que esconden; de lo contrario, no hablarían con tanto misterio: “Te estoy marcando desde el de mi mamá para estar hiperseguros. En todo caso, aquí por WhatsApp uno puede hablar, ¿cómo se llama eso?, cifrado. ¿Cómo vas, qué pasó?”.
Ella le responde: “Bueno, ponme cuidado, acabé de hablar con el fiscal, él es muy buena gente. Es un señor, va a estar a la una acá, así que báñate, cámbiate y arréglate. No me vayas a saludar. Conmigo nada, ¿listo? Va a venir exclusivamente por tu proceso porque lo llamé y le dije: ‘mire, doctor, es un proceso que es supercomplejo’. Me dijo: ‘Alba Nidia, yo ya sé tú de qué me estás hablando. Tú me estás hablando del proceso de (nombra a la niña)’”. La conversación, que se dio antes de octubre de 2020, está en poder de SEMANA y es revelada para que las autoridades investiguen si los tentáculos del cartel de la infancia ya permearon la Fiscalía General de la Nación.
En la conversación, la funcionaria del ente acusador dice que el fiscal no tiene experiencia, pero que ella ya se encargó de decir que la denunciante tiene problemas de salud mental, lo cual predispone a quien dirige la investigación. “Dije: ‘mire, doctor, ¿por qué yo lo tengo presente?... Yo intenté archivarlo tres veces y fue imposible porque las partes son complejas. Resulta que ya me llegó también un dictamen’, yo le hablé del dictamen del peritaje que ordenó la comisaría. Yo le dije: ‘ordenado por la comisaría. Y la comisaría fue quien dio el nombre del perito. Lo pagaron ellos como partes y arrojó como resultado que esa señora tiene cualquier cantidad de problemas emocionales’. Y dijo: ‘yo ya me di cuenta, esa señora va a todos lados’. Le dije: ‘toca cogerlo con pinzas, pero ese proceso no tiene nada’. Dijo: ‘sí, yo ya me di cuenta’”.
En septiembre de 2021, SEMANA reveló detalles exclusivos de las investigaciones adelantadas por las autoridades que le siguen la pista a una posible red que gestiona fallos supuestamente amañados en complicidad de comisarías de familia, abogados, psicólogos, peritos e incluso jueces. Al menos 15 casos de mujeres que dijeron en la Comisaría Segunda de Usaquén –en ese momento liderada por la comisaria Yaneth Fabiola Castillo Guerrero– ser víctimas de malos tratos o abusos de sus parejas y padres de sus hijos, se sorprendieron cuando, luego de evidenciar algunas irregularidades, les arrebataron a los niños para entregarlos al presunto abusador, pese a que los pequeños se aferraban a los brazos, estaban ahogados en llanto y no querían separarse de sus madres.
La decisión para dar la custodia estaba basada en un peritaje psicológico en el que los expertos decían que las mamás no tenían una salud mental apta para hacerse cargo de sus hijos, en algunas oportunidades ni siquiera podían visitarlos. “Nos dicen que estamos locas cada vez que buscamos ayuda y justicia”, manifiestan.
Según lo descrito por quienes se consideran víctimas, la comisaría recomendaba a las partes una lista de abogados y peritos forenses para que fueran ellos los que llevaran los procesos y evaluaran los casos. Pagaban entre 2 y 25 millones de pesos. La comisaría, al parecer, le decía a la parte menos favorecida económicamente que el padre denunciado había corrido con los gastos “generosamente”. El concepto psicológico y, por ende, el fallo solía salir en contra del que no aportaba dinero o daba en menor cantidad.
SEMANA comprobó que el caso del papá que se escucha hablar con la asistente del fiscal obtuvo uno de esos cuestionados peritajes que ordenó la hoy excomisaria e investigada Yaneth Fabiola Castillo. De hecho, en diciembre de 2021, SEMANA publicó otras grabaciones en las que se escucha al mismo hombre reunirse en privado con quien sería Castillo y el afamado psicólogo Roberto Sicard, que hizo las veces de perito en ese caso. Ellos le daban instrucciones para que el proceso saliera a su favor, pues con ese peritaje podría, en cualquier instancia, inclinar la balanza favorablemente.
Con la nueva grabación que revela SEMANA, queda claro que ese mismo resultado es utilizado también en el ámbito penal, gracias a la intermediación de funcionarios de la Fiscalía que no serían neutros. Alba Nidia, asistente del fiscal, le dijo a su superior, luego de intentar archivar el proceso, que: “Lo que más piedra me da es que lo cojan a uno como entidad del Estado para arreglar sus temas de índole familiar”.
Igual indignación debería generar que funcionarios del Estado se presten para ser parcializados en procesos tan delicados. En uno de los fragmentos de la conversación, el hombre no sabe cómo hablar con el fiscal del caso sin generar sospecha de que tiene información privilegiada: “¿No es muy obvio que él te diga que él llega a la una y yo le llegue a la una?, ¿no es peor?”, pregunta el padre y ella le plantea una solución: “Yo te hago una perdida por WhatsApp cuando puedas subir, ¿sí me hago entender? (…) tú vas parqueando y cuando yo te timbre es que ya puedes subir porque yo ya he hablado con él (…) Porque es que si no lo hacemos hoy, ¿cuándo lo hacemos?”.
En otra de las grabaciones queda demostrado que la funcionaria de la Fiscalía llama al investigado para que reclame documentos que le serán útiles en su proceso. “Esta mañana me entregaron esta documentación, y yo sé que a ti te va a servir mucho para unas cositas, para lo del informe. Entonces deberías tenerla”, dice la funcionaria e insiste: “Hay una buena información para que te sirva, ¿bueno?”. Él le responde que priorizará en su agenda el pasar a recoger la información.
En una tercera grabación, se escucha a quien sería la excomisaria Yaneth Fabiola hablar con el padre investigado, y él mismo le indica que el fiscal que lleva su caso pasará por la comisaría a llevarle, personalmente, unos documentos, cuando ella aún ejercía su cargo, algo que incluso sorprendió a la mujer.
SEMANA consultó a la Fiscalía sobre estos hechos y la respuesta fue que, desde la primera publicación de este medio, viene adelantando investigaciones en las que participa un equipo multidisciplinar. Frente a la funcionaria que estaría ligada con este presunto cartel, dijeron, sin mayores detalles, que cuando culmine la investigación será comunicada, “toda vez que al tratarse de datos sensibles que involucran los derechos de niños menores de edad, requieren que se maneje con la mayor prudencia y respeto para la garantía de los involucrados”.
Mientras pasan los meses, se conoció que la excomisaria Yaneth Fabiola llamó a conciliar a medios de comunicación y entidades del Estado, pues considera que ha sido víctima de una persecución que le ha generado afectaciones que se pueden cuantificar, según ella, en más de 1.000 millones de pesos.
Se espera que, entre tanto hermetismo para velar por los derechos de los niños, se vean resultados que frenen lo que podría ser una de las principales amenazas, no solo a la integridad de menores, sino también a la credibilidad de la justicia colombiana.