Luego de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunciara que comenzó la ofensiva jurídica para recuperar diez predios, quedó al descubierto que los contratos a través de los cuales se vincularon los arrendatarios son totalmente desventajosos en el plano económico para los intereses de la nación.

Basta revisar algunos de los contratos demandados, cuyos montos según la Agencia fueron por debajo de lo estipulado en el avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para evidenciar que quienes están en poder de los predios hicieron un negocio redondo.

Pagan prácticamente monedas a cambio de terrenos que tienen gran vocación turística y que, por estos días de fin de año, tienen una alta afluencia de público. La primera gran revelación es que casi todos los contratos fueron firmados el mismo día, 7 de marzo de 2016, por Carlos Ignacio Carmona, subgerente de Tierras Rurales de la liquidada entidad.

Pero también resulta llamativo que los acuerdos garantizan que los arrendatarios tendrán a su cargo los terrenos por un lapso amplio de tiempo, con posibilidad de extenderlo. Así se consigna en la cláusula séptima que dice que “el plazo del presente contrato es de ocho (8) años, que comenzarán a contarse a partir de su suscripción. La vigencia del mismo está determinada por los plazos iniciales, sus prórrogas y renovaciones, en el marco de los derechos y las obligaciones pactadas”.

El texto sugiere que quienes todavía tienen dos años más de contrato vigente, podrían convenir con el Estado colombiano la prórroga de los contratos y seguir usufructuando el terreno a precios irrisorios, tal como lo contemplan los cánones de arrendamiento.

Pero, como si fuera poco, la revisión de la proporción entre la extensión de los predios arrendados y el precio que pagan los arrendatarios deja al descubierto que el desaparecido Incoder hizo un muy mal negocio; algunos de ellos pagan por cada metro cuadrado cifras que parecen una mala broma.

Por ejemplo, el contrato que deja el predio llamado Isla Techo Rojo en manos de una sociedad llamada también Techo Rojo S.A.S. deja claro que se trató de un arreglo desventajoso. La extensión total del terreno es de 6.300 metros cuadrados y el canon de arriendo es de $ 452.658 mensuales, lo cual quiere decir que esa compañía paga 72 pesos por cada metro cuadrado del predio.

Algo parecido sucede con el predio denominado Punta Brava, arrendado por Pedro, Elena, Fernando y José Vicente Mogollón Vélez; tiene un área de 5 mil metros y pagan un arriendo de $ 1.182.226 al mes. Eso equivale a que, por cada metro cuadrado que manejan, pagan $ 236.

Un tercer ejemplo es igual de contundente. El predio Suonaga, arrendado por Jairo Espitia, tiene, según el contrato, 1.100 metros cuadrados. El costo de su arriendo es $ 1.176.393, es decir que paga apenas $ 1.069 por cada metro cuadrado.

Pero eso no es lo más polémico. Los tres contratos, demandados por la Agencia Nacional de Tierras incluyen una cláusula en la que el Incoder, en nombre del Estado colombiano, asume el cuidado de los terrenos, a pesar de que están en manos de terceros, que deberían responder por el uso de ellos, toda vez que los están usufructuando.

Se trata de la cláusula décima, que consagra las obligaciones del arrendador, y en la que la desaparecida entidad se compromete a “realizar las obras, mejoras necesarias e intervenciones que se requieran para proteger su sostenibilidad ambiental. Esta carga podrá ser compartida con el arrendatario y sus costos compensados de ser el caso”.

Eso significaría que el cuidado del delicado ecosistema de las Islas del Rosario, famosas por sus corales, su cristalino mar y su diversa fauna y flora, correría por cuenta del Estado y no por cuenta de quienes pagan sumas irrisorias por el arriendo de los terrenos.