Las autoridades comienzan a establecer la cadena de responsabilidades que permitió la fuga de la excongresista Aída Merlano, condenada a 15 años de prisión por delitos electorales. El primer alto funcionario en ser castigado es Diana Muñoz, la directora de la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, en donde estaba recluida la fugitiva exparlamentaria. Muñoz fue quien autorizó que Merlano acudiera a la cita odontológica en un centro de salud externo al penal, donde se suponía que le harían un procedimiento relativo a su diseño de sonrisa. En ese consultorio del norte de Bogotá, como ya se sabe, la excongresista se escapó descendiendo por una cuerda, y casi con un salto al vacío desde el tercer piso a la calle, donde la esperaba una motocicleta.
El permiso de Merlano para acudir al odontólogo, quien también será objeto de investigación, ha sido altamente cuestionado. Recientemente le habían bajado el nivel de seguridad, pese a la alta condena y su relevante perfil. La prófuga pudo salir del centro de reclusión acompañada apenas por dos guardias del Inpec: el conductor y la dragoneante que tenía que vigilarla. Todos los intervinientes en el proceso están hoy bajo la sospecha de las autoridades. Desde los funcionarios del Inpec hasta el supuesto cuerpo médico que la asistió, así como cómplices que podrían incluir a algunos familiares y al mismo motociclista que la esperó para concretar el escape. El médico que atendió a Merlano quedó a disposición de la Sijín después de que su paciente se escabulló por la ventana del consultorio. En contexto: